40 horas: Sala de la Cámara aprueba idea de legislar en medio de rebelión en el oficialismo
La DC presentó indicaciones para excluir de la reducción a los trabajadores que se rigen por jornadas especiales y para dejar el tiempo de colación fuera.
Fuente: Diario FinancieroPublicado el 25 de octubre de 2019.A mediados de agosto, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, aseguraba que los partidos de Chile Vamos rechazarían el proyecto del Partido Comunista que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, ya que respaldarían la propuesta del Ejecutivo de reducir las horas de trabajo a 41 horas semanales, pero con flexibibilidad.
"Puedo decir con total seguridad que ellos concuerdan con nosotros que sí podemos y debemos reducir la jornada de trabajo pero debemos hacerlo bien", aseguraba Monckeberg.
A semanas de ello, el escenario cambió totalmente. Ayer la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, con 88 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones, la idea de legislar de la propuesta, y dentro de los favorables hubo siete votos rebeldes provenientes de Chile Vamos.
Así, los parlamentarios de Renovación Nacional (RN) Francesca Muñoz, Erika Olivera, Hugo Rey, Jorge Durán, Eduardo Durán, Ramón Galleguillos y Cristhian Moreira (UDI), se desmarcaron del llamado realizado por el titular de Trabajo. ¿Y las abstenciones? Todas provenientes de Chile Vamos.
En la vereda contraria, las impulsoras de la moción, Karol Cariola y Camila Vallejo (ambas PC) celebraron la votación. "Las encuestas han dado cuenta de que más del 70% de la ciudadanía respalda el proyecto de 40 horas, por lo tanto, ¿quién podría estar en contra hoy de la necesidad de rebajar la jornada laboral? Esto es una buena noticia para el país", sostuvo Cariola.
Debido a que a la propuesta legislativa se le presentaron indicaciones (25 ayer), deberá volver a la comisión de Trabajo de la Cámara para seguir con su estudio.
Uno de los cambios que se ingresó, y que cuenta con un respaldo transversal, tiene relación con los tiempos en que la medida entrará en vigencia. "El proyecto tiene una gradualidad de un año para las grandes empresas y cinco años para las PYME. De aprobarse este año empezaría ya a regir el próximo año, pero eso depende principalmente del Senado y del gobierno, porque si el gobierno quiere llevarlo al Tribunal Constitucional, obviamente que va a retrasar la promulgación", explicó Vallejo.
Fuente: Diario Financiero
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