Alejandra Cox: "Lo de las 40 horas es una propuesta populista. Es pan para hoy y hambre para mañana"

Esta semana que viene volverá a la palestra el debate sobre la reducción de la jornada laboral, con la mesa de trabajo que anunciará el gobierno para analizar su proyecto de 41 horas con flexibilidad, el que rivaliza con el impulsado por la oposición, de 40 horas. Una voz más que autorizada en esta discusión es la de la economista chilena y profesora emérita de la Universidad del Estado de California en Long Beach -donde fue académica entre 1986 y 2015-, Alejandra Cox, cuya expertise son precisamente los temas laborales y previsionales. Casada con el economista Sebastián Edwards, se fueron de Chile en 1977 a doctorarse en Chicago, volvieron temporalmente entre 1981 y 1982, y luego ya se quedaron en EE.UU., instalándose en Los Ángeles.

Pese a no vivir en Chile, Cox nunca se ha desvinculado del quehacer local, porque mantiene relaciones de familia, de amistad y también profesionales. De hecho, integra el Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, y ha preparado varios estudios enfocados en la situación chilena. Su prestigio profesional es alto en el mundo económico, tanto así, que hace unas semanas el exministro de Hacienda Eduardo Aninat planteó su nombre como una carta femenina para esa cartera, a futuro.

Ella señala que se enteró y cuenta que "mi querido profesor (Aninat) nos dice siempre: 'Sebastián, ten claro que la buena economía que sabes te la enseñó Alejandra, y que la economía que ella sabe se la enseñé yo'". Pero una posición de ese tipo no es algo que le interese. Sostiene que "esas tareas peliagudas son para personas más jóvenes y con carácter de fierro", y que ahora su foco de interés está puesto en trabajar en la prevención del cáncer de mama, donde evalúa colaborar con la Corporación Yo Mujer, que se dedica a ese ámbito en el país.

No obstante ello, ha seguido la polémica por la propuesta de las 40 horas y es clara en su juicio: "Les enseño a mis hijos que cuando algo es tan atractivo que parece mentira, probablemente es mentira".

En Chile hay un gran debate por el proyecto de ley impulsado por la diputada del PC Camila Vallejo, que reduce la jornada laboral legal de 45 a 40 horas semanales. ¿Es una iniciativa adecuada para el país dado su nivel de desarrollo?

-Como regla general, no es apropiado para el gobierno poner restricciones a los acuerdos que libremente puedan lograr las partes sobre las condiciones de trabajo. Asuntos como la seguridad del trabajador en la faena, incluyendo, por ejemplo, el máximo número de horas que un chofer pueda manejar sin descanso, merecen trato especial. Sin embargo, la mayoría de los países tienen reglas relativas al número de horas de trabajo "normal" por semana. Ese número se va ajustando conforme a la práctica del país. Se entiende que el trabajo más allá del número de horas "normal" no está prohibido, sino que es merecedor de un premio por horas extraordinarias. Los detalles en cuanto al número de horas por día, el número de días de trabajo por semana, el horario de entrada y salida, quedan a ser determinados por trabajadores y empleadores.

En Europa las jornadas son más cortas. ¿Es así porque la gente es más productiva, o son más productivos porque las jornadas son más cortas?

-El recorte de jornadas es una consecuencia del aumento de productividad. Definitivamente no es la causa.

En general, ¿cuáles pueden ser los efectos en el mercado laboral de una reducción de la jornada de la magnitud que estamos hablando?

-La situación de Chile es muy singular, porque la propuesta coexiste con una enorme limitación a las opciones de organizar las horas trabajadas. Por esa razón, sabemos que los efectos serán significativos. Una restricción de la magnitud propuesta por la diputada Vallejo tiene efectos negativos sobre (1) la relación trabajador/empleador, ya que reduce los espacios de acuerdo; (2) aumenta el costo del trabajo; (3) debido al aumento en el costo del trabajo, habrá reducción de producción.

¿Cuánto sería ese aumento del costo del trabajo para el empleador?

-El aumento de costo depende de la organización de la producción en cada caso, y de la posibilidad que tenga el empleador de reorganizar la actividad en múltiplos de 8 horas. Un ejemplo simple es el de una consulta médica que atiende pacientes de 8 a.m. a 5 p.m., con una hora de descanso entre la 1 p.m. y 2 p.m. La consulta podría seguir atendiendo en el mismo horario, con un costo adicional del 50% por la hora número nueve cada día. Una vez aprobada una ley como la propuesta, el horario normal se recorta a 40 horas, y el salario inicial se aplicaría a esas 40 horas. Entonces, el empleador tendría que pagar por las 5 horas extras con el recargo de sobretiempo. Esto aumenta el costo en un 16,7%. Alternativamente, el empleador puede decidir reducir el horario y atender de 9 a.m. a 5 p.m., lo que no aumentaría su costo, pero reduciría el número de horas de atención de la consulta.

¿Cómo incide eso en la remuneración del trabajador?

-Inicialmente los trabajadores ganarían lo mismo por menos horas de trabajo. Eso es un aumento de remuneraciones por hora. Sin embargo, ese aumento no es sostenible si la producción baja. Otros trabajadores ganarían más, por las mismas horas de trabajo, lo cual tampoco es sostenible.

El exministro de Hacienda Rodrigo Valdés y el actual ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, coinciden en que esto puede terminar con una menor jornada, pero también con menores salarios para la gente. ¿Es así?

-Así es.

En el caso de los empleadores, ¿aplicar la medida con gradualidad no minimizaría sus efectos?

-Si se anuncia un cambio, por más gradual que sea, afecta los costos y planes de inversión hacia el futuro.

¿Y qué opina del proyecto del gobierno que buscó salir al paso del de Vallejo, con una rebaja a 41 horas, pero sumándole flexibilidad?

-No entiendo bien lo de las 41 horas. Lo que sí entiendo es que la flexibilidad de acuerdos horarios es un elemento central para el aumento de la productividad.

El gobierno acusa de inconstitucional el proyecto de Vallejo y evalúa ocupar el veto presidencial para frenarlo. ¿Es adecuada esa estrategia?

-Las autoridades deben usar todas las herramientas a su disposición para parar un proyecto tan desquiciado como este. Chile necesita más flexibilidad en los contratos de empleo, avanzar a la modernidad, respetar a los que viven del trabajo y quieren trabajar más, y dejar que los que necesiten volver temprano a sus casas también lo hagan. Las realidades son muy distintas para distintas edades y circunstancias. Hay personas que viven cerca del trabajo y que quisieran trabajar 4 horas, otras que viven lejos y quisieran trabajar 10 horas solo cuatro días a la semana. ¿Por qué se restringe la libertad de llegar a estos acuerdos?

Porque sus detractores señalan que hay una relación asimétrica de poder entre el empleador y los trabajadores.

-Si un trabajador tiene solo una opción de empleo, con un solo empleador, entonces hay una relación asimétrica de poder donde el empleador puede imponer condiciones y el empleado tiene opciones muy limitadas. Sin embargo, en ambientes urbanos donde hay muchos empleadores compitiendo por atraer trabajadores, este escenario no es realista.

Hay estudios que muestran que algunos países desarrollados fueron a las 40 horas cuando tenían un PIB per cápita y una productividad laboral similares a Chile hoy. ¿No es un argumento válido?

-Con una salvedad importante. Al nivel de productividad de Chile, el salario mínimo generalmente se fija por hora. El costo para el empleador depende de las horas trabajadas y el bienestar del trabajador es función de su tiempo y su ingreso. De manera que los dos lados están interesados en no despilfarrar las horas de trabajo. Me atrevo a decir que, si en Chile se pagara el salario por hora, el horario normal ya habría bajado a 40 horas.

¿Qué ventajas y desventajas tiene pasar a fijar el salario por hora, versus por jornada mensual como es en Chile? ¿Tiene que ver con el nivel de desarrollo de los países?

-Es lógico pensar que, en circunstancias de bajo desarrollo, baja productividad y salarios muy bajos, se establezcan jornadas mínimas y salarios por jornada que permitan al trabajador costear su transporte y sostenimiento básico. Esto va cambiando con las características de los empleos y el tipo de industria. Cambia, especialmente, con el aumento del valor del tiempo, que crece con el nivel de desarrollo. Pero también depende de las restricciones impuestas por ley. La industria manufacturera tradicional opera típicamente con trabajadores a jornada completa (normal) y varios turnos. En países en que la ley establece un recargo por trabajo nocturno, generalmente las plantas manufactureras operan solo de día. Los restaurantes y los servicios de atención a público requieren más personal en ciertas horas de gran actividad y mínimo en otras. Entonces, para ofrecer el mejor servicio y con la más alta productividad, es ideal poder contratar personal adicional por esas horas de más actividad.

Dada la gran diversidad en circunstancias de diferentes actividades, no tiene sentido que el Estado prohíba o exija horarios. Basta con establecer normas de seguridad, un salario mínimo de referencia por hora, una norma relativa a la jornada normal (semanal) y un recargo por horas extraordinarias (por sobre la jornada normal). En países en que las normas de empleo limitan este tipo de flexibilidad, el sector de servicios se instala en el sector informal.

El Banco Central llamó a profundizar la discusión técnica de este tema en el Congreso. ¿Comparte su mirada?

-Sí. Es responsabilidad del Congreso examinar cuidadosamente las consecuencias de aprobar la ley de las 40 horas. No se puede entusiasmar a la gente con una medida popular que a la larga perjudique a la mayoría.

¿Cómo evalúa la calidad del debate político que se ha visto en este episodio?

-Me parece que en Chile la discusión está muy cargada a las ideologías. Se ha perdido la capacidad de razonar y examinar las propuestas en forma racional, analizando los beneficios vs. costos de las propuestas.

Un problema serio es que lo de las 40 horas es una propuesta típicamente populista. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Si las personas entienden que se van para la casa más temprano por el mismo sueldo de antes, cómo no van a querer eso? Yo les enseño a mis hijos que cuando algo es tan atractivo que parece mentira, probablemente es mentira. Entonces ellos son más como el niño que dijo que el rey estaba desnudo. No se creen cualquier cosa.

Retiro de fondos de las AFP: en general no procede, pero debiera haber excepciones

En la reforma de pensiones el gobierno establece una cotización extra del 4%. ¿Es suficiente?

-Me parece que el 4% es suficiente en este momento. Todavía hay mucha gente que no cotiza. El 4% aumenta la proyección de pensiones para aquellos que ya están en el sistema. Un aumento mayor puede alejar aún más a los que todavía están fuera del sistema.

¿Qué le parece que la autoridad no haya propuesto un aumento en la edad de jubilación?

-Habría sido ideal ajustar la edad pensionable, igualar la de hombres y mujeres, e indexarla al aumento de expectativas de vida. Ha habido un esfuerzo por hacer este cambio, pero no ha sido políticamente posible. Así y todo, debemos recordar que la edad pensionable no obliga. Si la persona elige pensionarse a esa edad, puede seguir trabajando sin castigo alguno. Si pospone la pensión, sus ahorros siguen creciendo para obtener una renta vitalicia mayor en el futuro. Los incentivos están ahí para que las personas más sanas posterguen su pensión. Por otra parte, hay personas que están enfermas a los 60-65 años y que ya no pueden o no quieren trabajar. De hecho, la edad de pensión efectiva ha ido creciendo, independiente de la edad pensionable establecida por ley.

Para la administración del 4% extra se optó por un ente público, ¿qué opina?

-Es una decisión política. Lo más barato para los contribuyentes es que la administración sea de las AFP, quienes ya han establecido un excelente récord en cuanto al buen manejo de fondos.

¿Qué problemas le ve al ente público?

-Falta de experiencia. Duplicación de tareas. La posibilidad de costos escondidos y la ilusión de que hace la tarea por menos precio. En este tema, la competencia y la transparencia han sido muy importantes.

Se ha generado una discusión a partir de la petición de una cotizante de retirar sus fondos de la AFP. ¿Es razonable que se autorice a sacar parte o el total de recursos, o es algo que atenta contra el sistema de pensiones?

-Vamos a ver qué dicen los tribunales. Es interesante porque el chileno es un sistema de ahorro para pensiones. Es mixto, en el sentido que las pensiones, para el 60% más pobre son función de la suma de los ahorros privados y los aportes del Estado. Para este 60% más pobre, la opción de retirar los fondos no procede, ya que los aportes del Estado dependen de la pensión que ellos pudieran obtener con sus ahorros.

¿Y para quienes no reciben aportes estatales?

-Para ese grupo la pregunta podría proceder: ¿es posible que el retiro de los ahorros mejore el nivel de vida de la persona relativo a una renta vitalicia? Pero, ¿sabemos a ciencia cierta que las personas pertenecen de por vida al 40% más rico o al 60% más pobre? ¿Qué pasa si una persona con renta vitalicia autofinanciada, que pertenecía al 40% más rico, pasa a ser parte del 60% más pobre? ¿Puede postular al beneficio complementario? ¿O a la pensión básica? Como no sabemos esto a ciencia cierta, probablemente no procede la entrega de los fondos.

Pero hay casos menos inciertos. Sin ir más lejos, yo tengo una cuenta con una AFP con mis ahorros de mis primeros años de trabajo en Chile. Mis depósitos de $ 2,7 millones crecieron hasta superar los $ 15 millones en 2019, gracias al buen manejo de la AFP. Debido a que he trabajado casi toda mi vida activa en EE.UU., tengo una pensión de la universidad -donde enseñé por más de 30 años-, otra más pequeña del Banco Mundial -donde trabajé 3 años- y recibiré beneficios del sistema de seguridad social americano a partir de los 67 años. Con ello, ¿qué argumento de protección de mi bienestar -sin riesgo de costo para el Estado- podría ofrecer el sistema chileno para obligarme a comprar una pequeña renta vitalicia, por sobre la alternativa de retirar el total de mis ahorros?

Es decir, ¿debiera haber excepciones para montos acotados y personas que no constituyan una carga para el Estado?

-Sí. Sobre todo, porque eso demuestra que los fondos son de las personas para su pensión y que, si ya tienen una asegurada, pueden acceder a ellos.

Fuente: La Tercera-Pulso