Ciedess en Pauta: Los números que no cuadran en el proyecto de sala cuna

Un problema de cifras. Ese es el punto que, en la práctica, amenaza con diluir el avance que debería significar el contar con un fondo que financie la sala cuna de los hijos menores de dos años de madres trabajadoras y padres que tengan su cuidado personal. La duda surge porque el monto que considera la iniciativa no cubre el costo real del servicio y no se permitiría que los trabajadores aporten la diferencia. Esto podría llevar a absurdo de crear un beneficio que no se pueda usar.
Según los cálculos que presentaron los Ministerios de Trabajo y de la Mujer, que llevan en conjunto la tramitación del proyecto, el fondo al que aportarán los empleadores y el Estado financiará una sala cuna de 5,14 UTM mensuales (equivalentes en abril a $248 mil pesos mensuales). Pero, según reconocen todos los actores involucrados en el debate, ese monto será insuficiente. Un estudio de Edenred, entidad que administra el beneficio de salas cuna de empresas, detectó que el valor promedio en 613 salas cuna consultadas en todo Chile llega a $338 mil en 2019 y que en todas las regiones el promedio supera los $300 mil, excepto Bíobío donde alcanza a $293 mil.

La propuesta original del Gobierno fue permitir que la diferencia entre el aporte del fondo y el valor real del servicio fuera costeada por los beneficiarios mediante un copago, lo que chocó con el rechazo de la oposición. Entonces, se intentó salvar el obstáculo permitiendo copagos que estuvieran pactados en el contrato individual o en instrumentos colectivos.

Sin embargo, en la sesión del 17 de abril, cuando se aprobó la idea de legislar, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, afirmó que si bien es patente que existen diferencias en ese punto, se optó por acoger "la solicitud de que no se permita explícitamente el pago adicional del beneficiario". Las indicaciones que concretarán este y otros ajustes al proyecto deben ser presentadas por el Ejecutuvo el 6 de mayo próximo en la Comisión de Trabajo del Senado, donde comenzará a discutirse en particular la iniciativa.

Visiones en pugna

La senadora Adriana Muñoz (PPD), quien preside la Comisión de Trabajo, valoró que hubiera acuerdo en este punto pero advirtió que "tenemos que mirar bien cómo se va a redactar la indicación específicamente". La parlamentaria explicó que el rechazo al copago surge tras constatar que existe "una segregación desde la primera infancia de acuerdo a la capacidad económica de los padres y madres", lo que ya se zanjó para los siguientes niveles educativos en la reforma educacional del gobierno anterior.

La parlamentaria alude a la ley de Inclusión Escolar, que eliminó el lucro, el copago y la selección escolar en los establecimientos que reciben subvención del Estado. "Admitir este copago en salas cuna implicaría volver a un sistema que ya se había erradicado tras un largo debate y vemos con preocupación que esto podría volver a instalarse a un nivel muy primario, a muy temprana edad de los niños y niñas", agregó.

Opciones de ajuste

En la práctica, prohibir el copago busca contener los precios de las salas cuna (el estudio citado revela alzas de 5,8% en el último año), lo que implica garantizar una creciente oferta pública que sea competitiva. "El grueso de la oferta que este proyecto promueve es del sector público. Eso ayudará a nivelar los precios y hay un compromiso de mantener el itinerario de construcción de salas cuna, lo que ya tiene financiamiento. Esa es una de las razones por las cuales nos parece que el beneficio cubre la demanda que se va a requerir", afirmó el titular de Trabajo en la sesión del 17 de abril.

Técnicos que han participado en el debate admiten que estos ajustes podrían funcionar, pero tomarán tiempo. Añaden que otra opción sería subir el aporte empresarial al fondo (hoy de 0,1% de la remuneración de sus trabajadores) para aumentar el monto del beneficio, lo que se ve complejo considerando otras alzas en los costos empresariales.

La coordinadora del programa legislativo de Libertad y Desarrollo, Pilar Hazbun, expresó preocupación por la eliminación del copago y advirtió que si se establece que el empleador debe completar esa diferencia,"ello precisamente va a terminar encareciendo u obstaculizando aun más la contratación laboral femenina, lo que contraría el objeto mismo del proyecto".

A juicio de la abogada, una opción socialmente eficiente es focalizar el beneficio, cuyo monto hoy es independiente del nivel salarial del beneficiario."Lo más eficiente es que se utilicen directamente recursos fiscales para financiar dicho beneficio, pero focalizando la ayuda para aquellos niños de madres y padres de menores ingresos, o bien evaluar la posibilidad de entregar un monto diferenciado por nivel de ingreso de los padres y madres", planteó.

En el centro de estudios de seguridad social Ciedess estiman que se debe esperar el diseño de detalle de esta propuesta para evaluar sus impactos, pero advierten que eliminar el copago por parte de los trabajadores "podría limitar la libertad de elegir la sala cuna que mejor se ajuste a sus necesidades y preferencias". Añaden que promover la oferta de sala cuna como ha comprometido el Gobierno "podría contribuir a ajustar los precios hacia el valor establecido para el beneficio".

Desde ComunidadMujer valoran que se estén logrando acuerdos que viabilicen esta iniciativa. Su directora ejecutiva, Alejandra Sepúlveda, comentó que no permitir el copago busca "alinear esta reforma con lo que se hizo en años anteriores en reformas educacionales", lo que viabiliza su trámite, ya que era un nudo importante de la discusión. "Pero creo que todavía hay cuestiones que discutir, por ejemplo en materia de asegurar estándares de calidad en los servicios de sala cuna. Eso podría llevar a revisar el monto que se ha fijado", añadió.

Los otros acuerdos

Gobierno y oposición también lograron acuerdos en otra áreas. Ante la insistencia de la oposición de tener un administrador estatal, el Ejecutivo ratificó que la Superintendencia de Pensiones será la entidad responsable de administrar y fiscalizar el fondo de sala cuna, con la posiblidad de subcontratar el pago del beneficio y la cobranza.

También se acogerá que cuando el beneficiario pierde el trabajo, la cobertura de sala cuna se mantiene por el mismo periodo en que recibe los beneficios del seguro de cesantía (seis meses). En Ciedess valoraron esta medida, ya que al continuar con la prestación del beneficio, en caso de pérdida del empleo, puede contribuir a facilitar el proceso de reinserción laboral de las trabajadoras.

El ministro del Trabajo aclaró que se garantizará que, cuando un trabajador a tiempo parcial reciba parte del beneficio, eso no implique acceder a una sala cuna de menor calidad. Esto, ya que el proyecto entrega el 100% del beneficio solo a quienes trabajen más de 30 horas a la semana; entre 15 y 30 horas se accede a 2/3 del beneficio y no tendrán derecho quienes se desempeñen menos de 15 horas semanales.

En cuanto a los derechos adquiridos, se mejorará la redacción para garantizar que todos los derechos de sala cuna o bono de reemplazo adquiridos en contratos o convenios laborales se mantengan. Cuando la ley comience a regir, el empleador deberá cotizar por todos los trabajadores y además mantener esos beneficios establecidos, pero se creará un mecanismo en que se devolverá a la empresa el valor adicional cotizado para que no exista doble pago.

La senadora Adriana Muñoz afirmó que existe especial preocupación porque esta ley no genere desmedro en las salas cunas más vulnerables, que son las asociadas a los municipios y que se financian con transferencias desde la Fundación Integra.

El Ministerio de la Mujer y el del Trabajo no respondieron los reiterados requerimientos de PAUTA para este artículo.

Fuente: Pauta