U. Alberto Hurtado plantea fórmula empresa-Estado para financiar sala cuna universal

Una propuesta de financiamiento con aportes de empresas y Estado, que dé origen también a un fondo solidario, sugieren los académicos de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) para financiar el proyecto de ley que busca establecer el derecho a sala cuna universal para los hijos de madres y padres trabajadores.

Se trata de una idea que surgió en 2015, pero que el grupo de académicos y expertos de dicha casa de estudios volvió a poner en la mesa y presentó a parlamentarios y a las actuales autoridades del gobierno, dada la disyuntiva de la actual administración para allegar recursos a la iniciativa legislativa.

Antes de definir su fórmula de financiamiento, los expertos de la UAH definieron un punto central en su trabajo: que los costos de la idea de sala cuna universal no “empañen” los beneficios que la implementación de la misma podría generar en el mercado laboral.

Así, según los cálculos del académico de la facultad de Economía y Negocios de la UAH, Carlos García; y de la directora de Proyectos del Departamento de Gestión y Negocios (DGN) de la entidad, Marta Manríquez, además de otros expertos, implementar en Chile la citada iniciativa costaría US$ 1.500 millones (33.585 UF o 0,5% del PIB), favoreciendo a alrededor de 375 mil niños entre 0 y 2 años en el país.

Esta estimación se realizó considerando un costo de $ 200 mil mensuales de las salas cunas.

En el estudio “Impacto en la Economía de un aumento en el beneficio de jardines infantiles”, los expertos plantearon que todas las empresas podrían contribuir a un fondo solidario, teniendo o no trabajadoras con hijos.

Los aportes se harían de manera proporcional, conforme al tramo de ventas anuales de las empresas. Esto implicaría dejar exentas de aporte al sistema a las firmas de menor tamaño según la clasificación del Servicio de Impuestos Internos (menor a 35 mil UF).

El Estado, como contraparte, destinará recursos al momento de efectuarse el cálculo efectivo de las necesidades de entrega del beneficio de las empresas.

A modo de ejemplo, en el caso de una firma que venda entre 70 mil UF y 140 mil UF, ésta aportará al fondo solidario el 0,4% del costo de la sala cuna ($ 200 mil mensuales) y el restante 99,60% lo otorgará el Estado. Mientras que en aquellas que tengan ventas inferiores a las 35 mil UF al año su aporte al fondo será cero, y el gobierno aportará el 100%.

“La senadora Carolina Goic ha considerado bastante nuestra propuesta, y recientemente en un seminario sobre este tema se lo entregamos al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y a la ministra de la Mujer, Isabel Plá, para que la analizarán”, explicó Manríquez.

Impacto en el PIB

Los académicos si bien reconocen que es una iniciativa costosa -que contrasta con los US$ 350 millones aludidos por la Comisión Nacional de Productividad, por ejemplo-, señalan que a largo plazo se trata de una inversión. En concreto, los académicos hablan de una aceleración en el ritmo del PIB de entre 8% y 11%.

“Es bastante más lo que se recuperaría. Es mucha plata la diferencia. ¿Por qué? adicionamos el impacto que tiene sobre la productividad, y eso no contempla solo a las nuevas mujeres que se incorporarían al mercado laboral, las incorpora a todas, y el aumento de productividad sería sobre casi dos millones de mujeres”, precisó García.

"El seguro de cesantía es para otras cosas"

- Dentro de las alternativas del gobierno está financiar una parte del proyecto con el seguro de cesantía ¿qué le parece esa opción?
- No, el seguro de cesantía tiene otro objetivo, su finalidad es proteger a los trabajadores en caso de una crisis económica, sacar esos recursos es riesgoso. Uno nunca sabe qué va a ocurrir en la economía. No tiene sentido, el fondo de cesantía es para los casos en que los trabajadores pierden su empleo, y no para otra cosa.
- El debate de esta iniciativa se ha concentrado en su alto costo y sus opciones de financiamiento...
- En el análisis de políticas públicas en Chile muchas veces se confunden los beneficios con los costos. Entonces, el análisis se queda en los costos y no en los beneficios que tienen estas políticas. Nosotros demostramos en el estudio que los beneficios son mucho más altos que los costos. El costo que va a incurrir el gobierno va a ser más que sobrepasado por los beneficios que va a obtener con la mayor tributación.
- ¿El beneficio de implementar una iniciativa de este tipo es a largo plazo?
- Claro, si bien hay un impacto al inicio, es algo que se verá en el tiempo. Acá hay una mejora de la productividad de la mano, de forma constante, que beneficia a todas las mujeres en el mercado laboral.
- ¿Esto debe ir de la mano con un cambio cultural?
- Claro. Avanzar en esto requiere un cambio cultural entre hombres y mujeres. Desde el punto de vista cultural, es un desafío. Chile a pesar de ser una economía moderna y de haber implementado una serie de reformas estructurales en los últimos 40 años, aún tiene pendiente esta materia.

Fuente: Diario Financiero