Fondos de la Ley Ricarte Soto han ganado más de $5.600 millones por inversiones

Hace dos años, la llamada Ley Ricarte Soto creó un fondo para financiar diagnósticos y tratamientos de alto costo y estableció que los recursos que no se usaran en terapias para los pacientes podrían ser invertidos. Esa sería una forma para que, con el tiempo, el dinero disponible aumente y exista capacidad financiera para ayudar a más pacientes.

Lo anterior cobra importancia porque, en términos presupuestarios, la ley está en plena vigencia desde este año. Hasta ahora, el aporte estatal fue aumentando: en 2015 el fisco destinó al fondo $30 mil millones (de los cuales no se gastó nada, porque la ley rige desde diciembre de ese año) y el año pasado fueron $60 mil millones. Pero en 2017 el Estado destinó $100 mil millones, el máximo que permite la ley, por lo que a contar de 2018 el aporte estatal anual solo se reajustará por la inflación.

Para conocer qué ha ocurrido con los recursos y el impacto que ha tenido la posibilidad de invertirlos, el centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) analizó los movimientos del fondo de la Ley Ricarte Soto de acuerdo a datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda y concluyó que, desde su creación, este acumula $5.625 millones en ganancias.

Alejandra Candia, directora del programa social de LyD, detalla que "en 21 meses, entre enero de 2016 y septiembre de 2017 (se excluye diciembre de 2015 porque no hubo movimientos), el Estado aportó $190 mil millones. De ellos, $70.686 millones han sido retirados del fondo para financiar tratamientos para las personas y el resto ha generado dividendos por $3.081 millones en intereses devengados y $2.544 millones por ganancias de capital".

El análisis de LyD muestra, además, que el fondo de la Ley Ricarte Soto está teniendo una rentabilidad trimestral promedio de 0,7%.

Los datos de la Dipres muestran que al 30 de septiembre de 2017 el fondo tenía $124 mil millones disponibles, de los cuales un 19,2% estaba invertido en fondos mutuos, un 19,4% en depósitos a plazo y el 61,3% en bonos y pagarés del Banco Central (ver infografía).

Andrea Martones, asesora del Ministerio de Salud para la Ley Ricarte Soto, afirma que "cuando se hizo la norma se pensó en que este fondo tenía que ser sustentable en el tiempo", por lo que a Fonasa se le entrega solo el dinero que se gasta en terapias y el resto queda en manos del Ministerio de Hacienda, "al cual se autorizó a que invierta recursos".

Martones añade que "en un año siempre van a quedar recursos, porque la ley dice que no se puede gastar más del 80% del presupuesto. El 20% restante queda siempre en manos de Hacienda".

Los pacientes

Actualmente, la Ley Ricarte Soto financia terapias para 14 enfermedades. Según datos de Fonasa, desde el inicio de la ley y hasta septiembre de 2017 se han beneficiado 7.104 pacientes.

De ellos, 5.528 están actualmente recibiendo sus terapias, la mayoría (81%) concentrada en tres enfermedades: cáncer de mama del gen Her2 (1.667), artritis reumatoide refractaria (1.643) y virus respiratorio sincicial en prematuros (1.164).

Los 1.576 restantes corresponden a casos cerrados, ya sea por término de tratamiento, fallecimiento del paciente, o porque este rechazó seguir con la terapia.

La cifra de beneficiados todavía está lejos de las 15 mil personas que la Presidenta Michelle Bachelet estimaba en 2015 que se beneficiarían con la ley cuando estuviera en pleno régimen.

Salud pidió ayuda a especialistas argentinos para definir nuevo decreto

Ya fue publicada en el Diario Oficial la resolución con la cual el Ministerio de Salud dio cuenta del inicio del proceso de evaluación científica basada en evidencia de las nuevas terapias que podrían ser financiadas por la ley "Ricarte Soto" a contar del próximo año.

Es una lista de tratamientos para 31 enfermedades que ya pasaron los primeros filtros que establece la ley, como cumplir con el umbral de lo que se denominó "alto costo" y ser priorizados si es que fueron sugeridas por la sociedad civil. Entre ellas hay algunos cánceres como el de próstata, gástrico y de ovario, la enfermedad de Parkinson, la fibrosis quística y el lupus.

Hace unas semanas, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, contó a parlamentarios de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados que para cumplir con la próxima etapa "tuvimos que contratar directamente la evaluación por parte de un instituto que existe en Argentina, porque incluso con el apoyo de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile no da la capacidad crítica en el país".

Para ello se recurrió al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), una entidad independiente, afiliada a la Facultad de Medicina de la U. de Buenos Aires.

Andrea Martones, del Ministerio de Salud, explica que "estamos hablando de una evaluación que tiene que hacerse en un período acotado y esa era la forma de evaluar la mayor cantidad de tratamientos posibles".

Los equipos de chilenos y argentinos deben evaluar los tratamientos y entregar los antecedentes para que puedan definirse las enfermedades que se incluirán en el decreto, que regirá entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019.

Fuente: El Mercurio