Ley "Ricarte Soto": Salud ha usado el 25% de recursos y sumado 2.000 pacientes este año

Poco más de dos años han pasado desde que el 1 de junio de 2015 se promulgó la ley que creó un sistema de financiamiento para diagnósticos y tratamientos de alto costo, al cual se le llamó "Ley Ricarte Soto", en reconocimiento al extinto periodista que impulsó la iniciativa.

Entonces, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que esta beneficiaría a 15 mil personas cuando estuviera en pleno régimen. Al menos en términos de recursos, ese nivel se consiguió este año, pues se cuenta con el máximo de dinero que se le dio a la ley ($100 mil millones en total, aunque $80 mil disponibles para gastar en terapias), pero las cifras distan de la proyección de la Mandataria.

Actualmente, la ley cubre los tratamientos para 14 enfermedades (11 desde 2016 y tres que se sumaron este año) y desde el inicio de la norma hasta junio de este año se han beneficiado 5.990 pacientes. De ellos, 4.715 están recibiendo sus terapias actualmente y 1.275 ya dejaron de hacerlo, porque terminaron el tratamiento, lo rechazaron o fallecieron.

El 2016 cerró con 3.987 personas beneficiándose de la norma, es decir, durante el primer semestre de este año se sumaron 2.003 pacientes, con un promedio mensual de crecimiento durante 2017 de 365 beneficiados.

Eso sí, ese incremento no tiene que ver necesariamente con el ingreso a la norma de las tres nuevas terapias este año (para el mal de Crohn, nutrición enteral domiciliaria y bomba de insulina), pues se proyectaba que con estas se beneficiarían cerca de tres mil personas, y al 30 de junio estas sumaban 203 pacientes.

Y en términos de recursos, tampoco se ha gastado el presupuesto. En 2015, la ley tuvo $30 mil millones, pero ese año el dinero no se gastó, porque todavía no se dictaban todas las disposiciones que hicieran operativa la norma.

El año pasado, el presupuesto subió a $60 mil millones, aunque de ellos se podían gastar $48 mil millones, porque la ley estipuló que cada año, el 20% irá a un fondo de reserva.

Los datos de Fonasa muestran que en 2016 se ejecutaron $33.529 millones (70% del dinero disponible). Y según un informe enviado al Congreso por las autoridades de la cartera, al 30 de junio de este año se habían gastado $20.752 millones (25% de los $80 mil millones disponibles este año para tratamientos).

Esa es una de las principales críticas que hacen distintas agrupaciones de pacientes respecto del funcionamiento de la norma, pues dicen que está sobrando dinero, cuando hay muchos pacientes que necesitan la ayuda.

El vocero de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, Robinson Cristi, dice que "si hacemos una proyección, a fin de año se va a gastar la mitad del presupuesto. Entonces uno piensa por qué no se incluyeron más enfermedades".

Rodrigo Basualto, director de la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar, plantea que "hay situaciones cuestionables. El Ministerio de Salud puso una serie de restricciones en las condiciones de inclusión a cada tratamiento en la ley, por lo que hoy pocos pueden acceder, aunque tengan la enfermedad y el tratamiento que aparece en los decretos".

Basualto cuenta que él tiene el tipo de hipertensión arterial pulmonar que considera la ley, necesita un tratamiento que está en la norma, pero "no cumplo con el nivel de deterioro que se puso en el protocolo. Entonces, yo voy a tener que esperar a deteriorarme para recibir ayuda".

El subsecretario de Salud Pública (s), Cristián Herrera, dice que las estimaciones de potenciales beneficiados se hicieron con estándares internacionales, porque no se conocía exactamente cuántos pacientes para cada enfermedad había en Chile y que eso habría hecho que no se cumplan cabalmente.

"En algunas enfermedades tenemos menos pacientes de los que estimamos, pero en otras tenemos más. En artritis reumatoide estimamos 1.400 y llevamos 1.200, o en esclerosis múltiple estimamos 250 y ya llevamos casi 300", dijo el subsecretario.

Herrera añadió que "hemos hecho un trabajo para obtener mejores precios". Entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017, en promedio, los valores de las terapias bajaron 9%.

E, igualmente, el subsecretario (s) afirmó que "el lado bueno es que va a haber más recursos para el próximo año sumar más terapias a la ley", y que en ese proceso tendrán mayor relevancia las propuestas de los pacientes.

Pero la diputada independiente Karla Rubilar dice que "a mí me parece que parte importante de la subejecución se debe a la inoperancia del ministerio (de Salud), que puso letra chica, cuesta encontrar a los prestadores acreditados. Aquí urge simplificar la burocracia y hacer que el acceso sea más expedito".

Fuente: El Mercurio