Dictamen de la Contraloría que limita el personal a honorarios le podría dar una mano a la formalidad laboral

A comienzos de enero, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen que generó revuelo en el mundo laboral. En el documento, la entidad liderada por Jorge Bermúdez limitó la contratación y renovación de funcionarios a honorarios en la administración pública.

La nueva instrucción estableció que se permitirá este tipo trabajadores únicamente en aquellos casos en que la naturaleza de los servicios desarrollados sea especializada u ocasional. Desde ahora, entonces, las autoridades deberán decidir entre la no renovación o el traspaso a contrata de las personas que se desempeñan a honorarios.

Pero ¿qué impacto tendrá esta decisión en la tasa de informalidad laboral? Esa fue la pregunta que se hizo Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), antes de analizar las implicancias del nuevo criterio.

Para ello, basado en la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), estudió las cifras de asalariados públicos informales involucrados.

Dichos datos indican que en el sector público existe 1.104.249 asalariados, de los que 150.039 son informales, lo que equivale al 13,6%.

Más de 70 mil personas

Para identificar el segmento de asalariados públicos informales que se vería afectado por esta medida, Bravo consideró a aquellos que entregan una boleta de honorarios por el trabajo realizado y cuyo acuerdo de trabajo es indefinido (sin plazo de término) o es definido (a plazo fijo) renovable una vez al año.

Según precisó, un ocupado asalariado -sea público o privado- se clasifica como informal en las estadísticas de empleo del INE cuando no cuenta con las cotizaciones de salud (Isapre o Fonasa) o previsión social (AFP u otro sistema de previsión). Es decir, aunque el funcionario a honorarios cotice por su propia cuenta, será clasificado como informal, pues lo que corresponde cuando el vínculo es de dependencia, es que sea el empleador el que entere las cotizaciones correspondientes.

Considerando estas implicancias, al trimestre octubre-diciembre de 2021, un total de 70.140 trabajadores se ubicaron en el segmento de asalariados públicos informales que se verían alcanzados por el dictamen.

De acuerdo a la simulación de Bravo, si esa cantidad pasara a la formalidad, que es lo que ocurriría de entrar la instrucción de la Contraloría en rigor, la tasa de ocupación informal a nivel nacional descendería a 27,5%. Es decir, una rebaja de 0,8 puntos porcentuales frente al 28,3% que se observa en la actualidad.

En el caso de las mujeres, disminuría 1,1 puntos porcentuales versus 0,6 puntos porcentuales por el lado de los hombres.

"Bajar cerca de un punto la tasa de ocupación informal es una reducción que si bien no es extraordinariamente grande, tampoco es despreciable. Bajar un punto la tasa de ocupación informal no es fácil",

"Bajar cerca de un punto la tasa de ocupación informal es una reducción que si bien no es extraordinariamente grande, tampoco es despreciable. Bajar un punto la tasa de ocupación informal no es fácil", recalca Bravo.

recalca Bravo.

Por segmento etario, la mayor caída de la tasa de ocupación informal se observaría en el tramo de 25 a 54 años, en donde el descenso sería de un punto porcentual.

Señal para el sector privado

Bravo destaca que el Estado contribuya a reducir "el elevado nivel de la tasa de ocupación informal que tiene Chile". Una de las dimensiones que tiene más valor, subraya, es el efecto señal que esto genera en el sector privado: "Que cuando las relaciones laborales son bajo subordinación, no corresponde que ese trabajador deba emitir una boleta de honorarios, lo que corresponde es que sea el empleador el que pague las cotizaciones".

Y si bien estima que el dictamen de Contraloría apunta en el sentido de corregir las condiciones asociadas a las relaciones de subordinación, agrega que no resuelve varios de los problemas de fondo asociados a la contratación de personal del sector público, como lo que ocurre con los trabajadores a contrata, que son empleos teóricamente de carácter transitorio en una institución. "En la práctica, sin embargo, muchos trabajan en forma indefinida, lo que implica la renovación año a año de un supuesto contrato a plazo fijo (...) Esta es, en definitiva, una fuente de inestabilidad", dice el informe.

Fuente: DF