Comisión de Equidad de Género aprobó de forma unánime la idea de legislar sobre proyectos de igualdad salarial

Por 9 votos a favor, ninguno en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género aprobó la idea de legislar respecto a los tres proyectos que modifican el Código de Trabajo para avanzar en materia de equidad salarial.

De esta manera, la iniciativa aprobada por las diputadas Karol Cariola, Maya Fernández, María José Hoffmann, Marcela Hernando, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Joanna Pérez, Camila Rojas, Patricia Rubio y Maite Orsini seguirá su trámite legislativo en el Congreso. Y según lo señalado por esta última, la comisión votará el proyecto en particular el próximo lunes 31 de mayo.

La iniciativa busca, entre otros puntos, establecer como "discriminación arbitraria" a aquellas diferencias salariales "que excedan en un 20% la remuneración entre hombres y mujeres", según indica el documento.

Discusión y ausencia de autoridades de gobierno

A la sesión fue invitada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y el ministro del Trabajo, Patricio Melero, pero ninguno de los dos asistió. En representación de la ministra Zalaquett asistió la subsecretaria de la cartera, María José Abud; mientras que en lugar del ministro Melero concurrió su asesor Francisco del Río. Sin embargo, la presidenta de la comisión, Maite Orsini, no permitió la intervención de este último ya que "no tiene la capacidad política necesaria" para abordar la discusión", según señaló.

Además, en la instancia presentó Manuela Tomei, Directora del Departamento de Calidad del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, quien abordó el trasfondo de las brechas salariales y apuntó a las capacidades profesionales entre hombres y mujeres.

"La evaluación de un puesto de trabajo debe centrarse sobre el equipo de conocimientos que están asociados a ese puesto para que la persona que lo ocupe puede desempeñar las tareas asociadas de manera satisfactoria", indicó la experta. Y agregó que existe la necesidad de una evaluación objetiva de los puestos de trabajo, que prohíba de forma explícita métodos de evaluación que puedan resultar discriminatorios.

Fuente: La Tercera-Pulso