Crisis migratoria y cesantía en campamentos: la dura realidad de 60 mil familias en Chile

Si uno cierra los ojos, solo se escucha una trompeta. Un sonido armonioso, no se logra reconocer si es una melodía alegre o triste. Tampoco si el talentoso músico está leyendo una partitura, si es un clásico del blues, o una canción infantil. Pero la trompeta suena fuerte, firme.

Son las 4 de la tarde, hay unos 26 grados y al abrir los ojos, se ven caminos de tierra, dos mil techos de lata, dos mil familias, por lo bajo unas cinco mil personas viviendo ahí. Es el campamento Millantu, en los extramuros de Puente Alto, cerca de Las Vizcachas, a unos metros del río Maipo. Al levantar más la vista se ve Pirque y el verdor del cerro.

Después de casi dos horas recorriendo el campamento junto a su dirigenta Elizabeth Pérez, a la que todos saludan como la señora Icha, aparece Junior, 13 años, piel morena, sonrisa blanca, ojos curiosos. Él tocaba la trompeta. Aprendió hace unos dos años -cuando llegó desde Haití junto con sus padres- en una de las varias iglesias evangélicas del campamento, donde las reuniones son en creolé. Lo que Junior tocaba era una alabanza al dios cristiano. Y sonaba celestial.

El estallido social, la pandemia, la llegada masiva de inmigrantes, la cesantía galopante, el alza sin freno del precio de los arriendos. Esas son algunas de las razones por las cuales Elizabeth cree que pasaron de ser 300 familias hace tres años, cuando se tomaron el terreno, a las más de 2 mil casas que hay hoy en día. Y el número va al alza.

"La mayoría de los que han llegado son inmigrantes. 80% de los vecinos son extranjeros. Como no pueden seguir pagando arriendo, y saben que aquí hay un terreno, se instalan y construyen casas de material, con cemento, y uno les dice que esto es provisorio, que no nos podemos quedar para siempre, que es un terreno privado, pero no escuchan mucho. A pesar de lo precario, esto es mil veces mejor de lo que tenían en sus países", relata Pérez.

Ahí, en una especie de ciudadela, pululan barberías, carnicerías, negocios de abarrotes varios, y hasta un lugar para enviar dinero al extranjero.

También hay un centro de cuidado de niños de los propios vecinos, originalmente pensado para que los menores que volvían de las escuelas esperaran a sus padres ahí y no solos en casa. Eso, claro, hasta antes del coronavirus y el cierre de los colegios. Porque de clases virtuales, en Millantu, ni hablar.

El Covid-19, dice la dirigenta, "era como una peste. Le pedimos a los vecinos que sabían, o creían, que tenían el virus que pusieran una banderita blanca afuera de sus casas, así les íbamos a dejar en carretilla la comida a los enfermos". Ahora, los mayores de 65 años -chilenos y extranjeros- que viven en el campamento ya fueron al Cesfam más cercano a vacunarse.

La mayoría de las personas del Millantu trabajan en comunas aledañas de manera informal o contratados, pero con bajísimos sueldos. Por eso es que desde el estallido social, y cuando costaba aún más "parar la olla" todos los días, la misma dirigenta organizó una olla común.

De la Municipalidad le entregan algunos alimentos y el resto tenían que salir a pedirlo casa por casa a las villas aledañas. Todos los días, desde entonces, reparte 420 raciones de comida. Hubo un punto en el que tuvo que separar la olla por nacionalidad. Los haitianos no entendían la comida chilena, por ejemplo. Y así se hicieron ollas de comida chilena, venezolana, colombiana y haitiana.

Desde hace unos dos años, Elizabeth y varios otros vecinos están siendo asesorados por el Serviu para postular a los subsidios. No ha sido fácil. Deben tener un ahorro de $300 mil, pertenecer al 40% de la población más vulnerable y, por supuesto, tener sus papeles al día. Cuesta conseguir todos los requisitos para varios, pero cuando lo logran, pueden optar a una casa de $20 millones.

"¿Dónde voy a encontrar una casa de $20 millones? Ni esos departamentos enanos que venden ahora valen eso", se pregunta, sin respuesta aparente, la dirigenta.

Déficit de 400 mil hogares

Las cifras están en desarrollo, dice Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo. Pero estima que en los últimos 15 meses, entre 20 y 25 mil familias nuevas han tenido que irse a vivir a una toma o a un campamento. Eso sin contar los familiares que han tenido que recibir a sus pares sin trabajo o provenientes del extranjero y vivir en condiciones de hacinamiento inhumanas.

"El cambio en el precio del suelo y la vivienda, que han aumentado mucho más que la inflación y que los sueldos, sumado a un shock externo como un virus y crisis económica, le pega mucho más fuerte a las familias más vulnerables, que no tienen redes", dice Bowen.

Además, sobre los subsidios habitacionales que se dan, el director ejecutivo de Techo dice que no se han hecho cargo de la nueva realidad de quienes los requieren. "Están llegando migrantes con necesidades de techo, trabajadores informales, familias más pequeñas y que necesitan vivir cerca de donde trabajan. Eso los subsidios no lo están recogiendo, ni tampoco van a la par de la realidad de los precios de las viviendas", apunta.

Según sus cálculos, hay 1,7 millones de personas viviendo en campamentos hoy en Chile. El déficit habitacional total es de entre 400 mil y 700 mil viviendas, según diversas estimaciones. La solución, cree Bowen, pasa por dinamizar y flexibilizar los subsidios para comprar viviendas, aportar subsidios de arriendos más flexibles, tener barrios y viviendas evolutivas de autoconstrucción, y que las medidas transitorias, como los campamentos, mientras postulan a un subsidio, sean dignos: que al menos tengan luz, agua y una seguridad básica.

El desalojo

"Nosotros éramos cuatro viviendo en una pieza. Con la pandemia ya no pude salir a trabajar y pagar arriendo. Nos tomamos un terreno porque era la única opción que veíamos, y estuvimos ahí viviendo con ollas comunes como tres meses, uno nunca quiere terminar ahí, pero era lo único que teníamos. Al frente vivía otra comunidad de haitianos, dominicanos y venezolanos, unas 24 familias. Un día, sin avisarnos, vino la Municipalidad de Colina con Carabineros y con máquinas nos botaron nuestras casitas a todos", cuenta al otro lado del teléfono Yabilit, de 31 años, llegada de Caracas hace cinco años.

Gracias a una ayuda de la misma Municipalidad, pero entregada a través de la Junta de Vecinos, porque ella tiene sus papeles irregulares en el país, pudo pagar dos meses más de arriendo y ahora cambiarse a una pequeña pieza junto a su hermano.

"Sin las cuarentenas la cosa ha mejorado un poco, pero sigue siendo todo muy precario. Uno no quiere tomarse los terrenos, pero la situación es dramática, es de una angustia tremenda", agrega.

En regiones la situación es similar. Ya se ha mostrado estos días lo que pasa en Colchane, en la frontera con Bolivia, pero en otras ciudades como Antofagasta, existe un campamento conocido como Los Arenales, de dos mil familias emplazadas en el sector Bonilla de la capital regional, y donde una de sus dirigentas es Elizabeth Andrade.

Cuenta que en los últimos meses han visto crecer su población de manera importante producto de la migración de personas desesperadas por mejorar su situación de vida. "Aquí llegan muchos sin hogar, sin comida, sin ropa, y entre todos nos organizamos para ayudar", cuenta. "Aquí tenemos peruanos, bolivianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos y chilenos. Es nuestra pequeña Latinoamérica. Así le decimos", explica.

Por estos días están preocupados, dice Andrade, por todas las versiones sobre las vacunas que han circulado. Hasta ahora nadie les ha dicho si van a ir al campamento a vacunarse. Varios han ido por su propia cuenta al centro de la ciudad a tener la primera dosis de la vacuna.

Los terrenos fiscales

Según un estudio de noviembre del año pasado, realizado por Atisba, consultora liderada por el urbanista Iván Poduje, solo en tres años aparecieron 33 campamentos nuevos en nueve comunas del Gran Santiago.

"Las cifras preocupan tanto por la magnitud del crecimiento de los campamentos, como por el corto plazo en que se produce. Además, porque vuelven las tomas de gran tamaño que se habrían erradicado en Santiago y se vuelven a emplazar en zonas de riesgo como quebradas, bordes de ríos o zonas afectadas por desbordes y aluviones", reza el informe.

Una de las propuestas que ha levantado esa oficina es que el Minvu debe operar con un mayor sentido de urgencia, al menos en los terrenos que son propios y que debiera licitar a empresas que lleven a postulantes de programas habitacionales, mediante proyectos de integración social y vivienda mixta.

"Hemos calculado que existe abundante tierra fiscal abandonada en Santiago y el Gran Valparaíso, que permitiría construir más de 60 mil viviendas, con servicios y urbanización. Es inexplicable que estos terrenos sigan abandonados mientras las tomas se aceleran", dice Atisba.

Mientras esperan por subsidios o que el Estado ocupe sus terrenos fiscales para dar soluciones habitacionales, en Puente Alto, la señora Icha sigue juntando fondos para construir un punto limpio en el campamento y que la basura no abunde por las calles de tierra del lugar. Y cuando se despide, de fondo, como parte del escenario de una película crudamente real, Junior sigue con su trompeta y su melodía.

Desde el Ministerio de Vivienda comentaron a DF MAS que la última actualización del Catastro Nacional de Campamentos se realizó en 2019 e identificó 802 campamentos y 47.617 hogares, lo que significa un aumento de 22% de asentamientos y 42% de hogares en comparación al catastro 2011, todos los cuales pasaron a ser sujetos de atención del programa Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que busca, además de identificarlos, darles una solución habitacional propia o en arriendo.

De acuerdo a ese mismo estudio, en el 29% de los hogares encuestados existe al menos un niño menor de 5 años. Además, la principal categoría de empleo es la cuenta propia y los asalariados. Las mujeres son las que lideran como jefas de hogar.

Respecto a las cifras, a la fecha se encuentran en fase de Gestión de Cierre un total de 202 campamentos. En 2021 se estima el cierre de otros 100 campamentos.

En cuanto a las tomas -ocupaciones ilegales no necesariamente con un techo formal como sí ocurre en los campamentos-, el reporte a septiembre del año pasado del Minvu identificó 254 actualmente consolidadas que corresponden a 21.883 hogares.

Del total, 104 tomas se formaron a partir de octubre del 2019, y 76 desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020. El año pasado se entregaron 2.024 subsidios habitacionales para este tipo de hogares. Este año, y gracias a un aumento de 21% del presupuesto del Minvu, esperan gestionar cerca de cinco mil subsidios específicos para familias de campamentos.

Fuente: DF