Salud plantea tope de dos años para operar a pacientes en lista de espera

Dos años para resolver los casos menos graves de la lista de espera es el plazo máximo que se impuso el gobierno para proyectar el régimen de la reforma a Fonasa que, por primera vez, dispone tiempos de atención para todas las prestaciones de salud.

Así se desprende del informe financiero de la iniciativa que entró ayer al Congreso, y que propone organizar las atenciones según prioridad alta, media y baja, asociadas a fechas tope de entrega que, por primera vez para las enfermedades No Auge, serán exigibles por ley.

De esta forma, el informe financiero -que establece un gasto de US$ 170 millones para el primer año de la reforma (ver nota secundaria)- describe el escenario que podrían enfrentar los centros asistenciales de salud para cumplir la garantía de oportunidad. Se trata de plazos que, según explicó el director de Fonasa, Marcelo Mosso, se acotaron a partir de los tiempos de espera actuales y la capacidad real de los centros de salud que fueron analizados durante el estudio del proyecto.

Con dichos elementos se establecieron 24 meses como fecha tope para resolver las cirugías menos complejas, mientras que las intervenciones de mayor prioridad deberán atenderse antes de un año. Para el caso de la primera consulta médicas de especialidad, en tanto, se fijó un año, mientras que para los controles con dichos expertos y los procedimientos de todo tipo se establecieron seis meses.

"Son plazos pensados en base a si se tuviera que iniciar hoy con eso, dada la capacidad actual de nuestras redes públicas. Eso es lo que podríamos lograr", dijo Mosso.

Se trata, en definitiva de plazos referenciales, pero realistas, con los que deberán trabajar los prestadores de salud. Ello, pues el articulado señala que, una vez publicada la ley, Fonasa y el Ministerio de Salud tendrán menos de siete meses para poner en marcha la reforma.

Los cambios al modelo

El proyecto de ley crea un Plan de Salud Universal que incluye todas las atenciones que se cubrirán y que serán de pleno conocimiento para los afiliados a Fonasa. El contenido, en un primer decreto, será resorte de los ministerios de Salud y Hacienda, fijándose un plazo de tres años para que con estudios, consulta a expertos y una evaluación clínica, económica y sanitaria de las prestaciones se defina el listado definitivo, que tendrá una cobertura mínima del 80% en los centros de salud públicos. En el caso de la modalidad libre elección, la cobertura no superará el 60% de los aranceles del PSU y se entregará en centros en convenio con Fonasa. "Probablemente el precio de la prestación de MLE va a bajar, porque vamos a negociar con esa red, pero, por otro lado, la cobertura dice que máximo va a ser un 60% de lo que yo esté otorgando como cobertura en PSU, por lo tanto, es una forma de desincentivar el uso de la libre elección", dijo Mosso.

El rol de Fonasa sería objeto de la mayor reforma, con una nueva estructura legal que le permitirá establecer convenios, redes de prestadores, fiscalizar e incluso sancionar los incumplimientos de las garantías financieras, de acceso y oportunidad de los 14,5 millones de afiliados que hoy integran el seguro. Así, Fonasa "deberá velar por el debido cumplimiento de las obligaciones de acceso y, cuando corresponda, de oportunidad, de los servicios definidos en dicho plan".

La estructura organizacional de Fonasa también cambiaría. Se crea un consejo directivo de cinco miembros -incluido el director de la entidad como presidente- que serán nombrados por el Presidente de la República a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Entre las funciones de los directivos se incluye aprobar los criterios para la selección de los prestadores y proponer precios de compra y velar por el cumplimiento de los principios de calidad. También se crea un consejo consultivo de 10 miembros designados por el director de Fonasa y su objeto será asesorar al consejo directivo.

Además, la reforma incluye un seguro de medicamentos para los fármacos genéricos con receta médica.

Reacciones

Para Alejandra Palma, economista de Libertad y Desarrollo, los plazos descritos por el gobierno para resolver la lista de espera No Auge son ambiciosos, pero, asociados al nuevo rol de Fonasa, supondrían una mejoría al actual modelo. "Se ve bien encaminado, porque le entrega al seguro público más atribuciones para fiscalizar e incluso sancionar. Es importante la creación de este plan de salud universal y que la gente conozca su contenido y pueda hacer exigibles los plazos".

Una mirada más crítica tuvo Héctor Sánchez, académico de la U. Andrés Bello, quien sostuvo que el proyecto no entrega detalles que permitan ponderar la propuesta:"no existe una referencia que a uno le permita hacerse una idea completa acerca de cómo sería, cómo operaría y cuáles serían los plazos. No me hace sentido que un Plan de Salud Universal tenga para las consultas de especialidad una garantía de hasta un año. Puede ser para el primer año, pero la pregunta es ¿cómo va a ser el segundo año y el tercero?".

A su vez, Claudio Castillo, director de la Fundación Horizonte Ciudadano y académico de la Usach, dijo que "la espera promedio del sistema es de 319 días por una cirugía, es decir, el promedio ya es menos de un año, entonces pareciera que esta garantía de uno o dos años ya está cumplida. Por eso, hay que ver bien los datos sobre la promesa de oportunidad, porque la idea es que sea desafiante, no solo a partir del basal".

Para la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, el proyecto adolece de una declaración formal de los cambios que, a futuro, se requieren en el sistema de salud. "Esta es una gran oportunidad para hacer una reforma estructural y no un mero maquillaje. Por ende, el proyecto debe incluir, al menos en un horizonte, la intención de crear un seguro de salud único. No es posible continuar con este sistema donde los jóvenes sanos y adinerados están en isapre, mientras que los más ancianos y enfermos están en Fonasa".

Los principales ejes de la reforma al seguro público de salud

Plan de salud universal

Incluye todas las prestaciones, según criterios técnicos, económicos y clínicos, con cobertura mínima del 80% en prestadores públicos. Se revisará cada tres años.

Oportunidad

Un decreto organizará las prestaciones de acuerdo a criterios de prioridad alta, media o baja. Estas categorías estarán vinculadas a plazos máximos de atención, exigibles por ley.

Atención en redes

Se establecerán redes de atención de acuerdo a especialidad y capacidad de los recintos públicos. Y a estos se podrán sumar privados, cobrando lo mismo que hospitales y consultorios.

El rol de Fonasa

Se estructura un marco legal para que la entidad opere como un real asegurador de los afiliados, fiscalizando y exigiendo que se cumplan las prestaciones con la calidad y plazos definidos.

Seguro de medicamentos

Comenzará a regir junto con el plan de salud a menos de un año de la publicación de la ley. Cubrirá 40% de medicamentos ambulatorios genéricos y con receta médica.

Libre elección

Se entregará en redes, a partir de licitaciones con precios acotados que realizará Fonasa. La cobertura será máximo el 60% de lo que dispone el PSU para las mismas prestaciones.

Fuente: La Tercera-Pulso