Senado aprueba proyecto que permite a empleados públicos demandar al Estado por tutela laboral

En medio de un intenso debate, que incluyó una negociación de último minuto, la Sala del Senado aprobó ayer por 27 votos a favor y 4 abstenciones el proyecto de ley que busca reconocer a los funcionarios del sector público el procedimiento de tutela laboral, que permite a estos trabajadores la defensa frente a actos provenientes del Estado (empleador) que vulneren sus derechos fundamentales.

La iniciativa -que surgió de tres mociones que fueron presentadas separadamente por parlamentarios de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, como las senadoras DC Carolina Goic y Ximena Rincón, los PS Isabel Allende y Juan Pablo Letelier, el PPD Felipe Harboe y el RD Juan Ignacio Latorre, entre otros- vino a tratar de zanjar una disputa que se avivó en las últimas semanas entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC). Esto, luego que el TC en un fallo de diciembre de 2018 contradijera el criterio de los últimos años del máximo tribunal, declarando inconstitucional la extensión del procedimiento de tutela a los trabajadores estatales.

Previo al fallo del TC, los funcionarios contratados bajo la modalidad de boletas de honorarios y contrata (a plazo fijo de un año) demandaban al fisco vía juicios de tutela laboral, acusando vulneración de derechos como libertad de expresión, discriminación y atentados a la integridad síquica, tras la no renovación de su vínculo laboral. En la mayoría de los casos los tribunales de justicia acogieron la tesis de que sí procedía la tutela laboral para los funcionarios -pese a que había interpretaciones de que la norma original fue creada solo para el mundo privado- y ordenaron el pago de indemnizaciones a los desvinculados.

De acuerdo con estadísticas del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en 2018 ingresaron a la justicia 905 demandas contra el Estado por tutela laboral de parte de funcionarios públicos, las que involucran recursos por $42.750 millones (US$ 64 millones).

Gobierno presenta indicaciones

La aprobación, ayer, de la moción que fue presentada en diciembre se logró luego de que el pleno de la Cámara Alta votara dos indicaciones, que contaron con el patrocinio del Ministerio del Trabajo, que se inscriben en destrabar la discusión en particular que se venía postergando desde enero. Las enmiendas apuntaron a despejar que la tutela laboral procede en los funcionarios públicos, que con esta ley interpretativa las atribuciones de la Dirección del Trabajo (DT) no se extienden al ámbito público y se descartó el posible pago de una doble indemnización, que podía darse en caso de acogerse la tutela laboral y por despido injustificado.

"Aquí no estamos dando nuevas atribuciones a la Inspección. No es el objetivo de este proyecto y tampoco podría haber una doble indemnización", enfatizó la senadora Goic.

El senador Letelier explicó el origen de las indicaciones. "Para nosotros son claras las normas de interpretación y el señor ministro (del Trabajo) con su asesor, a petición de las bancadas de gobierno, accedió a esta indicación para que no hubiera dudas de que no hay derecho a doble indemnización; eso queda claro en el texto", dijo.

De esta manera, la norma aprobada mantiene la disposición del Código del Trabajo que permite una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual. Sin embargo, deja fuera de su aplicación la indemnización "a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 163 (del Código del Trabajo), con el correspondiente recargo", que permite el pago de un mes por año de servicio, con tope de 11 años, en caso de despido injustificado.

Pese a esa precisión, el proyecto mantiene abierta la puerta para que funcionarios a honorarios y a contrata invoquen la tutela laboral en caso de no renovación de sus vínculos contractuales.

Sin éxito, los senadores José García Ruminot (RN) y los UDI Juan Antonio Coloma y Luz Ebensperger insistieron en que el proyecto debía ser revisado por la comisión de Hacienda, pues -a juicio de ellos- implica un mayor gasto fiscal.

La moción ahora deberá ser votada por la Cámara de Diputados.

905 demandas

Según el CDE, a ese número ascienden los juicios de tutela laboral presentados en 2018 por funcionarios públicos.
Fuente: El Mercurio