Sala cuna: Gobierno acota a 0,1% cotización del empleador y financia aporte fiscal con recursos que iban a cesantía

El viernes 17 de agosto, el Gobierno ingresó al Senado el proyecto de ley que establece el beneficio de sala cuna universal para hijos menores de dos años de trabajadoras y trabajadores.

El mensaje, que se presentó con el título: "Crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario", se empezó a tramitar con urgencia suma y fue derivado para su estudio a las comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara Alta.

El texto, cuyo diseño estuvo a cargo de los ministerios del Trabajo y de la Mujer, presenta algunas precisiones respecto de lo que ya se había anunciado el 8 de agosto. Según una minuta de ese entonces del Ejecutivo, el financiamiento estará a cargo del empleador a través de un aumento de la cotización previsional, que sería entre 0,1% y 0,4% por cada trabajador o trabajadora que esté contratado, cuyo valor sería ajustable cada dos años por Decreto Supremo. También se incluyó un aporte estatal en el periodo de acumulación del fondo.

No obstante, la iniciativa ingresada al Senado menciona solo una cotización de los privados de un 0,1% -manteniéndose el aporte fiscal informado en la minuta- y añade que en caso de ser insuficientes los recursos del fondo para financiar las prestaciones, será de cargo del fisco completar la diferencia para llegar al monto total de cobertura.

Cuando se anunció el proyecto de ley y su fórmula de financiamiento, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) habló de un "impuesto al trabajo" que encarecería la contratación.

Según estimaciones de Hermann Consultores, el 0,1% de cotización que harán los empleadores implicará un monto de US$ 88 millones, donde el 60% será financiado por las grandes empresas.

El texto también informa que el aporte del Estado ascenderá anualmente a un total de 225.792 UTM (en torno a US$ 17 millones), las que se entregarán al fondo de sala cuna en 12 cuotas mensuales de 18.816 unidades tributarias. Para ello se deroga el aporte que hace el Estado al fondo solidario de cesantía, lo que implica traspasar dicha inyección de recursos al beneficio de sala cuna universal.

Fuentes de gobierno aseguran que dicho aporte estatal recién se realizará en 2022 y que representa un monto menor del total del financiamiento. También enfatizan que el fondo solidario de desempleo hoy acumula US$ 4.700 millones y que el Comité de Usuarios de Cesantía ha recomendado usar esos recursos.

Fuente: El Mercurio