Judicialización en isapres que subieron precios de sus planes aumentó 24,6% a septiembre

La alta judicialización a la que está expuesto el sistema de isapres, por recursos de protección que presentan los afiliados en contra de las alzas de los planes, tiene a las aseguradoras de salud en una situación compleja, que continúa presionando a las compañías del rubro.

Al tercer trimestre ingresaron 99.360 recursos de protección, por adecuación de precios base de los planes de salud a las distintas cortes de Apelaciones del país, según la consultora Altura Management sobre la base de información del Poder Judicial. Lo anterior representó una disminución de 6% menos que los litigios que hubo en los primeros nueve meses de 2015 -período con un escenario similar al actual-, cuando estos casos alcanzaron 105.744.

Esto, porque el 2016 no es comparable con 2017, pues se registró un fuerte aumento de los recursos de protección, producto del alza de la prima de Garantías Explícitas en Salud (GES), ajuste que se lleva a cabo cada tres años.

La baja de 6% respecto del 2015 estaría explicada, fundamentalmente, porque este año tres isapres abiertas -Banmédica, Vida Tres y Nueva Masvida- decidieron congelar sus precios, a diferencia de 2015 cuando además de Cruz Blanca, Consalud y Colmena, la ex Masvida informó una importante alza en sus tarifas.

La gerenta general de Altura Management, Victoria Beaumont, advirtió que esto no se traduce en que la judicialización esté bajando o se esté estancando, pues, el escenario es diferente. Cruz Blanca, Consalud y Colmena, que fueron las tres aseguradoras de salud abiertas que optaron en marzo pasado por sí reajustar sus tarifas, presentan un aumento promedio de 24,6% en los recursos de protección que interpusieron este año sus afiliados, respecto de los que presentaron el 2015.

Hacia adelante, a nivel de todas las isapres, Altura Management proyecta que este año cerrará con 132.420 recursos presentados a las cortes, lo que implicaría una baja de 1% respecto del total de 133.501 que hubo en 2015. "Que los números sean similares a 2015 no es una buena noticia. Esto no se ha estancado", sostuvo. Con ello explicó que hace dos años la ex Masvida subió sus planes, pero "ahora la judicialización la observan las otras isapres", dijo.

La consultora estima que Cruz Blanca terminará en 2017 con 54.443 apelaciones por parte de sus afiliados; Colmena tendría 49.778; Consalud, 22.018; Masvida y Nueva Masvida, 5.666; Banmédica, 94, y Vida Tres, 53. Así, el 7,6% del total de la cartera de cotizantes isapres recurriría a las cortes este año.

Por isapre, Colmena sería la que alcance la mayor judicialización (17,7% de sus afiliados) y luego Cruz Blanca, con el 14,3% (ver infografía).

La industria reconoce incomodidad con la judicialización, tanto desde el punto de vista del negocio como de la relación con la sociedad. "Es una complicación para el sector (...) no nos gusta tener un porcentaje de nuestra cartera judicializada, no es la forma en la que nos queremos relacionar con nuestros afiliados", manifestó Andrés Varas, gerente general de Bupa Chile (matriz de Cruz Blanca), en una entrevista publicada ayer en "El Mercurio".

El gerente de Desarrollo de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, aseguró que "ha seguido creciendo la judicialización en el proceso de adecuación (de precios de planes)". En este contexto, aseguró que este "sigue siendo un tema tremendamente prioritario para las isapres. No es presentable una situación en la cual se van produciendo sobre 10 mil juicios mensualmente y, por lo tanto, nos parece que es urgente de enfrentar con modificaciones legales".

Beaumont añadió que, "aunque tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han indicado la necesidad de un cambio legislativo, la incapacidad de las instituciones por dar respuesta ha mantenido la situación sin resolución".

Costas alcanzarían casi $13 mil millones este año y los montos en regiones duplican los de Santiago

Casi $13 mil millones deberán desembolsar las isapres por judicialización en este ejercicio, aunque el peso de las costas a lo largo de Chile ha cambiado su composición en los últimos años.

"Es necesario llamar la atención hacia la judicialización regional y las costas asociadas a ésta", advierte la gerenta general de Altura Management, Victoria Beaumont. Esto, porque los montos fuera de la capital se han incrementado de manera importante producto de las bajas de costas en la Región Metropolitana. "Los montos de costas de recursos de protección en cortes regionales doblan el total de costas en Santiago por segundo año consecutivo", sostuvo. Así, esta situación no condice con la realidad de las isapres, pues su cartera regional representa el 40%.

Altura Management destaca que la incidencia combinada de un menor número de recursos de protección ingresados en 2017, con una baja en las costas individuales en Santiago generarán, por primera vez, un descenso en las costas totales asociadas a este tipo de litigios, llegando las cifras a valores no experimentados en cuatro años.

El gerente de Desarrollo de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, expresó que este cambio de tendencia se debe a los incentivos que están puestos, "dado que el pago de costas es más elevado en regiones, los abogados que participan han modificado su prioridad, yéndose hacia regiones donde las costas son más elevadas, porque con eso logran recaudar una mayor cantidad de ingresos".

Así, las costas en Santiago ascenderían a $4.388 millones; en la Corte de Apelaciones de San Miguel a $637 millones y en regiones totalizarían casi $8.000 millones.

Fuente: El Mercurio