CEP advierte que Desarrollo Social redujo información para evaluar sus programas

Una desagradable sorpresa se llevaron los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) cuando buscaron información en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para realizar un trabajo de evaluación de los programas públicos sociales.

En vez de encontrar los antecedentes que esperaban, observaron que a partir de 2015 se redujo drásticamente la información disponible en el sistema llamado Banco Integrado de Proyectos Sociales, más conocido como BIPS.

"Uno de los objetivos cuando se escribió la ley era que se pudiera conocer cuán eficientes eran los programas para el cumplimiento de los objetivos. Pero este gobierno ha ido reduciendo en forma significativa la información, se sacó mucha información de los repor-tes", indicó Andrés Hernando, investigador del CEP que se desempeñaba en el MDS cuando se creó esta cartera.

De hecho, contabilizaron cómo ha ido cambiando el panorama en el BIPS: mientras en 2013 había 403 programas sociales por $15,4 billones, en 2016 se habían recortado a 316 programas por $5,7 billones, "hay un gap de $10 billones para casi 100 programas que ya no están en el sistema, y para los cuales no hay una explicación de por qué fueron retirados de la evaluación", sostuvo Alejandro Ross, coautor junto a Andrés Hernando del estudio "Rediseño de la política social: avanzando a una menor desigualdad".

Para realizar este paper requerían hacer una evaluación de los programas sociales, para saber en teoría cuántos serían factibles de recortar por deficiente aplicación, y redirigir ese dinero a otro diseño de programa que sería un ingreso negativo al ingreso (nota relacionada).

Pero cuando ingresaron al BIP para proceder a la primera parte de su tarea se encontraron con muy pocos datos y con la mayoría de los campos sin información detallada, "la principal dificultad es que con la información existente no se permite hacer una evaluación muy exigente, de mucha profundidad", acotó.

Hernando detalló las diferencias

Desde 2015 existe sólo información básica de los programas como presupuesto otorgado y ejecutado; número de beneficiarios; población objetivo; pero no se diferencia por ejemplo, entre gasto social y gasto administrativo que es clave para saber si se está desembolsando mucho en burocracia; no hay información sobre los mecanismos de focalización o cómo se decide; ni sobre quién clasificaba como beneficiario; ni quien supervisaba el cumplimiento del programa; ni siquiera se mencionan los métodos de intervención o si había sido necesario agregar más financiamiento.

Incluso el volumen de los informes disminuyó desde las 12 páginas por programa en 2014, a 4 o 5 páginas de los documentos de seguimiento y descripción. De hecho, hicieron el ejercicio de contabilizar todos los campos informativos aparecidos entre 2013 y 2016 en el BIPS, y en 2013 se cumplía con el 90% de toda esa información requerida versus en 2016 cuando sólo llegaba a un 38%.

"Hicimos dos solicitudes al Ministerio por ley de Transparencia y la información que recibimos es lo mismo que está publicado en la página web. Nuestra lectura amable a este tema es que simplemente no se está recopilando más información, no se le solicita más al ejecutor cuando se le envía el formulario", recalcó Hernando.

¿Si esto viene desde 2015 cómo nadie se dio cuenta de la escasa información con dos discusiones de ley de Presupuesto entre medio?

"Técnicamente el BIP disponibiliza un volumen de información más o menos importante que por lo visto nadie está mirando para evaluar los programas. Aparentemente nosotros somos los primeros en hacerlo", agregó el investigador senior.

Su evaluación

Entonces con la información disponible se propusieron evaluar 112 programas correspondientes al 96% del presupuesto total de $5,7 billones, utilizando tres tipos de criterios con sus resultados.

El primer criterio fue analizar qué pasaba en el gasto por beneficiario, si se mantenía o se aumentaba inexplicablemente entre un año y otro, a través de una razón simple entre presupuesto total y beneficiarios. Si esta razón saltaba mucho más entre un año y otro, es decir que el gasto por beneficiario se disparaba sobre los $100.000 se analizaba si se había justificado ese aumento; si no, engrosaba la lista de eliminables.

"La gran mayoría de los programas no tenían ninguna justificación económica en su rediseño para ese salto, y por tanto de 112 evaluados, 40 presentaban saltos sin excusa aparente", explicó Hernando. A lo que Ross agregó: "Por el lado de los costos es donde hubo más programas ineficientes porque se aumentaron considerablemente los recursos, independiente de los beneficiarios".

Otro criterio fue que no alcanzaran su objetivo de población beneficiada, y aquí hubo 9 en la categoría de eliminable. "Incluso ocurrió que algunos programas llegaban a una población mayor que su grupo objetivo, lo cual también es ineficiencia, si superaban en 15% ese ratio también entraban en la categoría de mal evaluados porque de una u otra manera se destinaron recursos en ese proyecto que no estaban focalizados", remarcó Ross.

"Es más, por el otro lado, hubo programas que sin alcanzar en 2015 a su población objetivo de todas maneras solicitaba expandirse en 2016", acotó Hernando al manifestar que en este criterio encontraron 8 programas eliminables.

Tras obtener un listado de 60 programas sociales que no cumplirían con criterios de eficiencia, los investigadores los rankearon de 1 a 3, donde el 3 es más posible de ser eliminado políticamente, mientras que para los ubicados en el nivel 1 sería más complejo.

"Esto no es eliminar gasto social sino que cambiar su sentido a otro sistema. Hicimos una tabla de cuánto coraje político se necesitaba para eliminar, y en el 3 había menos discusión porque corresponden a capacitaciones, capital semilla, programas duplicados; pero en el nivel 1 sería más difícil porque atienden a sectores más vulnerables como tercera edad, niños, indígenas, lo cual hace poco probable su eliminación políticamente hablando, donde a lo sumo se podría esperar que se les exigiera más eficiencia", comentó Hernando.

El ejercicio concluyó en que si se eliminaran los programas del nivel 3 quedarían disponibles US$197 millones; si se sumaran los del nivel 2 habrían US$869 millones; y si se suprimieran también los del nivel 1 habría recursos para reenfocar por US$3.127 millones.

Fuente: Pulso