Casos AUGE derivados al sector privado se triplican en dos años

Los problemas de salud incluidos en el plan AUGE tienen plazos máximos para ser atendidos. Pero estos no siempre se cumplen, y eso explica que 2016 haya terminado con más de 10.280 personas con su garantía de oportunidad retrasada o en lista de espera.

Pero la ley establece que cuando un centro asistencial no es capaz de ajustarse al plazo, el usuario debe reclamar para que se le asigne un segundo prestador, que en el caso de quienes se tratan en el sector público puede ser una clínica u otro centro privado.

Según un oficio enviado por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a la Cámara de Diputados, la cantidad de pacientes AUGE derivados al sector privado se triplicó el año pasado en relación con 2014: subió de 1.406 a 4.505 (ver gráfico).

El alza se concentra en el último año y, de acuerdo con el documento, tiene que ver con que "hasta 2015 solo se compraban prestaciones reclamadas", pero a fines de ese año "Fonasa intensificó la gestión de garantías con el fin de abordar no solo los casos reclamados, sino que también aquellos que presentan riesgos de incumplimiento o retrasos".

En el mismo texto se expone que, para derivar pacientes, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el seguro público definieron 29 problemas de salud que tienen un mayor riesgo de incumplimiento o reclamos -entre ellos, distintos tipos de cáncer- y se licitó su resolución.

"Este gobierno, que criticó tanto al del Presidente Piñera en compras a privados en salud, es el que históricamente más está derivando a clínicas", dice al respecto la diputada Karla Rubilar (independiente).

A juicio de la parlamentaria, eso tiene que ver con "problemas de gestión y la falta de camas críticas".

Responsabilidad

Paralelamente al cambio en la gestión de los retrasos de Fonasa, han surgido otras ideas que buscan quitar del enfermo la responsabilidad de hacer el reclamo con el cual se activa la búsqueda de otro establecimiento.

En Clínicas de Chile, gremio que reúne a los mayores prestadores privados del país, la gerenta Ana María Albornoz plantea que "los organismos estatales deben tomar un rol más proactivo. En hospitales y consultorios debiera haber gente encargada de tener la información de los casos AUGE, y si detectan situaciones de incumplimiento, avisar al paciente y gestionar el segundo prestador inmediatamente".

Por su parte, la semana pasada los diputados DC Sergio Espejo y Víctor Torres, apoyados por la senadora y candidata presidencial Carolina Goic, presentaron al Congreso un proyecto de ley que pretende que no sean los pacientes, sino los seguros de salud (Fonasa o Isapres) y la Superintendencia de Salud, los encargados de detectar los incumplimientos.

"No puede ser el paciente, que muchas veces no conoce el sistema o que está preocupado de su salud, porque está enfermo, el responsable de exigir que se cumpla lo que corresponda", dijo Espejo.

Fuente: El Mercurio