Cortes instruyen a isapres pagar costas judiciales directamente a afiliados

Hace sólo algunas semanas que a los fallos de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Antofagasta y San Miguel, por recursos de protección para frenar las adecuaciones de precios base de los planes de salud de isapres, se les agregó un texto donde se ordena que el pago de las costas judiciales (dinero que debe pagar la parte que perdió el juicio a los abogados y recurrentes por los costos generados por entablar un proceso judicial) se haga directo a los afiliados o a sus apoderados y ya no a estos tribunales, como venía sucediendo hasta ahora.

"La recurrida (isapre) deberá solucionarlas (pago de costas) mediante depósito, transferencia electrónica u otro medio similar en la cuenta bancaria o Cuenta RUT de la parte recurrente o en la de su apoderado con poder suficiente al efecto, registrado para dicho efecto en la Secretaría Criminal de esta IItma. Corte", expresa un fallo del 22 de marzo, emitido por el tribunal de alzada de Santiago, que concentra más del 90% del total de recursos que se presentan al año.

Hasta antes de esta instrucción, que se está replicando en otras cortes de Chile, las costas eran depositadas por las aseguradoras privadas en la cuenta corriente de la corte respectiva y era ésta la que se encargaba de girar el cheque a nombre del abogado, con derecho a percibir, a cargo de esa causa.

Desde ahora, las isapres tienen la orden de hacer el pago directamente a los afiliados o al apoderado que esté facultado para recibir esos montos, que van desde $ 50 mil en la Corte de Santiago hasta $ 300 mil en otras regiones, como Rancagua o Concepción.

La decisión tiene "preocupados" a algunos de los abogados que representan a afiliados de isapres. "Es un problema, porque hoy todos tienen Cuenta RUT y las isapres tienen las cuentas corrientes de sus clientes, entonces el pago lo harán directamente a ellos. Esto nos llevará a que, eventualmente, tengamos que hacer gestiones para cobrarles a los clientes lo que son nuestros honorarios por un servicio que hasta hoy era gratuito para ellos", explicó Carlos Tagle. Agregó que "esto es una manera de desincentivar el quehacer del abogado que representa a los afiliados con recursos de protección contra isapres", añadió.

Esta resolución llevó a que a fines de marzo un grupo de 10 profesionales presentara a la Corte de Apelaciones de Santiago una solicitud que pedía la "modificación del acuerdo adoptado por el Tribunal Pleno, respecto de la redacción del párrafo insertado al final de las sentencias (...), específicamente en lo relativo al pago o consignación de las costas, por parte de la recurrida, por ser perjudicial para los intereses de los abogados de los recurrentes".

En esa solicitud se pide al pleno que sea el abogado la primera opción para recibir el dinero y, en segundo lugar, el afiliado.

Por su parte, Claudia Reyes Perot, de Gana Salud, manifestó que la decisión involucraría, incluso, fallos de años anteriores en los cuales aún no se ha realiza el pago de las costas. "Yo tengo recursos del año 2015 y 2016, los que estaban acogidos con costas, pero sin pago de la isapre, y donde he pedido a la corte que oficie a la isapre para conocer el motivo del atraso. La corte ahora está incluyendo en ese documento, que envía por correo, la nueva resolución, haciéndola retroactiva en la práctica", explicó Reyes Perot.

Desde la Corte de Apelaciones de Santiago declinaron referirse al tema, sin embargo, se trataría de medidas administrativas para reducir el exceso de trabajo que conlleva la tramitación de estos recursos y el exceso de dinero en las cuentas corrientes de la misma.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, junto con descartar que la orden haya emanado del máximo tribunal como deslizaron algu- nos abogados, celebró la medida

"No hemos dado ninguna instrucción, aunque podría ser una buena solución. Hay que buscar una manera de superar esto, porque son miles los recursos que llegan", dijo Dolmestch.

El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, indicó que "el fuego de la judicialización está alimentado por la gasolina de las costas. Sin costas no habría juicios o serían muy pocos, como los que recibe la Superintendencia de Salud, 10 mil por año", dijo. Caviedes agregó que "este cambio administrativo es un paso, pero no va al fondo del problema".

Durante el año 2016 se presentaron 135 mil recursos de protección por adecuación de precio del plan, mientras que la judicialización ha significado para las isapres el pago de 120 millones de dólares, según cifras de su asociación.

Fuente: La Tercera