Isapres alistan reclamación ante tribunales tributarios tras negativa del SII a revisar gastos rechazados

Si no se les escucha, el sistema de isapres va a quebrar. Con esa convicción -verbalizado por cercanos de cuatro isapres- se confirmó que las aseguradoras de salud llegarán hasta las últimas consecuencias para defender que las costas por judicializaciones no sean considerados como gastos rechazados.

Esto aunque saben que sus posibilidades de éxito son aun más escasas luego de la última resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) conocida el viernes pasado, en que el organismo respondió a la reclamación del sector, ratificando su criterio respecto de las costas originadas por judicializaciones por aumentos de los planes de salud. Así, este ítem deberá ser considerado como gasto rechazado para efectos impositivos, por lo que deberán tributar por ellos.

De esta manera, las isapres deberían pagar un impuesto del 35% sobre el monto de los gastos donde se incluyen estas costas y a partir de 2016 un 40%.

Sumando reajustes, intereses y multas, la cifra llegaría a $12.647 millones. Sin embargo, un estudio del economista Patricio Rojas concluyó que si se considera la tendencia creciente del número de recursos por alza de precio base en los últimos años, la industria deberá pagar al fisco $135.207 millones, de los cuales 47% corresponde al impuesto por el gasto rechazado, 24% a intereses, otro 24% a multas y un 4% a reajustes. Unas cifra que equivale a 3,6 veces las ganancias del sector en 2015.

Es más, los expertos proyectaron que si esto se mantiene durante toda la década, para el período 2012-2020 los costos totales involucrados alcanzarán los $299 mil millones, equivalentes a US$ 454 millones, algo absolutamente inviable de sostener.

El recurso de reclamación ante los tribunales tributarios que están trabajando las isapres, y que deben presentar hasta este 19 de diciembre, constituye una especie de "demanda" al fisco, tras el cual éste tendrá espacio para responder. Luego de eso, explica un abogado cercano al sector, viene la apelación a la Corte de Apelaciones, y un recursos de casación ante la Corte Suprema.

En total, el proceso podría tardar 5 a 6 años, según estiman relacionados al tema. Y aunque el sector esta consciente también de que las posibilidades de éxito son escasas, ni la espera merman el interés del de tomar todas las acciones legales a su alcance para revocar la medida que -de aplicarse-, significaría el fin del sistema privado.

fuente: Pulso