Isapres: nuevo criterio del SII significará gastos por US$ 454 millones al 2020

En agosto de este año, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que tras un análisis normativo, jurídico y de fiscalización, las costas judiciales asociadas a los recursos de protección contra el alza de los precios de los planes de las isapres no serían considerados como gasto necesario para generar renta, por lo que deberían tributar a una tasa de 35% (40% desde 2017 en adelante).

A consecuencia de esto, el organismo fiscalizador comenzó a informar a las isapres las liquidaciones respectivas para los años tributarios 2013, 2014 y 2015, que en su conjunto equivalían a $ 12.647 millones por concepto de impuestos, reajustes, intereses y multas.

Esta decisión vino a presionar todavía más las cifras de un sector que durante los últimos 10 años ha debido enfrentar en tribunales el rechazo de sus afiliados a las alzas de los planes de salud de forma recurrente y creciente.

Para analizar y cuantificar el impacto de este nuevo escenario, Colmena encargó un estudio de los economistas Patricio Rojas y Félix Berríos, de P. Rojas+Asociados. Los resultados indican que los costos totales por concepto de judicialización alcanzarán los US$ 454 millones ($ 299,8 mil millones) para el período entre 2012 y 2020, fecha en que se estima podrían extinguirse las batallas legales en torno al tema.

Las isapres han explicado que bajo este panorama de judicialización han debido asumir no sólo el costo del congelamiento de los precios, sino que también las costas judiciales a las que son condenadas a pagar a la otra parte del juicio, situación que se proyecta irá en aumento.

El estudio de P. Rojas+Asociados analiza el impacto por concepto de alza de plan base, dejando fuera los recursos del GES. Así, constata que son 343 mil las causas acumuladas entre 2012 y 2015 y estima que para 2016 serán 148 mil más. "Los antecedentes permiten estimar que en los siguientes años este proceso se intensificará incorporando alrededor de 900 mil nuevas causas en el período 2017-2020", adelanta.

Esta proyección se hizo tras analizar el comportamiento inercial de las causas, es decir, las personas que tras ingresar un recurso de protección un año, volvieron a hacerlo al año siguiente. La importancia de este comportamiento recae en que a mayor tasa de inercia, mayor será la velocidad que tendrá el proceso de acumular nuevas demandas en los siguientes años.

El documento indica que si bien los primeros años la inercia ha sido relativamente baja, en los últimos ejercicios ha aumentado, llegando a una tasa estimada de 56% en 2015 y 53% a septiembre de 2016. Esta cifra, no obstante, no puede considerarse como un incremento explosivo en el número de causas, afirma el estudio.

El informe también proyecta que las costas efectivamente pagadas por los recursos de proyección presentados por las alzas de los precios base de los planes alcanzan los $ 48.827 millones entre 2012-2016 y se estima que ese monto se incrementará en $ 115.722 millones en el período 2017-2020.

Por esto, de prosperar el criterio del SII de considerar las costas como un gasto rechazado, esto implicará que para el período 2012-2016 se deberán agregar gastos adicionales por $ 48 mil millones por impuestos adeudados, intereses, multas y reajustes. Si el juicio tributario demorase cuatro a cinco años, al monto anterior habría que sumar $ 87 mil millones correspondientes al período entre 2017 y 2020.

Si este escenario de judicialización se mantiene hacia fines de la década y el criterio del SII de rechazar las costas como gasto necesario para producir renta sea ratificado por los tribunales, los costos totales involucrados alcanzarán los $ 299,8 mil millones para el período 2012-2020, monto equivalente a US$ 454 millones.

Por ello, el estudio concluye que "la magnitud de los costos asociados al proceso de judicialización respecto de las utilidades que exhibe la industria de isapres son significativos, situación que se ve agravada por la decisión del SII". Y advierte que "considerando la tendencia creciente que muestra este proceso, es de esperar que esta situación sólo pueda agravarse para el sistema de isapres, pudiendo con una alta probabilidad afectar la viabilidad financiera de algunas de las isapres y, no descartándose, con posterioridad la del sistema como un todo.

Fuente: La Tercera