Utilidades en isapres durante el primer semestre son las más bajas de la última década

Para el sector, era un escenario previsible. Los $ 23.261 millones de ganancia que, según la Asociación de Isapres, obtuvieron las seis principales aseguradoras en el primer semestre de este año, constituyen una caída del 27% respecto a igual período en 2015 y se ubican, además, como las más bajas de la última década, poniendo en cifras los augurios del gremio respecto a una amenazada de sustentabilidad.

"No nos sorprende en lo absoluto, nosotros estamos haciendo estas advertencias hace mucho tiempo. El sistema se está deteriorando financieramente", sostiene Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres, quien asocia la situación económica a una trilogía de factores: fallas en la ley que en 2005 reguló el mecanismo de ajuste de precios, la judicialización del valor de los contratos y la falta de voluntad de los últimos gobiernos para corregir las falencias del sistema, a través de una reforma: "Los tribunales han modificado la facultad de las aseguradoras de ajustar las tarifas según los incrementos que tienen los costos de la medicina" (ver entrevista).

De acuerdo al gremio, la baja en las utilidades de Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Vida Tres y Masvida está determinada, principalmente, por un alza de los costos de las prestaciones y al mayor gasto en licencias médicas. Eso, pese a que entre enero y junio el sistema sumó a casi 77 mil nuevos cotizantes, lo que implicó un alza en los ingresos del 4,6%.

"La mayor entrega de beneficios, financiando más prestaciones de salud, significó un aumento de un 4,3% real, llegando este primer semestre a $ 992 mil millones; mientras que el monto destinado al pago en licencias médicas se incrementó en un 13,5%, acumulando $ 212 mil millones. Así, los ingresos crecieron en menor medida que los costos", plantea el gremio.

Según el balance, las isapres con la mayores bajas en sus utilidades son Consalud (74%) y Másvida (68%). Ambas firmas, en el último informe de la Superintendencia de Salud, cumplían al límite los requisitos legales de solvencia, que garantizan que las firmas puedan cumplir sus obligaciones financieras.

"Estos resultados se deben en parte a que los costos de salud, en particular de licencias médicas y uso de GES, han aumentando a tasas muy superiores al IPC. Esta realidad, que afecta a todas las aseguradoras de salud, llevó a que las isapres tuviéramos que ajustar los valores de los planes base y de GES a partir de julio 2016, para permitir así la sustentabilidad de los planes de nuestros clientes", afirma Marcelo Dutilh, gerente general de Consalud.

Judicialización

El alza de los costos que aducen las aseguradoras, se conjuga con la creciente cifra de afiliados que recurren a la justicia para congelar el precio de su plan. Se trata de una acción que, además de inhibir la recaudación por concepto de reajustes, genera el pago de costas judiciales, que el año pasado llegaron a $ 21 mil millones. Y este año, a junio, ya se contabilizaban 82.164 nuevas causas (ver infografía).

"El panorama está complejo, porque no hay claridad sobre el sistema de fijación del precios y por la judicialización, que es un gasto que todas las isapres tenemos. Y no hay solución. Nosotros aplicamos la norma y luego nos condenan porque estiman que no lo estamos haciendo bien, pero no existe un mecanismo indiscutible que diga 'las primas se suben así'", sostiene Patxi Amutio, gerente general de isapre Cruz Blanca.

Al respecto, el ministro vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, dice que "las personas que se sienten afectadas en los programas de salud no tienen otra alternativa que acudir a los tribunales de justicia para reclamar sobre lo que estiman ilegal y arbitrario". Sin embargo, admite que "nos preocupa el alto nivel de judicialización con respecto a los recursos de protección en los planes de isapres" y que "esperamos que los órganos colegisladores atiendan este problema y puedan superarlo por la vía legislativa". Juica agrega que esto "ha significado casi duplicar el ingreso de causas en la Corte Suprema, por lo tanto, si eso se regularizara legalmente, se reduciría ese ingreso y los tribunales dispondrían de más tiempo para atender otras cosas importantes".

¿Sustentabilidad en riesgo?

A este panorama se suma otra incertidumbre: la revisión que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos (SII) para determinar si las costas por los recursos de protección deben o no tributar, decisión que se adoptaría este mes y que, según proyecciones de la industria, implicaría pagar casi $ 38 mil millones por el período 2012 a 2016, una cifra similar a los $ 37 mil millones de utilidades de 2015.

Con todo, las opiniones sobre si el sistema está en crisis o amenazado, están divididas. "Una gran preocupación de las isapres es la posibilidad de que el SII declare que las costas no son gastos necesarios para producir la renta y los rechace, porque es un impacto económico que los dejaría, no sé si knock out, pero semi knock out, estoy seguro", dice Alfredo Schönherr, presidente de Clínicas de Chile, gremio que la semana pasada comunicó a la Superintendencia de Salud su preocupación por la extensión de los plazos de pagos de algunas aseguradoras.

Victoria Beaumont, directora de la consultora Altura Management, plantea que "la judicialización, bajas en las utilidades y este cambio del SII, si se suman, implican que las isapres necesiten manejar estrategias de nuevos ingresos y eso lo debe definir cada una. Qué hacer para adelante es vital. Yo lo veo como una crisis generada por temas exógenos, y eso es complejo. Y si esta industria va a vivir 10 o 20 años más, es una respuesta que tiene el Ejecutivo", plantea, aludiendo al anunciado proyecto de reforma que aún no ha sido enviado al Congreso.

En esa línea, Alejandra Candia, directora del programa social de Libertad y Desarrollo, dice que es necesaria "alguna fórmula de reajuste del precio de los planes, algo que se ha postergado y que resulta costoso para los beneficiarios, en el sentido de que, por no poder reajustarlos, este riesgo de insolvencia podría amenazar el sistema".

Rony Lenz, académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, afirma que "no veo un problema grave. Creo que las isapres están tratando de generar un clima más fatídico para que los prioricen en la agenda. El sistema aún funciona con normalidad, sobretodo porque las isapres están bien normadas desde el punto de vista financiero y cuentan con recursos para hacer cambios en su modelo de negocio. Estaban acostumbrados a traspasar a precios todos los mayores costos del sistema, eso con la judicialización se terminó, y ahora deben administrarlos con mejor gestión".

El economista Andreas Uthoff dice que "el tema de fondo que la ciudadanía debe debatir no es si las isapres van a ganar más o menos dinero, sino si están cumpliendo su rol sanitario, cosa que los tribunales de justicia han puesto en duda". Agrega que "la judicialización obedece a malas prácticas en un mercado obligatorio de seguros individuales de salud. Durante el lapso de estas prácticas, han ganado utilidades sobre el capital del orden de 30 % al año. Esto equivale a poder reponer su capital cada tres años".

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, enfatiza que "si bien es cierto que son más bajas, todavía es una industria que tiene utilidades. Efectivamente, hay un deterioro en los resultados, que tiene que ver con que las isapres no han sido capaces de controlar sus costos, tienen una cartera que está envejeciendo y un modelo de compra y de atención inflacionario". Añade que "un camino es que las isapres sigan en la misma línea, esperando la reforma, y se sigan deteriorando al punto que ésta llegue tarde. Otra vía es que haya un cambio al sistema, con un modelo más eficaz y controlador de costos. La tercera opción y más viable, porque el gobierno ha perdido capital político y demostrado no ser capaz de impulsar una reforma, es que las isapres caminen a la autorregulación para resolver problemas fundamentales y ahí la autoridad reguladora debe colaborar".

Sebastián Pavlovic, superintendente de Salud, afirma que "nosotros miramos con atención la situación de todas las isapres. Lo que vemos es que siempre, incluso hoy, pese a todo el ruido que existe, han cumplido con los indicadores legales. Estamos también atentos a los conflictos que han surgido con algunos prestadores, respecto de las denuncias que se han hecho por problemas de los copagos". La autoridad agregó que si bien se sigue trabajando en la reforma, aún no hay una fecha clara de ingreso al Parlamento.

Con todo, los expertos coinciden en que el reciente reajuste de la prima Auge, que implicará una recaudación anual de casi $ 468.430 millones, equivalentes a un 21,7% de los ingresos por actividades ordinarias del 2015, dará más que un respiro a las finanzas del sector.

Fuente: La Tercera