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Chile se afianza a la cabeza de ranking del BID sobre gestión de recursos humanos en el sector público de América Latina

La primera vez que el país se sometió a la prueba logró 59 puntos de un máximo de 100. Este año consiguió 73, ratificando su primer lugar entre los servicios civiles evaluados.

Fuente: DFPublicado el 11 de diciembre de 2024.

Chile sigue a la cabeza de la gestión de recursos humanos en la administración pública en América Latina, según la más reciente medición que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la institucionalidad del Servicio Civil.

Acorde con la investigación, este liderazgo responde a sucesivas mejoras impulsadas en el país desde la primera vez que se sometió a la medición en 2004, momento en el que se ubicó en el segundo lugar a nivel latinoamericano (con 59 puntos en una escala de 1 a 100) detrás de Brasil.

Ya en 2013 pasó a ser el más desarrollado en la región, reteniendo el liderazgo hasta el reporte en cuestión, correspondiente a 2023, que da cuenta cómo la valoración global del país continúa subiendo, pasando de 67 a 73 puntos.

A modo de referencia, en la última medición Brasil obtuvo 68 puntos, Uruguay 60, Colombia 57, Paraguay 40 y Ecuador 34 puntos.

"Nuestras instituciones públicas son muy robustas al compararlas en el espejo de América Latina", opinó el director nacional del Servicio Civil, Felipe Melo.

Y si bien admitió "que muchos pueden sorprenderse con esta afirmación", acotó que el estudio del BID "muestra evidencia que confirma no sólo nuestro liderazgo regional, sino también nuestro progreso al compararnos con nosotros mismos a través del tiempo. Este informe demuestra que políticas de continuidad como la Alta Dirección Pública (ADP), así como las normas sobre gestión de personas en el empleo público implementadas desde 2016, logran que el país avance".

Lo destacado

El estudio del BID destacó particularmente el esquema ADP, el cual amplió su alcance (desde los 4.536 cargos que seleccionaba en 2013 a 5.007, en 2022) y se perfeccionó gracias a la Ley 20.955 de 2016.

Esta norma, valoró el informe, fortaleció la legitimidad del sistema, optimizó el funcionamiento de los procesos de reclutamiento y selección, estableció una mayor restricción a las solicitudes de renuncia de funcionarios ADP de segundo nivel jerárquico -al exigir que en los primeros seis meses de un nuevo período de gobierno las solicitudes de renuncia se fundamenten e informen ante el Consejo de Alta Dirección Pública-, y reforzó la competencia de la Dirección Nacional del Servicio Civil.

En lo que se refiere a la participación de las mujeres en los concursos ADP, el informe realzó que se han mejorado todos los porcentajes: postulación, nóminas integradas por al menos una mujer y nombramiento de cargos del primer y segundo nivel jerárquicos.

El análisis precisó que 2023 cerró con 182 mujeres nombradas en cargos de la ADP, lo que representa un récord histórico del 41% de todos los nombramientos del sistema y alcanza el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El tamaño del empleo público es otro factor. Aquí la investigación destacó que este ha crecido desde el anterior diagnóstico en números absolutos, así como en porcentaje de la población y de la población económicamente activa, sobre todo empujado por aumentos en Salud y Educación.

No obstante, la investigación del BID señaló que "sigue situándose entre los de menor tamaño de la región" y agregó que aunque el gasto en personal ha subido un 35,8%, el porcentaje que representa respecto del gasto público se ha reducido y el que representa respecto del producto interno bruto (PIB) se ha mantenido constante.

"El desafío es seguir velando por el equilibrio entre un crecimiento del empleo público, según necesidades específicas, y la responsabilidad fiscal", agregó el texto.

En reporte también destacó la extendida capacidad de elaborar perfiles de cargos. "El reclutamiento a través del portal Empleos Públicos y la postulación en línea por medio del mismo portal han crecido significativamente y su uso se ha generalizado, en beneficio de la información, la transparencia y la igualdad de oportunidades", menciona el informe.

La participación de las asociaciones de funcionarios en diversos espacios de diálogo es otra característica que relevan, asegurando que esto "dota de legitimidad" al servicio civil chileno. Por otro lado, el BID identificó la necesidad de promover la modificación de la legislación para unificar o armonizar las diversas calidades jurídicas existentes (funcionarios a planta, contrata y honorarios). "El reto se centra en modificar la legislación unificando o armonizando estos regímenes, a los que habría que añadir el del Código del Trabajo (CT), de modo de sumar el respeto de los derechos laborales y los estándares de empleo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la flexibilidad organizacional necesaria para responder a los desafíos del entorno", se lee en el documento.

Tras los resultados, para Melo "es clave corregir nuestro pesimismo por una mirada más equilibrada, que valore adecuadamente nuestros avances y desafíos pendientes. Al hablar del sector público chileno, estamos acostumbrados a oír opiniones demasiado críticas. Efectivamente hay mucho por corregir, pero los avances son numerosos y difíciles de refutar".

Por su lado, la representante en Chile del BID y gerente general del departamento de países del Cono Sur, Florencia Attademo-Hirt, expuso que "el estudio presenta varios ejemplos en los que Chile se convierte en una referencia para América Latina. Ese es el caso del Sistema de Alta Dirección Pública (conocido como ADP), que ha contribuido a cerrar las brechas de género en el sistema".

Fuente: DF

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