Reajuste del sector público: oposición anticipa que rechazará alza salarial que piden los trabajadores

Este viernes a las 15 horas, el gobierno, representado por los ministerios de Hacienda y del Trabajo, se reunirán con las 16 organizaciones de funcionarios públicos para iniciar la negociación por el reajuste salarial. Y si bien el foco siempre está puesto en el porcentaje de reajuste que pedirán, este año se sumará otro ingrediente que anticipa que la discusión no será fácil.

Lo primero que estará sobre la mesa es la petición de reajuste salarial de 7,5% nominal, el cual incluye un 3% real, es decir, sobre la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Pero el segundo gran tema y que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, lo definió como "muy importante" es la estabilidad laboral de los trabajadores públicos.

Esto, por cambio de criterio que estableció la nueva Contralora Dorothy Pérez, quien en un dictamen estableció que aquellos trabajadores que quieran alegar confianza legítima ante despidos en la administración del Estado ya no podrán hacerlo en el ente contralor, sino que deberán realizarlo vía recurso de protección en las cortes de apelaciones, quienes en sus últimos fallos han establecido que la confianza legítima se considera después de cinco años.

Con ello se deja sin efecto el criterio Bermúdez (del excontralor Jorge Bermúdez), quien estableció vía dictamen que, si a un trabajador público se le extendía el contrato por más de dos años, entonces ese funcionario gozaba de la confianza legítima, es decir, renovar su contrata.

La negociación por el reajuste salarial debe ingresar en a principios de diciembre a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para iniciar su tramitación en el Congreso. Por lo mismo la visión de los legisladores cobra mayor importancia.

El reajuste

Entre los diputados que conforman la Comisión de Hacienda hay posiciones diferentes ante la cifra planteada por las organizaciones de funcionarios públicos. Mientras algunos consideran que no es viable en el escenario económico actual, otros sostienen que es un incremento justo.

"Se ve complicado el hecho de que el gobierno pueda cumplir con esa demanda", asegura Ricardo Cifuentes, diputado de la DC. "Al inicio de la discusión Presupuestaría el propio ministro de Hacienda tuvo que reconocer que había que tener un Presupuesto más bien apretado".

El diputado Cifuentes asevera que "yo voy a estar siempre en la mejor disposición para apoyar a los funcionarios públicos", pero considera que finalmente se aprobará un reajuste muy debajo de lo planteado por las organizaciones de funcionarios. "Lo que Hacienda ha planteado son cifras más bien menores al 2%", señala.

Jaime Naranjo, coincide en esa opinión. El parlamentario sostiene que "puede ser legítima la aspiración de los funcionarios públicos, pero parece poco razonable". Además, agrega que "el reajuste del sector público tiene un efecto colateral en la economía ya que sirve de antecedente para el sector privado y la economía en general".

Para el diputado Naranjo un reajuste razonable sería "IPC más un 2%, parece prudente".

A su vez, el diputado Miguel Mellado (RN) sostiene que "lo que ellos están pidiendo, no creo que calce hoy con lo que está viviendo el país". El parlamentario espera "que el Ejecutivo negocie algo razonable, que es el que maneja las finanzas públicas, que esté de acuerdo a lo que está viviendo el país en estos momentos".

En ese sentido, el diputado Mellado detalla que el incremento salarial de los funcionarios fiscales "no puede ser un número mayor a la inflación anual".

Mientras que el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, señala que los salarios del sector público deberían aumentar un 2,2%, en línea con la expansión del PIB. "Si esa es la expectativa de crecimiento, el reajuste no debería superar eso".

"Los funcionarios públicos deberían moderar sus expectativas y ponerse en el lugar de muchos chilenos que en este minuto ven que la situación económica no es buena", comenta el diputado.

En el oficialismo, tiene una postura distinta el diputado Boris Barrera, (PC) quien está de acuerdo con el porcentaje de aumento propuesto por las organizaciones. "Es justo, pensando en que el Estado tiene que ser un buen empleador", sostiene el parlamentario.

Barrera explica que "el INE nos dice que, a septiembre de 2024, los salarios del sector privado han crecido de manera real 3,5%, por sobre la inflación. Por lo tanto, el que el sector público esté pidiendo solamente un 3% es menos de lo que ha crecido en el sector privado", enfatizando en que es un incentivo para evitar que los trabajadores del sector público se vayan a trabajar al sector privado.

En la misma línea, la diputada Gael Yeomans, (Frente Amplio) señala que "respaldaremos los acuerdos a los que llegue el Ejecutivo y la ANEF", ya que no es solo el reajuste lo que se está discutiendo, sino "una serie de acuerdos para mejorar la función pública", declara la parlamentaria.

Por su parte, el diputado independiente Carlos Bianchi considera que un 3% de reajuste real es razonable y sostiene que "existe total y absoluta consciencia por parte de los actores del sector público de la estrechez económica que tenemos en nuestra economía".

"Hay un encarecimiento del costo de vida, hay inflación, y esa situación efectivamente obliga a que los reajustes también vayan un poco en línea con aquello", afirma el parlamentario.

Empleo público

Ahora bien, la postura de los diputados de oposición sobre la idea de establecer como parte del reajuste un artículo misceláneo volver a la confianza legítima de dos años es negativa y por ello, dicen que en caso de que el gobierno la incorpore la rechazarán.

"No es pertinente en esta ley de reajuste sector público", afirma Mellado, mientras que Frank Sauerbaum, diputado RN, añade que "incorporarla en esta ley de reajuste no nos dará el tiempo para debatirla con el tiempo que se requiere y por ello, no lo veo recomendable". Y Romero puntualiza que "una discusión de esta naturaleza tiene que estar en el marco de una discusión de la modernización del Estado y no en una ley de reajuste".

Fuente: La Tercera-Pulso