Homologación internacional y franquicias tributarias: la apuesta del Gobierno para reformar la certificación de los trabajadores

Profesionalizar y robustecer el sistema de certificación laboral. Ese es el objetivo del proyecto que presentó el Ministerio del Trabajo hace unas semanas para potenciar a ChileValora, entidad a cargo de reconocer formalmente las competencias laborales de las personas mediante la certificación, independientemente de la forma en que las personas hayan adquirido los conocimientos y de si tienen o no un título o grado académico.

Se trata de una iniciativa que está directamente relacionada con la agenda de productividad que presentó el Ejecutivo a inicios del presente año, la cual incluía una medida que apunta a la necesidad de aumentar las competencias y habilidades de los trabajadores para mejorar la empleabilidad de los grupos más rezagados.El proyecto fue aprobado ayer por la unanimidad de la comisión de Trabajo de la Cámara y ahora deberá ser analizado por la comisión de Hacienda de la Corporación.

"Estamos muy contentos y agradecidos por este apoyo unánime y transversal a la modernización de ChileValora que favorece el empleo, ya que la certificación de ChileValora, al reconocer el saber hacer de las personas con o sin conocimientos formales, permite que las empresas tengan certeza de que contratan a la persona idónea. Esto favorece la empleabilidad de trabajadores y trabajadoras y favorece también la productividad de las empresas. Por lo mismo, la CUT, la CPC y la Conapyme respaldan este proyecto", celebró tras la cita la secretaria ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo.

Los ejes

El texto ingresado al Congreso es extenso, y plantea una serie de objetivos.

Uno de los pilares apunta a facilitar el acceso a la certificación laboral. Para conseguirlo, se propone financiar la totalidad de la certificación laboral a través de la franquicia tributaria.

La ley N° 20.267 -que crea el sistema de certificación laboral- permite a las empresas financiar los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales de sus trabajadores a través de la franquicia tributaria -establecida en el artículo 36 de la ley N°19.518-. Esto implica que se puede descontar del monto a pagar de impuestos los gastos efectuados en programas de certificación, los que no podrán exceder en el año una suma máxima equivalente al 1% de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el mismo lapso.

Sin embargo, actualmente las empresas deben decidir si usan dicha suma en capacitación o en certificación, aspecto que se produce en condiciones desventajosas para la certificación, ya que a diferencia de la capacitación, en que el 100% del proceso se puede imputar a la franquicia, en la certificación el empleador siempre deberá cofinanciar a lo menos un 10% del costo del proceso, dependiendo del tramo de renta de los trabajadores.

Además, la ley estableció tramos diferentes para la certificación que, en la práctica, implican que un mismo trabajador puede ser financiado en condiciones diferentes, según si se capacita o se certifica.

Por estas razones, el proyecto apunta a equiparar las condiciones de uso de la franquicia tributaria para ambos casos, permitiendo un incentivo a los procesos de certificación que genera también impactos positivos en la búsqueda de trabajo por parte de las personas trabajadoras y las empresas.

Otro objetivo de la propuesta, apunta a descentralizar ChileValora, asignándole recursos para iniciar el proceso de regionalización a través de la instalación de oficinas por parte de la entidad, ya que actualmente cuenta con solo un funcionario por región.

También, se busca avanzar en mejoras en las condiciones de intermediación. Actualmente, la ley 20.267 establece que los organismos técnicos intermedios para capacitación (OTIC) servirán de nexo entre las empresas y las entidades certificadoras, otorgándoles el rol de intermediación de los recursos que son destinados por las empresas a la evaluación y certificación de competencias laborales.

Sin embargo, las condiciones de intermediación desincentivan la participación de los OTIC, ya que son menos favorables que las establecidas para el sistema de capacitación, aspecto que se busca resolver a través de la equiparación de las condiciones de intermediación en la certificación de competencias laborales.

También se busca profesionalizar el rol de la comisión. En la actualidad, en virtud de un convenio suscrito con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), ChileValora elabora planes formativos y rutas formativo-laborales para los perfiles ocupacionales que se levantan en el marco del Sistema, eje que se quiere formalizar a través del reconocimiento expreso de esta facultad legal a la comisión.

En esta línea, y considerando el contexto de apertura internacional y el aumento significativo de la población migrante, el proyecto plantea que "es deseable poder avanzar en convenios de homologación con otros países, para el reconocimiento recíproco de las certificaciones de competencias laborales otorgadas". Así, para conseguir esto, se busca dotar de facultades de reconocimiento y certificación de competencias laborales al órgano regulador de la política pública, a objeto que pueda responder a estos desafíos.

La propuesta también plantea establecer un financiamiento institucional directamente a través de la Ley de Presupuestos y avanzar en mejor regulación y desempeño de los centros evaluadores acreditados por ChileValora, entre otros.

Fuente: DF