Clínicas estiman que reforma a la salud podría ocasionar el cierre de prestadores

Mientras en el Ministerio de Salud realizan todos los esfuerzos para entregar en septiembre el proyecto de ley de reforma a la salud privada a la Presidenta Bachelet, según compromiso autoimpuesto por la ministra Carmen Castillo, desde el sector privado continúan observando con reticencia los alcances que podría generar la iniciativa. En primera instancia, fueron las isapres las que acusaron que las medidas que plantea el Ejecutivo, como eliminar la declaración de salud y la creación de un fondo mancomunado, produciría un colapso de las aseguradoras, escenario que es compartido por las clínicas privadas. En esa línea, Ana María Albornoz, gerente general de la Asociación de Clínicas y quien participó en la primera mesa de trabajo que reunió el Ejecutivo el año pasado para trabajar en el proyecto, aseguró que a poco andar se percató que había una segunda intención en la iniciativa: "Se planteaba una reforma estructural del sector y eso implicaba dejar al ámbito privado a la mínima expresión, creo que eso no es algo que la gente merece", señaló.

Para la ejecutiva, los pacientes merecen una atención adecuada y oportuna y en tal sentido la eliminación de las discriminaciones en el acceso a la salud es positivo, pero en el caso específico del fin de la declaración de salud, "es preocupante que se tome esta decisión sin estudios necesarios para medir el impacto, porque parece una buena cosa cuando la dices, pero cuando sólo te imaginas lo que va a pasar es muy grave, porque entiendo que las autoridades no han sido claras en las estimaciones", aseguró. "Va a existir un grupo muy importante de personas que ahora están en listas de espera en el aparato público que, viendo esta puerta abierta para atenderse, lo más lógico es que decidan pasar ese umbral e incorporarse al sistema isapre, si no le van a pedir ningún requisito", dijo.

Ante la ausencia de cifras y estudios que sustenten las propuestas del Ejecutivo, Albornoz considera que es una señal de que han acogido las advertencias de los efectos de algunas propuestas: "Es una decisión que habla de responsabilidad", señaló.

Una situación que preocupa a las clínicas es la creación de una red cerrada de prestadores, cuya iniciativa, según la ejecutiva, atenta contra la libertad de las personas: "Es necesario que la gente pueda mantener la posibilidad de atenderse en clínicas y entidades que no formen parte de la red", postuló. En esa línea, dijo entender que las prestaciones del plan se tienen que dar en una red, pero "también postulamos que si la isapre tiene un determinado gasto que va a hacer en las personas para que se atiendan en una red determinada, consideramos que es justo también que el asegurador entregue esa misma cobertura, en cantidad de recursos, a un prestador que no está en la red y al que la gente quiere acudir", manifestó.

Sobre la fijación de un tope al copago de los afiliados, la líder gremial aseguró que ello requiere un estudio financiero para ver su efectividad, porque puede tener un alto impacto. "Los seguros complementarios actualmente permiten que las personas se cubran de eventos catastróficos, pero si tu maximizas sin considerar que la gente puede llegar un tope y que de ahí en adelante queda pagando nada, se podría ver una escalada en las prestaciones", dijo.

En ese sentido, adelantó que las Clínicas se verían perjudicadas por la reforma, porque las isapres necesitan correcciones, pero su eliminación no es beneficiosa para nadie. A su vez, estimó que podrían haber cierres de clínicas porque "las personas tendrían dos caminos, funcionar a pérdidas o evolucionar a otro servicios, más de nichos, disminuir las cosas complejas", agregó.

En tanto, Albornoz apuntó a desmitificar el mito que comprar a una entidad privada es más caro que el sector público: "Los hospitales están endeudados porque a la larga tienen que pagar por las atenciones que se hacen, siempre están como al debe". Para la ejecutiva, si el aparato público estimara bien los costos podrían perfectamente saber cuánto le cuesta atender una prestación. "Podrían salir a comprar prestaciones al sector privado vía licitaciones y encontrarían una oferta adecuada a la disposición de recursos a aplicar. Si salen al mercado y preguntan quién puede entregar esta a prestación a tal valor, créeme que encontrarían respuesta", enfatizó. "El Estado sabe que puede comprar bien, lo que falta es mayor voluntad de resolver los problemas de la gente", agregó.

Fuente: Pulso