Piden transparentar metodología usada para calcular monto que isapres deberían devolver

Quizás uno de los principales puntos que ha generado debate en torno a cómo se implementará la sentencia de la Corte Suprema, que obliga a la utilización de una tabla única de factores para que las isapres calculen el precio de los planes de sus afiliados y devuelvan posibles cobros indebidos, es la cifra que, según la Superintendencia de Salud, deberían devolver las aseguradoras. Es decir, los más de US$ 1.400 millones.

Esto ya que ese monto equivale a toda la utilidad del sistema en más de 30 años de funcionamiento, lo que de acuerdo al gremio de las isapres y distintos expertos, sería la lápida para el sistema, lo que a su vez podría generar una crisis entre los prestadores privados y por consiguiente, para todo el sistema de salud chileno.

Como este monto parece ser el punto de tope para implementar la sentencia y al mismo tiempo darle viabilidad al sistema de isapres, distintos expertos han planteado la necesidad de revisar los cálculos realizados por la autoridad sanitaria. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, señala que "dadas las consecuencias de un cálculo inadecuado para todo el sistema de salud, en ese contexto la superintendencia no ha sido transparente, no ha entregado su base de cálculo como lo hace siempre, ha dado datos que son contradictorios".

Mañalich añade que "la Contraloría debe pronunciarse y el Gobierno debería contratar uno o dos auditores independientes para calcular bien de qué estamos hablando. No puede ocurrir que a las isapres se les pida que calculen. Porque si hablamos de US$ 400 millones, de US$ 600 millones o US$ 1.400 son cosas muy diferentes".

Emilio Santelices, exministro de Salud y miembro del comité ejecutivo CIPS-UDD, concuerda en que la "base de toda la discusión, el hecho que se entregue una cifra y nadie haya conocido la memoria de cálculo, a lo menos genera sospecha. La trascendencia que tiene esta situación merece que todos sepan cómo se calculó la cifra que se entregó, más aun cuando todo esto estuvo rodeado de una discusión que duró varios meses, en donde la cifra no se dio. Hay que terminar con la caja negra".

Durante los meses de discusión previos a la presentación del proyecto de ley corta, algunas exautoridades plantearon formar una comisión de expertos para analizar la metodología que se utilizaría para realizar el cálculo. El exsuperintendente de Salud y director de Isapre Esencial, Manuel Inostroza, recuerda que "nosotros estábamos disponibles para ser convocados a una comisión de trabajo que definiera una metodologías de cálculo, pero eso nunca ocurrió".

Inostroza agrega que "ya sea que lo haga la Contraloría o se exponga la metodología a expertos en el área, hay que transparentar el cálculo. Porque es absolutamente posible tener técnica y jurídicamente otra cifra a la que presentó la Superintendencia de Salud. No hay que dar por cierto ningún monto. Lamentablemente, el Gobierno dio por cierto un monto, que genera expectativas, pero sobre la base de una metodología que no ha sido discutida, que no ha sido transparentara, que no ha sido validad, ni presentada públicamente".

Juan Carlos Said, médico internista de la Universidad de Chile y magíster en Salud Pública, apunta a que "hay una cifra que requiere revisar 1,5 millones de contratos y ver qué es lo que pasó con esos afiliados, por lo que es un trabajo bastante arduo y necesitamos que sea la cifra más precisa posible. Es clave que se haga todo de la forma más transparente posible, pero no me parece una cifra descabellada. Además, incluso si fuera la mitad, igual sigue siendo un monto extremadamente alto".

Said explica que "si uno piensa en un incremento de US$ 20 por plan y que se mantuvo por 24 meses, al cabo de dos años fácilmente son US$ 720 millones, basta con subirlo al doble para llegar a US$1.400 millones. Es decir, es una cifra muy grande, pero es porque se acumuló por mucho tiempo".

Cabe recordar que el superintendente de Salud, Víctor Torres, dijo la semana pasada, en la comisión de Salud del Senado, que como entidad "tenemos plena disposición, a partir de la próxima semana, si así lo estima la comisión, de que puedan venir los equipos técnicos a dar explicación y ver lo de la memoria de cálculo respectiva".. Sin embargo, a la fecha, la comisión no ha solicitado antecedentes, por lo que la superintendencia no ha entregado los datos.

Fuente: El Mercurio