Ximena Rincón y ley corta de isapres: “El proyecto del gobierno no da certezas a la ciudadanía”

Ley corta de isapres patrocinada por el gobierno, por un lado. Por otro, reforma constitucional propuesta por los senadores Rincón, Walker, Chahuán, Galilea y Macaya. ¿Qué buscan ambos proyectos? Cumplir con el fallo de noviembre de 2022 de la Corte Suprema que mandata a las isapres aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso desde abril de 2020.

La reforma aprobada en la Comisión de Constitución la semana pasada incorpora una disposición transitoria que permite que las isapres aumenten sus precios bases en todos aquellos planes que la aplicación de la nueva tabla de factores bajaría los precios; además, la Superintendencia de Salud establecerá un procedimiento de devolución en caso que las compañías tengan que devolver eventuales excedentes pagados por los afiliados, aplicando el nuevo precio de manera retroactiva. Y para eso, deberá fijar los plazos y medidas necesarias para cumplir estas normas.

Ley corta de isapres vs. reforma constitucional: en qué se diferencian las dos propuestas para cumplir el fallo de la Suprema

"Cuando uno revisa el fallo de la Corte Suprema y revisa el proyecto de reforma constitucional que presentamos en diciembre de 2022, uno se puede dar cuenta en cada uno de los incisos de la propuesta de este proyecto efectivamente lo que hace es dar cumplimiento al fallo y lo hace además de manera general", dice la senadora Ximena Rincón (Demócratas).

Entonces, usted plantea que este proyecto sí cumpliría con el fallo...

Por ejemplo, el fallo dice que se debe dejar sin efectos para todos los contratos las tablas de factores de riesgo de las isapres, lo que nosotros hacemos con el proyecto es dar efecto general a la tabla de factores de la circular 343. Cuando la corte dice que la recurrida debe calcular el precio del contrato aplicando la tabla de la circular, es lo que nosotros estamos haciendo. Y así puedo ir nombrando cada uno de los acápites del fallo y de los incisos del proyecto.

Nosotros lo que estamos diciendo es que este recálculo, que es el que ordena la Corte, no puede en ningún caso significar un alza para las personas. Además señalamos que el objetivo del proyecto es dar cumplimiento al fallo de la Corte, pero al mismo tiempo también es dar certezas a las personas de dos cosas: recibir la plata que se les debe y que no van a dejar de recibir las prestaciones. Porque lo peor que puede pasar es que las isapres entren en insolvencia y no devuelvan nada, y que además se deje de contar con los prestadores, más aún cuando en el sistema público tenemos más de dos millones de personas en espera.

¿Es viable el proyecto de reforma?

Sí, toda la viabilidad del mundo en la medida que se entienda la urgencia y gravedad de la situación y si el Presidente y el gobierno es consistente con lo que dijo de que está abierto a poder conversar y de ver las alternativas que hay encima de la mesa. Y es importante que se sepa que nuestra propuesta es de diciembre del año pasado, un mes después de que la Corte sacó su fallo.

Hay muchas críticas al proyecto y advierten que no cumpliría el fallo. ¿Qué le parece?

Que no se han leído la propuesta.

¿Y qué le parece la propuesta del gobierno?

Que chutea al córner el tema y que no da respuesta al problema; que tal como lo dice el propio proyecto, son inviables las isapres y eso significa que en el escenario adverso que se declarara la insolvencia o intervenidas por la Superintendencia, esos recursos van al Estado y no a las personas y se saltan en la preferencia normal e irían a pagar en las prelaciones antes a las clínicas (…) y eso entra a competir de manera absolutamente desleal respecto de lo que tuviera que ocurrir. Pero lo más grave es que estos dineros no van a estar para pagar la deuda que eventualmente exista por un mayor pago de lo que la Corte ordenó, y debiera recalcularse.

Las isapres dicen que este proyecto las sentencia a morir. ¿Cree lo mismo?

Hemos pedido hasta el cansancio al Superintendente la fórmula de cálculo de la deuda, la base que se ha hecho y la auditoría que supongo que hizo, pero aún no contamos con esa información. Yo no estuve en la última sesión, pero me comentaron que el superintendente habría ofrecido una reunión para explicar cómo lo hizo. Yo no quiero que me explique, quiero que me pase los antecedentes para revisarlos.

¿Tienen dudas con los números?

No es que tengamos dudas, queremos verlos. Queremos ver cómo se estimó esta deuda (US$ 1.400 millones) y así poder tener claridad de lo que estamos hablando. Si hay algo que hoy le importa a la ciudadanía es la transparencia y la seriedad, por lo tanto lo que le corresponde a la autoridad es que entregue esa información.

¿Qué tan grave es la situación y qué tan rápido hay que resolver esta crisis?

Dependiendo de los caminos que se tomen, pueden ser gravísimas. Dejar a la ciudadanía sin respuesta en salud, obligar a la ciudadanía y prohibirle la libertad de elegir... creo que a esta altura deberían tener claro en el gobierno que a la ciudadanía no le gusta.

¿Por qué dice lo de la prohibición de elegir? ¿Por la modalidad que propone la ley corta?

No sabemos si vamos a tener esa modalidad de elección. Si alguien tiene una patología catastrófica, como un cáncer, ¿quién lo va a asegurar?, ¿quién del gobierno puede asegurar que una persona que hoy es GES y que está en una isapre y tiene cobertura, va a tener la misma cobertura en un asegurador privado? ¿Quién lo va a asegurar? El proyecto del gobierno dice que se licita dos veces, pero si no hay oferentes, se adjudica. ¿Qué prestador va a tomar una cartera con patologías como el cáncer? ¿Qué libertad de elegir tienen?

¿Y los votos?

Tal como está el proyecto del gobierno no lo voy a respaldar, porque no da certezas a la ciudadanía, sobre devolver los dineros a las personas, porque eso se tiene que garantizar. Tampoco da certeza respecto a si van a poder tener prestaciones médicas. Hay que pensar que las isapres no solo le deben plata a los afiliados, sino que les deben 500 millones de dólares a los prestadores privados y esos prestadores también le dan atención a quienes están en el sistema público. Si colapsa el sistema, colapsa para los que están Fonasa y los que están isapres.

Fuente: La Tercera-Pulso