Clínicas se suman a cuestionamientos a la ley corta de isapres: “Está lejos de resolver el problema y alerta sobre un posible colapso”

En una verdadera cumbre de autoridades en salud, gremios y expertos, se convirtió la sesión de ayer de la comisión sectorial del Senado que analizó la propuesta de ley corta que busca dar una salida a la crisis de las isapres e instruir el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema por tabla de factores.

Junto a la ministra de Salud Ximena Aguilera, el superintendente Víctor Torres, el director de Fonasa, Camilo Cid, más los integrantes de la comisión encabezados por el senador Francisco Chahuán, en la oportunidad intervinieron el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, su par de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza y el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Tomás Lagomarsino. A ellos se sumaron autoridades de administraciones pasadas como los extitulares del Minsal Enrique Paris, Emilio Santelices, Álvaro Erazo y Osvaldo Artaza; los exsubsecretarios Paula Daza y Ricardo Fábrega, y los exsuperintendentes Sebastián Pavlovic y Héctor Sánchez como voceros del grupo de exreguladores del sector que trabajan en propuestas para contener la crisis de las isapres.

Junto con reconocer que se trata de "un tema complejo que implica un riesgo de efecto sistémico al sector salud", y que el mandato del dictamen de la Corte Suprema por tabla de factores "es bastante desafiante desde el punto de vista financiero", la ministra Aguilera explicó que la base de la propuesta de ley corta apunta a "evitar el efecto que tiene cumplimiento, al mismo tiempo de las devoluciones de los cobros en exceso aplicados desde abril de 2020, la suspensión del cobro de los menores de dos años y de no subir el precio final de los planes de las isapres".

Al respecto, la secretaria de Estado dijo que la cartera estará en condiciones de dar a conocer los modelamientos de la propuesta "probablemente a principios de la semana que viene", en paralelo al avance en el borrador con los asesores parlamentarios para así "entrar con el proyecto a fines de marzo o, a más tardar, en la primera semana de abril".

Argumentos de las isapres

En la instancia, el presidente del gremio de las aseguradoras reiteró su oposición a la ley corta: "la propuesta del Gobierno no solo no soluciona el problema, sino que arriesga el cierre de isapres". Aludiendo a las cifras que han trascendido sobre la magnitud de la devolución global a los afiliados en torno a US$ 1.400 millones, Gonzalo Simón subrayó que "el monto es elevadísimo y no es abordable ya que equivale a cuatro veces el patrimonio de las isapres, cuya última línea durante diez años fue de US$ 40 millones. Recuperar eso con el nivel de incertidumbre que hoy existe no es factible".

Además, sobre la exigencia que se hará a las isapres en materia de baja de costos, sostuvo que "se exige un esfuerzo notable que significa bajar los costos de atención de salud, de licencias médicas y de administración, y eso nos parece que era una materia muy delicada".

Junto con afirmar que "los cambios que se le están pidiendo al sistema en un plazo muy breve son más bien materia de una reforma", Simon insistió en que la solución debe "atender la contingencia mediante correcciones exclusivamente para cumplir con el fallo, teniendo presente que hay una línea que corre desde abril de 2020 en adelante y no hacia atrás". Desde este punto señaló: "los cobros efectuados por las isapres siempre se han ajustado a la normativa vigente y único que han hecho es cumplir con la ley".

Crítica de los prestadores

A una semana de que el Minsal presentara las bases del proyecto de ley corta, las clínicas valoraron la iniciativa pero cuestionaron su viabilidad como solución a la crisis de las isapres. "Cuando se hace mención a una gran cifra que básicamente responde a la necesidad de devolver los excesos de cobros que se han realizado, esta propuesta adolece de un pilar fundamental que tiene que ver con la deuda que mantiene el sector asegurador con los prestadores privados, que alcanza a del orden de $500 mil millones, con un incremento muy relevante en 2022", señaló Gonzalo Grebe.

Indicó que esa deuda "no se está abordado como un compromiso de regularización para que el sistema siga funcionando en normalidad y no enfrentemos una crisis de liquidez -que ya estamos evidenciando- poniendo en riesgo la continuidad operacional de los prestadores".

Luego, a través de un comunicado, el gremio profundizó su crítica a la ley corta afirmando que "la propuesta está lejos de resolver el problema y nos alerta sobre un posible colapso, cada vez más inminente, del sistema de salud".

Así, instó a que el diseño "priorice la continuidad operacional de todas las clínicas y, para eso, es imprescindible que las garantías existentes para las deudas con los prestadores sean debidamente resguardadas por la autoridad y se definan mecanismos que permitan su disponibilidad efectiva e inmediata en caso de un colapso del sistema". Por ello, recalcó que la propuesta debe fundarse sobre "un claro y sólido respaldo técnico que permita su viabilidad y factibilidad, ya que las certezas son urgentes".

Fuente: DF