Comisión asesora de salario mínimo estudia cambiar discusión de reajuste de junio a enero

El 10 de octubre de 2014 los entonces ministros de Hacienda, Alberto Arenas, y del Trabajo, Javiera Blanco, anunciaron la creación de la Comisión Asesora Salarial del Mercado del Trabajo, instancia que estudiaría las materias de política de sueldos y en especial lo relacionado a futuros incrementos del salario mínimo.

El acuerdo con la Central Unitaria de Trabajdores, CUT, que contempló la creación de esta comisión tripartita de 15 integrantes, consideró que a contar del 1 de enero de 2016 el sueldo mínimo tendrá un valor de $250.000 -hoy de $241.000-. A mitad del próximo año, entonces, se debería volver a negociar un incremento del monto, bajo la premisa de que el debate se dará en el marco de una nueva institucionalidad.

Sin embargo, uno de los planteamientos preliminares de la instancia asesora que en abril entregó un informe sobre la situación salarial del país y que por estos días avanza en una propuesta para presentar el último trimestre del año, es que el debate del reajuste ya no se realice a mediados de año, sino que a comienzos de cada ejercicio, preferentemente en enero. Pese a que no hay un calendario establecido por ley, habitualmente este debate se da en el mes de junio para que el incremento empiece a regir desde el 1 de julio.

Otra de las medidas que se evalúa es institucionalizar una comisión tripartita que sugiera un reajuste a las autoridades. Este es un mecanismo que también fue propuesto en 2012 en el acuerdo de voluntades suscrito por la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, y la CUT; y también por la comisión Meller en 2008 durante el primer Gobierno de Bachelet.

Respecto al objetivo de que un trabajador formal no se ubique en la línea de la pobreza, se ha conversado sobre la posibilidad de incorporar como factor al debate el valor de la línea de la pobreza que actualiza el Ministerio de Desarrollo Social. Además se estudia la entrega de subsidios monetarios por medio de asignaciones.

También se recomendaría una política de Estado para fomentar la oferta y demanda de trabajadores vulnerables, que incluya una mayor articulación con el Sence, y una reestructuración a gran escala de las Oficinas de Intermediación Laboral (OMIL) que están en los municipios. Hoy existe una evaluación insuficiente de su labor.

Deserciones

La instancia - que fue convenida en julio de 2010 por el Gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el marco del acuerdo para el reajuste del sueldo básico- estuvo integrada originalmente por 14 miembros, divididos en representantes del Ejecutivo, organizaciones de trabajadores, gremios empresariales, expertos y académicos. Se designó como presidente de la comisión a Cristóbal Huneeus, economista y asesor del Ministerio del Trabajo.

Sin embargo, a 10 meses de su conformación, la instancia ha sufrido tres impasses: las renuncias hace unos meses de la economista de la Universidad del Desarrollo (UDD), Francisca Dussaillant; del presidente de la Federación de Sindicatos de Unilever y consejero de la CUT, Claudio Urrutia; y el recambio del dirigente de Conupia Roberto Rojas por el economista Iván Vuskovic.

Trascendió que la salida de la experta de la UDD se debió a motivos personales, mientras que la dimisión del delegado de la multisindical se explicó por diferencias de fondo con el objetivo y planificación de la comisión.

"Planteé mi renuncia por medio de la mesa de la CUT, porque considero que no es posible llegar a un acuerdo de salario mínimo con una metodología que termine en un algoritmo donde no haya paridad entre las partes", dijo Urrutia.

Sostuvo que "no se dieron las condiciones para generar un debate más acotado a la realidad chilena, respecto de una política salarial que terminará en un algoritmo, donde la finalidad presunta es que los salarios mínimos en Chile tengan un tratamiento parecido a la lógica de cálculo del IPC. Esto puso el debate del salario mínimo a un nivel muy técnico, con un contenido carente de la realidad laboral, social y con una capacidad sindical restringida".

Urrutia afirmó que "se le fijó una meta a la Comisión de proponer una fórmula para superar la línea de la pobreza ($361.310, según la Casen 2013). Es un objetivo díficil de cumplir. Creemos que para superar la pobreza no sólo sirve el salario mínimo, sino que hay otros indicadores que deben ser tomados en cuenta, como la negociación colectiva, mejoras en la repartición de la riqueza y la inclusión del trabajo informal".

Fuente: Pulso