Listas de espera: 55,5% de las prestaciones GES atrasadas tienen relación con el diagnóstico de cáncer

Desde hace meses que las cifras y las autoridades dan cuenta de que las listas de espera actuales son las más abultadas de los últimos años, y dentro de eso las patologías del Auge/GES son las que más crecieron. De acuerdo al informe que envió el Ministerio de Salud al Congreso, al 30 de septiembre de 2021 la cantidad de tratamientos postergados era de 49.088, mientras que al 30 de septiembre de 2022 las garantías retrasadas marcaron 70.363. Es decir, en un año se produjo un incremento de 43% (21.275).

Dentro de las patologías retrasadas hay diversos tipos de cáncer, una situación que preocupa a los expertos. Y de acuerdo a los datos de la cartera sanitaria, a mediados de 2021 había 8.098 personas con esa enfermedad esperando ser atendidas. Esta cifra subió a 14.680 en 2022, configurándose un aumento de 81%. Eso sí, hay que tener en cuenta que el GES cubre diversas prestaciones, desde el diagnóstico hasta el seguimiento de los pacientes.

De acuerdo a un informe realizado por el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, el 55,5% (8.141) de las garantías retrasadas tiene relación con las canastas asociadas al diagnóstico de la enfermedad. En tanto, 25,8% (3.794) están retrasadas por tratamiento, 17,5% (2.567) por tamizaje y 1,2% por seguimiento (178). En cuanto a la intervención de rehabilitación en esta enfermedad, no hay registro de retrasos.

En diagnóstico, donde más retrasos hay, el estudio da cuenta que el 22,7% (1.849) pertenecen a cáncer gástrico, 22,4% (1.820) por cáncer de mama, 20,1% (1.635) por cáncer cervicouterino, 17,8% (1.447) por cáncer colorrectal en personas de 15 años y más y 5,3% (433) por cáncer de pulmón. Además, las cifras también advierten que de las 8.141 garantías por diagnóstico en cáncer, 1.040 son de 2021. Esto quiere decir que este grupo de personas lleva más de un año esperando pasar esta etapa.

La directora ejecutiva del CIPS, Paula Daza, afirma que terminar con estos retrasos es urgente, pues esta etapa es clave: "Que una persona esté esperando el diagnóstico significa que ya ha visto a un profesional de salud y que tiene sospecha de cáncer, ya sea porque tiene la sintomatología o tiene un bulto y esa persona no tiene la comprobación (...). Una persona que todavía no ha confirmado el diagnóstico, cuando lo haga probablemente el cáncer va estar en una etapa más avanzada".

Al igual que la académica y exsubsecretaria, Claudia Gamargo, oncóloga médica y directora médica del Instituto del Cáncer RedSalud, sostiene que "hacer el diagnóstico es de vital importancia, si uno no hace el diagnóstico llegan pacientes con enfermedades más avanzadas y, por lo tanto, las posibilidades de curar son menores que cuando uno diagnostica antes".

La especialista agrega que si el cáncer no es pesquisado a tiempo, se transforma en una enfermedad mortal. De hecho, los decesos por cáncer ya iban en aumento desde antes de la pandemia y, según estadísticas Vitales 2019 del INE -el informe más actualizado-, por primera vez desde que hay registros en el país los tumores ocupan el primer lugar en causas de muerte, desplazando a las enfermedades del sistema circulatorio, que estuvieron en ese sitial durante los últimos años.

En el caso de las mujeres, es la primera causa desde hace varios años. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 12 mujeres tendrá cáncer de mama, transformándose en la patología más frecuente de su categoría en el mundo. Y, además, de acuerdo a datos de Globocan (proyecto de la International Agency for Research on Cancer, IARC), en Chile durante 2020 se diagnosticaron 55 cánceres de mama por cada 100 mil mujeres y murieron en el año 17,3 por cada 100 mil.

En otros datos que arroja el informe de la Universidad del Desarrollo, hay 3.794 garantías retrasadas en la intervención sanitaria por tratamiento: 20,5% (776) son de cáncer de mama, 15% (570) por cáncer de próstata, 12,8% (484) por cáncer cervicouterino, 12,6% (478) por cáncer colorrectal 15 años y más, y 8,7% (331) cáncer gástrico.

Dennisse Brito, académica en Salud Pública de la Universidad Diego Portales, advierte que "los retrasos en rehabilitación son aún más graves, porque cuando los pacientes no tienen un tratamiento oportuno no solo se pueden agravar, sino que también pueden perder la vida en la espera. Y lamentablemente hemos visto cómo las personas mueren esperando una atención o tratamiento".

Tomar medidas

El pasado fin de semana, el Presidente Gabriel Boric junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dieron a conocer un balance de las estrategias de reducción de tiempos de espera que se han implementado en el país desde que asumió el gobierno, hace 10 meses.

De acuerdo a cifras entregadas por el Presidente Boric, desde diciembre de 2021 a diciembre de 2022 se ha logrado la reducción de casi un 50% en el tiempo de espera en cirugías. Y en el caso de las consultas nuevas de especialidad, "en diciembre de 2021 los pacientes esperaban 353 días y en noviembre de 2022 logramos bajar en 85 días esa cifra", aseguró el Mandatario.

El Presidente destacó, además, la apertura de centros de salud los días sábado, señalando que desde el segundo semestre del 2022, "más de 30 hospitales han abierto sus puertas de Arica a Magallanes". Precisamente, para mantener esa medida es que se destinarán 35 mil millones de pesos.

Eso sí, Daza advierte que es necesario mirar quiénes están con retrasos, especialmente en las garantías relacionadas al cáncer, para actuar conforme a la necesidad: "El ministerio dijo que iba a invertir 35 mil millones en listas de espera y nos parece relevante conocer cuál es esa priorización que va a haber en el corto plazo para responder a estos pacientes que son los que hoy con mayor urgencia requieren una intervención".

La ley determina que si un prestador de la Red GES no cumple con el plazo señalado para la Garantía de Oportunidad de un problema de salud GES que se ha diagnosticado, el paciente o un tercero que lo represente deberá reclamar a Fonasa. Dicha entidad verifica el incumplimiento de la garantía y designa al segundo prestador de la red pública, y en caso de que no exista capacidad, se deriva al sector privado.

Según los datos del CIPS, desde 2018 hasta 2022 se evidencia un incremento de la cantidad de garantías enviadas al segundo prestador: de 2018 a 2019 aumentó 23,7% (de 734 a 908 derivaciones), mientras que en 2021 se observa un cambio drástico en la cantidad de garantías derivadas a segundo prestador, donde hubo variación del 210% (de 891 a 2.770).

Fuente: La Tercera-Pulso