Controlador de Banmédica formaliza activación del mecanismo de resolución de controversias con el Estado chileno

A fines del año pasado Fernando Matthews, gerente general de Empresas Banmédica, la sociedad dueña de isapres Banmédica y Vida Tres, informó al gobierno que su controlador, la estadounidense UnitedHealth Group (UHG), "iniciará mecanismos de resolución de conflictos" establecidos en TLC suscritos por Chile.

Ello, por la "preocupación" de la compañía "frente a la actual situación de las isapres, particularmente agravada por la reciente dictación de sentencias por parte de la Corte Suprema en materia de tabla de factores", según dijo en ese momento Empresas Banmédica en la carta enviada al gobierno.

Y ahora finalmente se hizo realidad. Este lunes UHG y Banmédica S.A. concretaron la solicitud por medio de una carta dirigida al Presidente de la República, Gabriel Boric, con copia a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y a la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

La decisión de la compañía de recurrir a este mecanismo se da no solo como resultado del reciente fallo de la Corte Suprema respecto a las tablas de factores, por el cual la industria ha dicho que se ha agudizado la crisis del sector, sino que también porque desde la empresa ven que han ocurrido diversos hechos que, según acusan, han perjudicado el quehacer de las isapres, así como también a los prestadores de salud que tiene el grupo en Chile.

Entre ellos, argumentan, se encuentran las sentencias judiciales que han impedido ajustar el precio base, el precio GES y el componente del precio asociado a las tablas de factores de los planes de salud; la licencia parental extendida que fue pagada por las isapres durante la pandemia; la falta de revisión y prevención del fraude que ha llevado a millonarios pagos en licencias médicas fraudulentas, entre otros.

Por otro lado, a nivel de prestadores, la empresa acusa daños relacionados al retraso del pago de la deuda de Fonasa y de los Servicios de Salud y el costo asignado a los prestadores privados de salud del descanso reparatorio de los trabajadores de ese sector.

Así, la misiva enviada al Presidente Boric fundamenta que el Estado de Chile ha incurrido en una serie de acciones y omisiones que han dañado y continúan dañando la inversión de UHG y el valor de Banmédica, lo que a juicio de UHG constituye una violación a sus obligaciones bajo el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Gran Bretaña y Chile (1997); incluyendo la de garantizar en todo momento a los inversionistas un trato justo y equitativo, permitirles gozar de plena protección y seguridad en Chile y abstenerse de adoptar medidas con efecto expropiatorio sin la debida compensación.

UHG y Banmédica se encuentran siendo asesorados en este proceso por el estudio Claro y Cia. y el bufete internacional Hogan Lovells.

El mecanismo de resolución de controversias establece un periodo de al menos tres meses para buscar una solución amistosa, antes de llevar el caso a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

UHG llegó a Chile en diciembre 2017 con una inversión de US$ 2,8 mil millones de la época. Hoy su operación local cuenta con aproximadamente 15.000 colaboradores y sus isapres ofrecen cobertura a más de 850 mil beneficiarios. Por su parte, la red de prestadores del grupo dispone de cerca de 1.300 camas, de diversa complejidad, en Santiago, Concepción y Viña del Mar.

Esto significa que la estadounidense UHG se convierte en el segundo controlador de isapres en activar el mecanismo de solución de controversias. La primera fue Bupa (British United Provident Association), el controlador inglés de isapre Cruz Blanca.

Ambas acciones se suman a las que iniciaron los controladores de varias compañías de seguros de vida producto del retiro en rentas vitalicias que aprobó el Congreso. Esto, considerando que el año pasado Ohio National (EEUU), Chilena Consolidada (Suiza), Principal (EEUU y Reino Unido), y Metlife (EEUU), iniciaron el proceso formal de consulta y negociación con el gobierno de Chile a través del procedimiento de resolución de controversias establecido en el TLC de Chile con sus respectivos países.

Fuente: La Tercera-Pulso