Exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, y crisi de las isapres: “No puede haber una mesa de trabajo funcionando hace tantos meses que no tenga ni una medida concreta”

Pese a que la baja de 7,4% en las pérdidas al cierre del tercer trimestre -para totalizar cifras en rojo por $ 127 mil millones- implicó un respiro temporal para las isapres, ahora de cara al fin de año esta industria se encamina de nuevo a profundizar su crisis financiera en una magnitud que dependerá de las decisiones de la autoridad. El punto crítico es la interpretación de la Superintendencia de Salud al fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema sobre la aplicación de las tablas de factores de riesgo y su instrucción de adecuar ese mecanismo al sistema vigente desde 2020 y devolver los cobros en exceso respectivos.

Junto a un primer cálculo del efecto de una de las medidas ordenadas por el fallo -la exención a los menores de dos años de la aplicación de las tablas de factores implicará $ 40 mil millones menos anuales de ingresos- la industria está en alerta ante el impacto de la modalidad de devolución con efecto retroactivo que defina el regulador.

Sobre la situación "muy compleja y difícil de salvar" que enfrenta el sector asegurador privado, el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, explica que lograr un marco que mantenga la estabilidad del sistema no solo debe tomar en cuenta "los montos en relación a un eventual reintegro dependiendo de la interpretación que haga la Superintendencia, sino que este problema se duplica si se toma en cuenta que por cada $ 100 que tenga que reintegrar una isapre, tiene que destinar otros $ 100 a garantizar esa deuda".

De las consecuencias en el ámbito financiero, advierte que en este escenario que enfrentan las isapres "es difícil que los bancos vayan a emplear la boleta de garantía, lo cual puede generar un nuevo flanco de riesgo en el sistema".

Además, ante la incógnita que enfrenta la industria en cuanto a cumplir la obligación de reflejar las eventuales devoluciones en sus balances al cierre de 2022, indica que si bien "me parece que no va a haber mucho que modificar en los estados financieros de este año -porque no tenemos aún la interpretación y aplicación del fallo con la regulación respectiva-, probablemente el impacto sí va a ser para los estados financieros siguientes, y reconocer eventuales pérdidas con ese efecto retroactivo puede llegar a ser muy complejo".

-¿Cómo debe enfrentar esto la Superintendencia y el Minsal?

-Hay un rol de responsabilidad que tiene que definir rápido el Gobierno. No puede haber una mesa de trabajo funcionando hace tantos meses que no tenga ni una medida concreta. ¿Por qué en esa mesa no están los prestadores, que finalmente establecen los precios?

-La Superintendencia ha advertido que el trabajo de revisión de decenas de miles de planes es arduo. ¿la industria resistiría que se tome el plazo total de seis meses?

- Sería absolutamente excesivo por el nivel de incertidumbre que hay para el sistema y los afiliados. Hay que recordar que también va a ser relevante lo que se resuelva en relación al alza de precios GES, tanto por la Superintendencia -con más de 90 mil reclamos recibidos- y a los cientos de miles de recursos ingresados en la Corte Suprema. Si ésta pretende zanjar la judicialización de este tema no sería extraño que en los próximos meses también veamos otra resolución en términos generales y con una cantidad de dinero a reintegrar de parte de las isapres

Y en seis meses, probablemente toda esta situación va a coincidir también con una nueva comunicación de alza de planes de salud.

- ¿Era posible ya haber establecido un marco tras el fallo?

- De todas maneras. La Superintendencia cuenta con equipos técnicos para hacer todo tipo de simulaciones frente a cambios regulatorios o legislativos. Lo que pasa es que los equipos técnicos no van a poder calcular mientras no les den los lineamientos respecto a lo que necesitan tener como posibles resultados. Entonces, la pregunta es cuándo se dio la instrucción al equipo técnico para que hiciera los cálculos con el escenario A o el B. Pero ya han pasado casi cuatro semanas y no se tiene claro cuál es la interpretación.

-¿Es posible separar eso de las estimaciones necesarias para miles de casos?

-Ya se podría haber dado luces respecto a la interpretación del fallo y su magnitud, y luego tomar más meses para ir viendo la situación particular de las personas. Este trabajo tendrían que haberlo anticipado, todo el mundo sabía que este fallo se iba a dictar, pero como no tenía las preparadas medidas administrativas ni medidas de mitigación, no ocurrió nada de eso.

-En este escenario ¿es factible calcular el impacto financiero global del fallo?

-Es imposible, porque las diferencias de magnitud son tremendas hasta que la Superintendencia resuelva, por ejemplo, si es por un plazo de cinco años o desde la vigencia de la tabla (2020). Y las isapres tampoco pueden hacer cálculos si no tienen claridad de cuál es la interpretación posible. Ese es el problema.

"La Superintendencia cuenta con los equipos técnicos. Pero ya han pasado casi cuatro semanas y no se tiene claro cuál es la interpretación".

Fuente: DF