A ocho años de la Ley de Insolvencia, más de nueve mil empresas han quebrado y solo 357 lograron su reorganización

El pasado domingo se cumplieron ocho años desde que el 9 de octubre de 2014 entró en vigencia la Ley N°20.720 de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas y la superintendencia del ramo -entidad dependiente del Ministerio de Economía- elaboró un informe que detalla los mayores hitos.

Según el estudio -al que tuvo acceso Pulso- desde la puesta en marcha de la normativa se han registrado 9.119 liquidaciones de empresas, destacando las compañías ligadas al comercio (18%); construcción (10,3%); industria manufacturera (9,1%) y salud (6,2%).

Se trata principalmente de empresas pequeñas (15,8%), cuyos dueños han resuelto poner fin a sus operaciones liquidado los activos y bienes de la sociedad debido a deudas que hacen imposible la continuidad operacional.

Esto, según comentan abogados especialistas en reestructuraciones, se ha visto acentuado por los efectos que generó la ola de manifestaciones y protestas del 18-O de 2019 y posteriormente agravado por el impacto del Covid-19, que limitó los aforos e impuso una serie de medidas de seguridad sanitaria.

Cabe consignar que el 40% de las empresas que han sido declaradas en quiebra son personas de impuestos de segunda categoría que emiten boletas a honorarios.

Es decir, de cada nueve empresas que han quebrado en los últimos ocho años, cuatro corresponden a este grupo.

Esto porque la ley actual restringe a este grupo a renegociar.

En las reorganizaciones concursales ocurre una situación distinta.

Según el reporte del regulador, son las grandes empresas (52%) las que mayormente se han acogido a este tipo de procedimiento judicial, que permite a las compañías que son viables reorganizar sus pasivos y activos.

Luego siguen las de tamaño mediano y pequeñas con 20% y 9%, respectivamente.

Las compañías vinculadas al comercio (24%); construcción (17%) e industria manufacturera (15%) son las principales beneficiadas con la normativa.

¿Por qué son las grandes empresas las que optan por la reorganización y las chicas por la liquidación?

"Fundamentalmente por el alto costo de una Reorganización, no tienen más opción que acogerse a una Liquidación.

En este contexto, destacar nuevamente el proyecto de ley que creará procedimientos simplificados de Reorganización y de Liquidación para personas y empresas de menor tamaño.

Pero también tenemos que considerar el bajo nivel de educación financiera que existe entre nuestras mipymes y, sobre todo, a las escasas posibilidades de contratar asesoría financiera experta para detectar a tiempo la insolvencia.

Por ello, como Superintendencia contamos con un programa de Educación Financiera para nuestros emprendedores, a quienes acercamos nuestra ley con charlas y capacitaciones que realizamos en todo Chile, además de contar con la plataforma Tenla Clara donde pueden monitorear su estado de solvencia de manera directa en la calculadora de deudas para pymes dispuesta en www.tenlaclara.cl", contestó el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez.

El 22 de septiembre de 2020- el gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que se focaliza en las empresas de menor tamaño y las personas.

Hoy la iniciativa se encuentra en su recta final y según comentó el superintendente en entrevista con Pulso, se espera que comience a regir en marzo o abril de 2023.

Para el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento la normativa vigente ha mostrado ser efectiva, en comparación con la antigua Ley de Quiebras, pero las leyes siempre tienen espacio para ser perfeccionadas, sobre la base de la experiencia.

"Hemos visto, por ejemplo, que para muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas les es prácticamente imposible solicitar una Reorganización, porque este procedimiento quedó estructurado con un costo de acceso muy alto.

O bien, el legislador dejó fuera de la Renegociación de Deudas a las personas que emiten boletas de honorarios, por lo que deben optar por una Liquidación como empresas cuando tienen problemas de solvencia", agregó.

Entonces, según Sánchez, "el desafío actual es pasar a una Ley 3.0, que se adecue a la realidad de nuestras mipymes, que hoy más que nunca necesitan un acceso menos costoso a los procedimientos concursales, y de menor duración, para evitar una insolvencia, entre otros cambios que permitirán contar con una ley más optimizada".

"Para cambiar este escenario, la reforma a la Ley 20.720, que hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional, busca que con la creación de una Reorganización Simplificada, un aumento sustancial del número de empresas de menor tamaño que puedan solucionar sus complejidades financieras (si así lo permite también la propia situación de viabilidad de la empresa) con un procedimiento simplificado de menor costo de acceso, que conlleva beneficios como: que no se pierden empleos y no se cortan cadenas de suministros o la interacción con proveedores, no arrastrando a empresas proveedoras, mayormente de menor tamaño, a la insolvencia", concluyó.

Por otro lado, el balance realizado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento también entregó detalles sobre cómo las personas naturales se han acogido a los procedimientos de la Ley N°20.720.

En efecto, según el recuento de la autoridad en los últimos ocho años, son 6.768 personas -55% de ellas hombres y 45% mujeres- las que han logrado reorganizar sus deudas.

En el mismo período analizado, 22.159 personas han sido declaradas en liquidación, siendo 64% hombres y 36% mujeres.

En ambos procedimientos, el tramo etario de mayor riesgo tanto en hombres como en mujeres es el que va de los 30 a 44 años.

De hecho, en el período medido hubo 12.284 personas que declararon su liquidación, correspondiendo a 55% del total.

Sin embargo, donde sí figuran diferencias es en su estado civil.

De hecho, en la reorganización el 49% corresponde a personas casadas.

Mientras que en caso de las liquidaciones el 48% declaró ser soltera.

Al mismo tiempo, el 28% de las personas que logró llevar adelante una renegociación de sus pasivos declaró que sus ingresos estaban dentro del tramo de $250.000 a $500.000.

Según el recuento del regulador, el total de pasivos renegociado desde el 9 de octubre de 2014 a 31 de agosto de 2022 alcanza los $219.244.962.280, con un promedio de $35.824.340.

Aquí, los habitantes de las regiones de Antofagasta, Aysén y Coquimbo destacan por presentar las mayores deudas renegociadas.

Fuente: La Tercera-Pulso