Los nudos que deberá resolver la futura reforma previsional de Gabriel Boric

Con premura avanzan los plazos para que la reforma previsional inicie su debate legislativo, lo que ocurriría en el mes de agosto. Los hitos para ello se han ido cumpliendo.

En los próximos días, el BID dará a conocer el informe sobre los diálogos previsionales y será recogido el análisis de centros de estudios, académicos y asociaciones gremiales. Ahora último, las bilaterales han sido con las AFP y sus controladores (las últimas, esta semana con Sura y la próxima con Habitat). Estas reuniones han sido lideradas por el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.

De esas conversaciones y declaraciones del propio Larraín y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara,han surgido varios ejes para el diseño, que se han mantenido consistentes en el tiempo, aunque el detalle fino se conocerá con el proyecto de reforma.

1. Licitaciónde inversión
La industria de gestión de fondos en Chile es amplia, con actores como los bancos y las compañías de seguros -que hoy operan a través de rentas vitalicias-, por solo mencionar algunos.Cabe mencionar que los ahorros previsionales
totalizaron activos equivalentes a US$ 172.376 millones al cierre de mayo, por lo que su atractivo es evidente y los parlamentarios lo saben. De hecho, cuando la presidenta del BancoEstado, Jessica López, asistió al Congreso, le preguntaron si la entidad estaría capacitada para administrar pensiones, a lo que respondió que "el banco tiene una
capacidad natural para procesar depósitos, porque tenemos 14 millones de CuentaRut".

2. El factor político
En el Congreso, colectividades como la DC, el Partido de la Gente, Chile Vamos y Republicanos han hecho propios los principios de propiedad de los fondos y libertad de elegir administrador, aunque con matices.

Según el diputado Alberto Undurraga (DC), presidente de la comisión de Trabajo, "estamos de acuerdo que en el componente individual haya un ente público a cargo de la administración de las pensiones, pero que en la inversión debe haber distintos gestores y, sobre ellos, que exista la libertad de elegir, para eliminar la tentación de
convertirlo en reparto".

Desde la oposición, por el contrario, Frank Sauerbaum (RN) enfatizó que "el Gobierno tiene que asumir que no tendrá los votos para quitar la propiedad de los fondos futuros de los trabajadores y el respeto de la libertad de elegir".

Las dificultades de la negociación política son conocidas. Para el diputado Raúl Soto (PPD), si bien "no se puede mantener todo igual porque el sistema actual ha fracasado, tampoco se puede pretender pasar al otro extremo de un sistema totalmente de reparto. Hay que actuar con realismo y pragmatismo", y una lectura similar hace elvdiputado del PS Marcos Ilabaca, quien reconoció que "hoy no están los votos para la propuesta del Gobierno y eso implica llegar a grandes acuerdos nacionales para un sistema mixto, con fondos individuales y un fondo colectivo solidario".

3. Gobernanza sin las AFP

La administración Boric ha sido muy cautelosaal mencionar el stock del ahorro previsional delos flujos futuros de cotización, que podría seguir siendo gestionado por las AFP.

En este contexto,las administradoras no manejarían los flujos futuros de las cotizaciones y la participación de los privados sería a partir de licitaciones para lainversión.

Esto abre varios flancos. Cinco de las siete AFP cuentan con inversión extranjera -Habitat (Pr-dential), Cuprum (Principal), Capital (Sura), PlanVital (Generali) y Provida (Metlife)-, en tanto que Uno y Modelo son de capitales chilenos. Y según diversas fuentes consultadas, se han intensificado las consultas legales con miras a proteger sus inversiones.

En el escenario más negativo para la industria, los análisis coinciden en que habría una vulneración de la protección

de las inversiones de los tratados de libre comercio firmados por Chile, por lo que el riesgo de judicialización y arbitraje-afirman conocedores- ya se le hizo saber alsubsecretario Larraín.

Según el exintegrante del Tribunal Constitucional Enrique Navarro, las estrategias apuntan al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias), "donde se discutirá la infracción altratado de protección de inversión extranjera", mientras que sobre los capitales chilenos, "podrían iniciarse acciones indemnizatorias porresponsabilidad del Estado legislador y constituyente. En la Corte Interamericana, agotada la vía nacional, podría determinarse también responsabilidad del Estado, por regulaciones que infrinjan el derecho de propiedad".

El experto constitucionalista Arturo Fermandois complementa que "si el objetivo de la reforma es mantener una capitalización individual con los flujos futuros del 10%, no sería constitucionalmente coherente, ni con la actual Carta ni con el borrador de la Convención, imponerle al cotizante una ent-dad administradora que no ha decidido por sí mis-mo", postura que, afirma, está respaldada por la jurisprudencia sobre propiedad previsional.

En este contexto, Alfredo Niklitschek, abogadodel estudio jurídico Palma, alerta que "la propuesta inicial de cambios y restricciones que este Gobierno pretende para las AFP y sus inversiones en flujosfuturos es arriesgada".

4. Aumento dela cotización y fondo colectivo

Desde el Ejecutivo se ha dicho que la cotización aumentaría en 6% con cargo patronal. Del nuevo total, un porcentaje aún por definir iría a un fondo colectivo y dejaría espacio a la capitalización individual. Este fondo colectivo, en teoría, señala el exsuperintendente de AFP Alejandro Ferreiro, "debiera tener reglas de funcionamiento propias", mientras que el académico Hugo Cifuentes recuerda que en los proyectos previos, incluyendo el de Sebastián Piñera, "se había avanzado en cotización del 6% del empleador a aplicar gradualmente, distribuyendo parte de esa cotización a cuentas
individuales y parte a fondo solidario, a fin de producir solidaridad con los actuales pensionados".
Una alternativa que Cecilia Cifuentes, del ESE Business School de la U. de los Andes, considera errónea. "Se insiste en un sistema de reparto intergeneracional, pero se pierde de vista que la creación de la PGU ya destina más de 3% del PIB a reparto en términos de los recursos que involucra".

5. Un ente público para los fondos
Lo que se ha dicho es que la futura administración de los fondos quedará en manos de un ente público de alto perfil técnico -tipo Banco Central o Comisión para el Mercado Financiero (CMF)-, pero que podría licitar entre privados la inversión de los fondos.
Para Ferreiro, "probablemente la discusión política se va a centrar en qué pasa con el 10%. Creo que si quiere ofrecer una gobernanza sólida y creíble va a tener que ponderar los riesgos de interferencia política", de manera que la mejor
opción "es que exista una alternativa privada donde las personas no sean cautivas de la entidad estatal. La mejor manera de garantizar una buena gobernanza es evitar el monopolio".

Sin embargo, para Ferreiro quedan dudas sin resolver: "Si se licita la inversión, una pregunta relevante es qué rentabilidad se les va a exigir: ¿la que el Estado defina como piso, generando problemas de sostenibilidad fiscal, o la de mercado, llevando el riesgo a las personas?"

Fuente: El Mercurio