Senadores de oposición acuerdan despachar proyecto de pensiones y financiamiento en enero

Las negociaciones entre el gobierno y la oposición entran en una semana clave. La Comisión de Trabajo del Senado espera revisar y votar este lunes las indicaciones que el gobierno le realizará al proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) que fue solicitado por los parlamentarios, entre ellos, la idea de consensuar algunos conceptos relacionados con los efectos en las rentas de invalidez y particularmente, la necesidad de generar una herramienta simple aplicable a todos los beneficiados determinados por la norma.

Y el martes, la Comisión de Hacienda comenzará a revisar tanto el proyecto de la PGU como el del financiamiento. Por ello la expectativa es que para ese día ya exista un acuerdo sobre la materia. Aunque todavía no hay un acuerdo pleno, desde el Ejecutivo, el ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Juan José Ossa, sostuvo que "las conversaciones han continuado durante todo el fin de semana en un ánimo de máxima colaboración".

La idea del gobierno es que entre lunes y martes el acuerdo esté zanjado y así cumplir con el objetivo de tener aprobado y despachado a ley ambas propuestas y comenzar a pagar en febrero a quienes estén en el pilar solidario.

Precisamente para abordar los próximos pasos a seguir, los senadores de oposición que integran las comisiones de Hacienda y Trabajo más los representantes del equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, Miguel Crispi y Karol Cariola, se reunieron este domingo en la mañana para coordinar los plazos legislativos. Se acordó trabajar para tener aprobado las iniciativas en enero, y por ello ya es un hecho que el trabajo parlamentario se extenderá hasta fines de mes, por lo que no habrá semana distrital.

En cuanto al contenido de las propuestas entregadas por el gobierno incluyen elevar la sobretasa de impuesto territorial a viviendas cuyo valor sea superior a los $400 millones. Esta medida está dentro del programa del gobierno electo, y lo que busca es aumentar su tasa estableciendo nuevas reglas de valoración de activos.

Asimismo, también se están estudiando nuevas exenciones que van en línea también con lo que se propone sumar en la reforma tributaria del nuevo gobierno. Entre ellas, la eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP), Renta Presunta, limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2. A ello se suma aumentar la recaudación por la vía de cambios a las patentes mineras. Este es un gravamen establecido por la ley, a beneficio fiscal, que anualmente debe pagar el dueño de una concesión minera, para mantenerla vigente y dentro de su patrimonio.

Fuente: La Tercera-Pulso