Ir o no al TC: el dilema de Piñera ante incierta votación de cuarto retiro

Estrecho. Así ven en el gobierno el escenario de votación del proyecto de ley de cuarto retiro de fondos previsionales. En La Moneda continúan intensas tratativas con parlamentarios de Chile Podemos Más para lograr alinearlos y evitar que sea aprobado en la sala de la Cámara de Diputados.

Esto, en un contexto en que la tensión al interior del oficialismo ha ido en aumento y algunos diputados, entre ellos los RN Jorge Durán y Paulina Núñez, han anunciado que votarán a favor, contrariando la petición del abanderado del bloque, Sebastián Sichel, quien ha insistido en que apoyará en campaña a quienes voten en contra.

De hecho, ayer varios transmitían que los partidos de la coalición estaban "amenazando" a algunos con bajar sus candidaturas del Servel si es que apoyaban la moción.

"El llamado es al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y en especial a los parlamentarios de Chile Vamos a que sigamos conversando en torno a los argumentos que hacen absolutamente inconveniente avanzar con una política de cuarto retiro de fondos previsionales", dijo ayer el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez.

En este escenario, si bien en Palacio dicen que los esfuerzos están concentrados en convencer a los parlamentarios, en privado reconocen que nuevamente se comenzó a instalar un debate al interior del gobierno respecto a que si deben o no acudir al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que la moción sea aprobada y despachada, cuya votación está prevista para después de las Fiestas Patrias.

El tema, en todo caso, afirman en el Ejecutivo, comenzó a discutirse de manera incipiente y tomará fuerza, agregan, si es que el proyecto pasa al Senado. Como sea, la materia la están viendo el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, y su par de la Segpres, Juan José Ossa, quienes han estado en las últimas horas hablando con parlamentarios para intentar frenar el cuarto retiro.

En Palacio reconocen que presentar o no un requerimiento es un debate que siempre complica al gobierno por las implicancias y costos políticos que puede tener. En los proyectos de retiro anteriores La Moneda ha sufrido traspiés.

La primera vez ni intentaron acudir al TC, pero su aprobación terminó en un cambio de gabinete, principalmente del comité político; en el segundo retiro, en tanto, sí acudieron y lograron frenarlo, pero presentando a la vez un proyecto propio. Sin embargo, en el tercer retiro previsional intentaron nuevamente detener la moción acudiendo al TC, no obstante, el organismo ni siquiera acogió a trámite el escrito.

En esa oportunidad, el pasado 27 de abril, el ministro y expresidente de TC Iván Aróstica argumentó su negativa a avanzar en el requerimiento apelando a que "carece de fundamentos completos" y que "el punto central no es quién hace la ley, el punto central es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente".

Esta vez, sin embargo, en el Ejecutivo dicen que si bien existe un debate interno en Palacio -en donde algunos asesores del Segundo Piso (a cargo de Cristián Larroulet) han recomendado no acudir al organismo, mientras que secretarios de Estado del comité político creen que sí deberían hacerlo-, son de la idea de que si acuden al organismo tienen mejores proyecciones que la vez anterior. Esto, porque, según las mismas fuentes, el argumento del TC sobre las ayudas sociales ya no corre, porque el escenario ahora es distinto, ya que se ha extendido el IFE hasta noviembre y también se puso el incentivo del IFE laboral.

¿Y la defensa?

Durante el segundo requerimiento ante el TC el gobierno recurrió a la ayuda del abogado amigo del Presidente Piñera y cercano a RN Gastón Gómez, quien junto a su socio de estudio jurídico José Francisco García, lideraron la exitosa arremetida.

Pero en el tercer retiro la estrategia fue distinta, pues el gobierno la dividió en dos líneas, ya que de las cinco mociones por retiro de pensiones tres eran disposiciones transitorias y otras sobre disposiciones permanentes. Así, lo primero estuvo a cargo de Gómez, mientras que lo otro por la expresidenta del TC, Marisol Peña.

Estos dos últimos proyectos fueron rechazados en la discusión general que se dio en la Cámara Baja el 15 de abril y finalmente fueron archivados, por lo que la representación del gobierno ante el TC finalmente la asumió Gómez, quedando Peña fuera de la defensa, al haber trabajado sobre esta línea. Las dos defensas costaron $ 24 millones.

Como sea, en el gobierno dicen que aún no han visto quién asumirá la defensa en caso de acudir, pero que lo más probable es que no se repitan los abogados. De hecho, en círculos de abogados constitucionalistas -que suelen colaborar con La Moneda- dicen no haber sido sondeados por el Ejecutivo. Lo mismo recalcan en el entorno de Marisol Peña, mientras que desde el estudio de Gastón Gómez piensan que no estarán disponibles para colaborar nuevamente, luego del fracaso anterior.

Con todo, en Palacio afirman que Piñera está pidiendo opiniones y explorando acudir al organismo. La premisa para el Mandatario, insisten en Palacio, es no renunciar a ninguna de sus atribuciones.

Fuente: La Tercera