Las cartas entre la Super de Pensiones y los asesores previsionales que hicieron estallar la disputa por las comisiones

La Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) está en una abierta disputa con la Superintendencia de Pensiones, por la modificación en el cálculo de las comisiones que pueden cobrar los asesores, lo que incluso llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago.

El conflicto se inició con la dictación del Oficio Nº15.110 donde el regulador estableció que a partir del 1 de julio de este año la comisión máxima a cobrar por los asesores previsionales caería desde 2% de los fondos de capitalización individual de los pensionados de rentas vitalicias a 1,5%, con un tope de UF 60.

Sin embargo, la disputa escaló con cartas que se enviaron ambas partes. La primera correspondencia la envió la AGAP, el 17 de junio, una vez que se reunió con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, a discutir sobre el asunto.

En dicha misiva, hicieron ver que la Ley Nº21.314 que indica la modificación del cálculo de las comisiones, no disminuyó la comisión de 2% a 1,5%, sino que la estableció en 1,5 veces el fondo de pensiones del cliente, ya que los parlamentarios no agregaron el signo de porcentaje (%) a la legislación despachada.

"No vemos necesidad de interpretar una ley donde queda claro que el legislador utiliza la fijación del tope máximo de la comisión en 1,5 veces los fondos previsionales, la que es mucho mayor que las 60 unidades de fomento, fijándolo como tope, para demostrar su intención de entregarle también, a la Superintendencia de Pensiones la facultad de fijar la comisión para Retiro Programado y Renta Vitalicia a través del Decreto Supremo, sin tope porcentual, pero con tope de 60 UF total", señalan en la correspondencia.

La dura respuesta de la Superintendencia

La carta de respuesta por parte del regulador de pensiones llegó el 28 de junio al gremio de los asesores. En ella, contesta el planteamiento de la asociación sobre no interpretar la ley y aplicarla de forma literal, estableciendo un cobro de 1,5 veces los fondos de pensiones, con un máximo de UF 60.

"La intención del legislador fue bajar la comisión de un 2% a un 1,5% y en ningún momento, fue aumentar de manera tan significativa y desproporcionada el monto de los honorarios 1,5 veces, como pretende la Asociación Gremial, la que -conforme a lo que se ha expuesto- carece de todo sentido, aún más, cuando se analiza en conjunto con el resto del articulado y del ordenamiento jurídico en materia previsional", acusa el texto.

La Superintendencia argumenta que además, la presidenta del gremio, Ann Katharine Clark, participó de la discusión legislativa, por lo que conocía que el "espíritu" de la iniciativa era disminuir el cobro de los asesores y no aumentarlos "de una manera excesiva e irracional".

"Lo anterior es interesante, ya que resulta sorpresivo que en razón de los actos propios de la misma Asociación durante la tramitación legislativa, pretenda desconocer la clara historia del establecimiento de la ley y a su vez, elucubrando o especulando que se hubiere acogido la solicitud de la Asociación -lo que finalmente no fue así- la comisión se habría mantenido en un 2% y no, como pretende, aumentada a un 150% y a cargo de la totalidad de los fondos y parte del patrimonio del pensionable", apunta.

El recurso

Luego de la carta de la Superintendencia, la AGAP resolvió acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago, presentando un recurso de protección en contra del regulador.

Acusan que existe un Decreto Suprema por parte del Ministerio del Trabajo que mantenía el cobro de 2% hasta septiembre del próximo año, además que señalan que la disminución impacta en el derecho de propiedad de los miembros del gremio de los asesores.

Fuente: DF