Oposición aboga por jubilación básica para el 90% y Ejecutivo alerta que duplicaría el gasto

Momentos clave vive la reforma previsional en la comisión de Trabajo del Senado, que fijó para el miércoles en una sesión extendida votar el articulado y eventualmente sesionar de forma extraordinaria la próxima semana, que es distrital.

El debate se iniciará con dos flancos complejos para el Gobierno, puesto que los senadores de oposición de la instancia -la presidenta Carolina Goic (DC), Juan Pablo Letelier (PS), Adriana Muñoz (PPD), más el patrocinio de Ximena Órdenes (PPD)- ingresaron un documento de 11 páginas con indicaciones, que si bien podrían ser inadmisibles por abordar materias de seguridad social de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, son el piso para las negociaciones de una casi segura comisión mixta.

El segundo flanco es la demanda de parlamentarios de la oposición de mayores beneficios económicos para la ciudadanía como condición para respaldar la postergación de las elecciones del 11 de abril en dos semanas.

¿Cuál es el punto de contacto? Ambas instancias buscan la universalización de beneficios.

En el caso de los senadores de Trabajo, de una pensión básica garantizada de 6 UF (equivalentes a $176.346, casi en la línea de la pobreza) para el 90% de la población (es decir, familias con ingreso per cápita de hasta $704.754) que vendría a reemplazar los actuales componentes del sistema de pensiones solidarias, mientras que el resto de la oposición apunta a una renta básica universal, con la misma lógica.

Por lo pronto, aunque no se trata de una modelación de la indicación opositora, la Dirección de Presupuestos (Dipres) expuso ayer el costo fiscal de aumentar el Pilar Solidario a 90% o, en su defecto, una Pensión Básica Universal (PBU).

El director de Dipres, Matías Acevedo, reiteró que el costo de ampliar la cobertura al 80% sería de $870.637 millones (unos US$ 1.179 millones) para 2032, el año en régimen del 6% en la cotización adicional.

Pasar a 90% implicaría $1.237.292 millones (unos US$ 1.675 millones) el mismo año, y a 100% o una Pensión Básica Universal significaría $1.359.511 millones (cerca de US$ 1.841 millones).

Para 2050, en tanto, el costo aumenta a $947.499 millones (US$ 1.283 millones) para el 80%; $1.510.304 millones (US$ 2.045 millones) para el 90%, y con una PBU serían $1.697.905 millones (US$ 2.299 millones).

Acevedo también planteó que al elevarse la cobertura del Pilar Solidario, se debe considerar el 7% de salud, aunque solo expuso lo que significaría para la PBU, estimando un costo de más $1.000 millones (US$ 1.354 millones) en 2050.

Respecto de una PBU, y usando como parámetro el Producto Interno Bruto (PIB) para dimensionar su costo, el titular de Dipres señaló que, de implementarse, el gasto del Pilar Solidario alcanzaría 2,99% del PIB en 2032, y hacia 2050, un 3,10% del PIB, costo que es "similar a duplicar el gasto actual del sistema de pensiones solidarias", dijo.

Agregó que dicho costo equivaldría a 12% del Presupuesto fiscal.

Separación de la industria

En el resto de las indicaciones se ratifica que el 6% vaya a un fondo colectivo y que sus beneficios sean crecientes y no fijos, como en el proyecto actual, y que a los 65 años hombres y mujeres, a igual saldo y edad, reciban la misma pensión.

También plantea la "ley de la marraqueta", basada en un aporte público de 34 UF para recién nacidos.

Respecto de la industria, se propone la separación de la administración de cuentas y la gestión de inversiones.

La primera, a cargo de una Agencia Gestora de Cuentas Previsionales, autónoma y que se encargará de las cuentas de capitalización individual y el ahorro colectivo.

Las ex-AFP interesadas pasarán a ser Gestoras de Inversión y tendrán la obligación de traspasar el 30% de sus utilidades anuales al fondo colectivo.

Fuente: El Mercurio