Retiro de ahorros previsionales: 23 recursos se han presentado y otros 8 vienen en camino

Todo comenzó el 28 de junio del año pasado, cuando una profesora de Antofagasta envió una carta a su AFP (Cuprum), solicitando el total de sus ahorros previsionales para pagar un crédito hipotecario. Casi un mes después, una enfermera de Punta Arenas realizó la misma petición a la AFP Habitat, de la cual es afiliada.

Ambos requerimientos escalaron y llegaron al Tribunal Constitucional (TC), organismo que falló que era inconstitucional acceder a las peticiones de ambas mujeres. Sin embargo, ayer ocurrió un hecho inédito que marcó un precedente en esta materia; la Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de protección y ordenó a la administradora ProVida entregar al afiliado el total de sus fondos previsionales.

Este tema ha sido liderado principalmente por el vocero de No + AFP, Luis Mesina, quien señaló a DF que actualmente han presentado 23 recursos de protección contra diferentes administradoras y ya tienen ocho redactados que están por presentar a diferentes cortes de Apelaciones a lo largo del país. "La gente cree que esto ya no sigue, pero no ha terminado", remarca.

Mesina valora la determinación de la Corte de Apelaciones de Talca. "Esto es absolutamente inédito porque es un fallo. La diferencia de lo que ocurrió anteriormente con el requerimiento que formularon las Cortes de la Apelaciones de Antofagasta y de Punta de Arenas, es distinto, porque esos fueron requerimientos al Tribunal Constitucional", señala.

A juicio del vocero del movimiento, "queda de manifiesto que hay jerarquías de las normas. Es decir el DL 3.500 jamás tendrá la misma jerarquía que estable la norma de la Constitución, el derecho de propiedad", afirma.

En ese sentido, indica que por primera vez, "será muy difícil que la AFP pueda recurrir al TC porque la razón para la que pueda recurrir es que haya una controversia sobre aspectos constitucionales y el fallo es bien claro porque dice que en este caso no se está en presencia de un problema de constitucionalidad. Si el TC lo acogiera, creo que estamos en condiciones de decir que en este país el estado de derecho se fue a las pailas. No existe estado de derecho", advierte.

En cuanto a los requerimientos de Antofagasta y Punta Arenas, Mesina sostiene que una vez que el TC publique la sentencia, las Cortes tendrán dos posibilidades. "Una, fallar en consecuencia y denegar las peticiones, pero si pasa eso, iremos a la Corte Suprema", asegura.

Sin embargo, señala que también puede pasar que las cortes -a partir del fallo de la Corte de Talca- digan que hay ciertos argumentos y por lo tanto desestimen lo que diga el TC y ordenen a las AFP a que devuelvan los fondos.

"Si perdemos todas las instancias, nos queda la instancia internacional, porque la seguridad social está reconocida internacionalmente como un derecho fundamental", insiste.

Fernando Atria, el abogado que representó a la profesora y enfermera, quien también presentó hoy otro recurso contra Habitat, celebra el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca. "La Corte de Talca acoge nuestros argumentos, así es que es un fallo para ser celebrado", destaca.

El abogado precisa que el hecho de que se diga que los trabajadores son dueños de sus ahorros, pero que no pueden usarlos, "es una contradicción manifiesta. Además, tenemos hoy otros recursos todavía pendientes. Esperamos que esto siga su curso y lo que se inició en la Corte de Talca se siga desarrollando en esa misma línea", estima.

Tras ser consultado por las declaraciones que dio ProVida argumentando que no había actuado de forma ilegal, Atria reconoce que "la AFP tiene todo su derecho de presentar los recursos que conforme a la ley corresponden y no me corresponde a mí opinar sobre las decisiones que toma la contraparte. Por supuesto que si ellos apelan habrá que ir a alegar la apelación", advierte.

Repercusiones del fallo

El abogado Florencio Bernales, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, advierte sobre las consecuencias que podría tener este fallo de aquí en adelante. "Este fallo puede impulsar que todos los afiliados hagan lo mismo, ya sea por convicción o por temor a una 'corrida de fondos', donde el razonamiento sería 'lo retiro antes de que no quede nada'", detalla.

Bernales indica que el sistema de capitales chileno descansa sobre el de las AFP y "un criterio como este conduce a la destrucción global de la economía. Además, a partir de lo resuelto, los trabajadores podrán cuestionar los descuentos legales mensuales en sus remuneraciones, bastará decir que soy dueño de mis dineros y, por lo tanto, no acepto descuentos de salud, de impuestos, etc. ¿Para qué esperar que los fondos se hayan enviado a la AFP si en base al mismo razonamiento puedo obtenerlos desde ya?", puntualiza.

Por otra parte, señala que el fallo es equivocado porque se sustenta "en la construcción de una suerte de colisión entre derecho de propiedad y derecho de seguridad social, la cual resuelve en favor del primero. La colisión no existe en la realidad, ambos tienen rango constitucional. Ambos son actuales", explica.

Por último, indica que la AFP "muy probablemente presentará un recurso de apelación que deberá ser resuelto por la Corte Suprema".

Desde las otras administradoras

AFP UNO: el gerente general, Ricardo Guerra indicó a DF que la posibilidad del retiro de los ahorros para la jubilación "debe ser permitida en casos específicos y nosotros lo hemos venido empujando. Parece justo que en algunas situaciones se de la posibilidad de rescatar los fondos".

Por otro lado, Guerra sugiere que se modifiquen las tablas de mortalidad. "Debería haber una diferenciación por estrato socioeconómico ya que lamentablemente hay mucha desigualdad en nuestro país", señaló.

"Que al momento de pensionarse se refleje la verdadera realidad de la persona, nos parece justo", concluyó.

Mirada del Gobierno

Como un muy mal precedente calificó la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Talca que obliga a AFP Provida a restituir la totalidad de los fondos previsionales a un cotizante, en el plazo máximo de 30 días.

"Nos causa mucha extrañeza que, por primera vez, haya un tribunal que tome una línea absolutamente contraria a todo lo resuelto y dicho hasta ahora", señaló .

La secretaria de Estado enfatizó que "no está en riesgo el derecho de propiedad, los recursos son de él y nadie más que él y su familia los puede utilizar. No hay apropiación de un tercero si no los llegara a utilizar".

Fuente: Diario Financiero