El dilema del gobierno para subir la cotización previsional: un punto adicional cuesta US$ 750 millones al fisco

Desde que los diputados de la Comisión de Trabajo aprobaron la reforma previsional el 18 de julio, el gobierno ha tenido un break legislativo con el proyecto de pensiones. Este espacio ha sido aprovechado por el Ejecutivo para analizar los seguros sociales que incorporarán, según lo acordaron con el PS y el PPD, además de la cotización adicional que se necesitará para ello.

Pese a que los partidos de oposición han manifestado que les gustaría ver un 1,5% de cotización adicional al 4,2% que ya plantea la propuesta, para destinarlo a solidaridad, e incluso hay quienes han apuntado a un 2% extra, la evaluación técnica que ha hecho el gobierno es que es complejo que el total de la cotización supere el 5%. Eso sí, la definición final aún no está tomada.

La razón radica en las cifras, pues el Ejecutivo ha reiterado en múltiples ocasiones que deben cuidar el mercado laboral. Además está el hecho de que un punto adicional de cotización implica un costo de US$ 750 millones para el fisco, según fuentes conocedoras del proceso, por lo que tan solo un 0,1% más ya significaría un gasto de US$ 75 millones.

Entre los seguros que están siendo evaluados, siguen liderando los de rentabilidad y de longevidad. El primero, porque no implicaría un mayor costo, y el segundo, porque es una fórmula que gusta en la oposición.

Si bien son varios los mecanismos que se están evaluando para el seguro de rentabilidad, el que estaría tomando más fuerza es un seguro que funciona cuando el afiliado llega a la edad de jubilación, y es allí cuando se analiza cuánto fue lo que aportó el trabajador durante toda su vida. En caso de que el monto acumulado sea inferior a la suma de la remuneración que aportó el trabajador toda su vida, empieza a correr el seguro. Este mecanismo serviría principalmente para aquellas personas que jubilen justo tras una crisis financiera, por ejemplo. Pero es el seguro de longevidad el que por ahora más le quita el sueño al gobierno, ya que aún no hay una definición clara.

De todas formas, sigue en evaluación si estos mecanismos solidarios van a ser incorporados en el actual trámite, o serán propuestos en el Senado. Por ahora, es esta última opción la que toma más fuerza.

Fuente: La Tercera- Pulso