Los “nudos” de la reforma previsional que deberán resolverse en Hacienda o en el Senado

La aprobación en la Comisión de Trabajo de la reforma previsional fue sólo el primer paso de una serie de "paradas "que deberá superar el proyecto para ser despachado a principios de noviembre y así cumplir el compromiso de reajustar las pensiones básicas a partir del 1° de enero de 2020.
Desde ya la próxima semana ingresará a la Comisión de Hacienda de la misma Cámara de Diputados, para luego ir a la sala y después al Senado, donde también será visto por esas comisiones.
El gobierno tiene claro que en cada una de estas "estaciones" deberá negociar algún aspecto y por ello está analizando concienzudamente su estrategia para evitar tropiezos o trabas innecesarias.

El acuerdo de crear un Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS) que gestione la cotización adicional y los seguros, quedó como principio -el chassis como le llamó el diputado Gastón Saavedra (PS)- en la Comisión de Trabajo, pero debe ir precisándose en los próximos pasos. Son varios los nudos que deben desenredarse en los siguientes meses.

Aumento de la cotización. Hasta ahora lo único claro es que el gobierno se comprometió a elevar la cotización a cargo del empleador más allá del 4%, y que ese porcentaje adicional será destinado a seguros solidarios. "No hay un compromiso específico en un monto. Tenemos que analizar, ver qué seguros. Quiero destacar que esto no es inocuo: cuando se aumenta la cotización de cargo del empleador tiene un efecto en el mercado laboral y también tiene un costo fiscal", explicó en su momento el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Fuentes conocedoras de las negociaciones comentaron que el gobierno tiene un "temor natural" y quiere dilatar lo más posible la entrega de una cifra y, ojalá, negociarlo en el Senado para evitar que vaya aumentando en cada paso del trámite legislativo.

Pero, por otro lado, en la oposición desean también conocer el terreno en el que están y no hay que olvidar que el diputado Tucapel Jiménez (PPD) condicionó su voto en la sala a conocer más detalles de esta oferta. Y así también lo reafirmó el jefe de bancada del PS, diputado Manuel Monsalve: "Para seguir avanzando, esperamos tener una señal clara en la Comisión de Hacienda sobre el fondo solidario, sino será difícil obtener los quórum que se requieren en la sala".

Lo único cierto es que hasta ahora nadie se aventura con una cifra extra superior al 2% y todos concuerdan que debe aplicarse con la misma gradualidad contenida en el proyecto en torno a medio punto por año.

Tipos de seguros: "El consejo será el encargado de administrar el 4% adicional, y simultáneamente los seguros solidarios como el de Ley Sanna y otros que se van a incorporar" fue lo que señaló el ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, el día de la votación sin especificar cuáles o hacia dónde estarían orientados esos otros seguros.

Hay varias ideas dando vuelta: en la DC apuestan a uno de longevidad que sirva para financiar a la cuarta edad y así las cuentas individuales se puedan gastar en la tercera edad; en el PS mencionan un seguro de género para apoyar a las mujeres en las lagunas de cotización y en la brecha salarial; en otros partidos, se habla de un seguro de rentabilidad que actúe ante una crisis que afecte sustancialmente los ahorros de los fondos privados, como ocurrió en 2008.

¿Cuánto se aportará para seguros el primer año?: el proyecto contempla un alza gradual de la cotización hasta el 4% que irá a cuentas individuales. Si se agrega el componente solidario, la duda es cuándo se empezarán a integrar recursos a ese Fondo Solidario: podría ser al final cuando se entere el 4%; al principio; o usar una proporción y que la misma cotización se reparta en dos vías.

"Claramente la prelación es importante. Como el problema es que hay que subir pensiones en el corto plazo, creo que podríamos comenzar por inyectarle recursos a los seguros, primero; el componente ahorro individual podría esperar ya que es para el futuro" comentó el exsuperintendente de AFP y SVS Guillermo Larraín, uno de los expertos de la DC en este tema.

¿Desde cuándo empezarán los beneficios?: esa es la pregunta que sigue inmediatamente. Si bien se sabe que en 2020 se pagará el reajuste a las pensiones básicas, en la oposición pretenden que también comiencen a operar los seguros colectivos, de modo que la gente que se pensione el próximo año ya se vea beneficiada con la reforma.

"La gente no entendería si una vez aprobada la Ley no hubiera un impacto de corto plazo en el monto de sus pensiones. Obviamente, el tema de los plazos es otro punto de tensión", subrayó Monsalve reafirmando la voluntad de su sector. "Imagino que mucha gente hoy está postergando su jubilación hasta que el proyecto esté listo, esperando verse beneficiada de alguna manera", acotó, por su parte, Guillermo Larraín.

¿Quién provisionará los fondos?: Como es lógico, si los negociadores esperan que los beneficios empiecen en 2020, el nuevo sistema de seguros deberá contar con un capital inicial, porque aunque se destinara el primer 0,5% de cotización extra en forma completa a este sistema no alcanzaría porque los probables beneficiarios serían muchos más, acotó Larraín.

Entonces, como es lógico, ese capital inicial tendría que ser aportado por el Estado, lo que trae a colación la estrechez de las finanzas públicas que cuenta con muy pocas holguras, considerando el sustantivo presupuesto que se destinará para reajustar las pensiones básicas.

"Hacienda tendrá problemas por la forma como se está estructurando este Consejo, porque un aporte de capital podría entrar en conflicto con la regla fiscal, ya que debería incorporar esos recursos al balance estructural", precisó Guillermo Larraín.

Asimismo, recuerda que por norma no se puede usar el Fondo soberano de Pensiones en gasto corriente.

¿Qué institucionalidad conviene?: Para el ex superintendente, desde lo técnico, la respuesta es fácil: "siempre he dicho que la creación de una empresa pública con la estructura de una compañía de seguros permite contar con más flexibilidad para enfrentar esta situación". Explicó por ejemplo que si el Estado aporta capital a una empresa no se considera como gasto público, por ende no afectaría la regla fiscal; y el quórum de votación requerido, es simple.

Pero desde el punto de vista político la alternativa de empresa pública era la que menos gustaba, precisamente porque dependería del gobierno de turno para un eventual aumento de capital. "Nosotros queríamos un órgano público con autonomía constitucional, para lo cual se requería una modificación a la Constitución con quorúm más altos; por eso quedamos en un órgano autónomo con rango de ley orgánica constitucional", admitió Monsalve.

Pilar Solidario: en Hacienda el gobierno repondrá una propuesta de reajuste y de tramos de difrenciación porque la original fue rechazada en la Comisión de Trabajo.

Fuente: Pulso-La Tercera