Informe de Altura Management revela que recursos de protección en las cortes de Apelaciones del país suman 822.825

Una industria. Con ejecutivos de venta, campañas de marketing , incentivos para captar clientes y suculentas ganancias para abogados. En eso está derivando la judicialización contra el alza de los precios de los planes de las isapres, que se apresta a vivir su época álgida a fines de marzo, cuando la autoridad comunica las alzas que implementará cada aseguradora con sus planes.

Bastó que en 2007 la Corte de Apelaciones de Santiago comenzara a fallar que las alzas de los planes de salud eran "arbitrarios e ilegales", para que en los años sucesivos, cientos de abogados de todo el país empezaran a judicializar las alzas, con el incentivo de quedarse con las costas, es decir, el pago que tiene que hacer la isapre por haber sido "totalmente vencida" en un juicio de este tipo.

Tras ello, las isapres comenzaron a desembolsar dinero para defenderse en tribunales y apelar a los recursos presentados por sus clientes. Un informe de Altura Management estima que las isapres tuvieron que pagar $6.829 millones solo el año pasado, en abogados propios, para que litigaran en las cortes del país, para entregar los argumentos que tienen para subir los planes -el alza de los insumos, la inflación, el aumento de las prestaciones, ente otros-, todos los cuales las cortes han rechazado. Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres de Chile, estima que desde el inicio de la judicialización las cortes han ordenado a las isapres destinar sobre US$ 130 millones al pago de honorarios de abogados de sus afiliados.

¿Pero qué dicen las cifras respecto del pago de costas? En los últimos ocho años, entre 2010 y 2017, se han presentado 822.825 recursos de protección en las cortes de Apelaciones del país, lo que ha generado el pago de costas judiciales a los abogados litigantes contra las isapres, por $90.886 millones.

Este incentivo ha hecho que, incluso, hayan aparecido ofertas de abogados que ofrecen pagar, de modo de captar clientes que les entreguen un caso para ir a litigar a las diversas cortes.

"Deja sin efecto el alza de tu isapre y obtén $40 mil . Envíanos tu carta de adecuación o formulario único de notificación al WhatsApp". Con ese aviso en redes sociales, Alza Isapre Regiones mantiene su campaña de captación de clientes. "Cuando firmas el patrocinio o mandato al inicio de la tramitación te entregamos $40 mil en efectivo y de inmediato", agrega el mismo aviso. "Somos confiables, más de 1.000 causas y cientos de opiniones favorables nos respaldan", rematan, tratando de convencer a los afiliados de las isapres Colmena, Cruz Blanca y Consalud, que habían anunciado que subiría el precio de sus planes de salud. Contactados por "El Mercurio", el abogado Roberto Casanova, de Alza Isapres Regiones, declinó hablar.

Según el estudio de Altura Management -elaborado con información del Poder Judicial-, solo el año pasado hubo 20 abogados que se quedaron con más de $100 millones en costas judiciales cada uno, de los 127.282 recursos de protección presentados. La lista la encabezan Sebastián Troya, con $411 millones; Carmen Gloria Luna, con $374 millones, y el estudio Aburto y Herrera, con un total de $329 millones.

Todos fueron contactados por este medio, pero solo Carmen Gloria Luna respondió: "Respecto de su interés por mi trabajo, solo puedo decir que me siento muy halagada, pero pese a eso prefiero no participar del reportaje". En su LinkedIn, Luna indica que "Yo ofrezco mis servicios profesionales en todo Chile y, además, pago 20 mil por cada carta".

"Claramente, la oferta de incentivos económicos a los cotizantes implica que las costas están sobredimensionadas, pues, con los ingresos obtenidos queda espacio para invertir en marketing (páginas web y campañas en redes sociales, por ejemplo) y, además, ofrecer gift card o incentivo al cotizante. Por lo tanto, la costa excede la remuneración del abogado y deja excedente para invertir en fomentar la judicialización", dice Victoria Beaumont, gerenta general de Altura Management.

Un tema sin regulación

Aunque tanto las autoridades de salud y el Poder Judicial están conscientes de la existencia de esta industria, lo cierto es que no hay una regulación en torno a ella. Asimismo, no hay ninguna ley que prohíba expresamente pagar por tener clientes. "La solución de este problema no solo está en manos del Gobierno por medio de un cambio legal que se ha discutido ya por varios años, sino también en los propios tribunales, por medio de una revisión tanto de los criterios de los fallos que no consideran los irrefutables argumentos epidemiológicos, estadísticos y financieros que prueban los ajustes de precios, sino también del monto de las costas en cada tribunal. Al menos para mí, resulta incomprensible el sistema de costas, sus diferencias entre tribunales y la falta de proporcionalidad con lo reclamado. En la mayor parte de los casos, las costas parecen ser superiores al ajuste marginal que reclama el afectado", dice Rafael Caviedes, de la Asociación de Isapres de Chile.

Esto, además, se suma a que los tribunales no son la única opción para reclamar por el alza de los planes. En la misma página de la Superintendencia de Salud se puede reclamar por el alza del precio de las isapres, de manera gratuita, y lo que hace la autoridad es mediar ante la isapre para que no se suba el plan.

"La posibilidad de recurrir a los tribunales es una garantía constitucional que tienen todos los ciudadanos cuando sienten que se vulneran sus derechos, y, además, las costas las fija cada tribunal, no nosotros", explica Sebastián Pavlovic, superintendente de Salud.

El problema de fondo, dice la autoridad, "tiene que ver con una falta de legitimidad por parte de los usuarios hacia el sistema y de credibilidad de los mismos argumentos que dan las isapres para aumentar sus planes", agrega.

Por lo mismo, la superintendencia hace cuatro años creó dentro del mismo sitio web de la institución la posibilidad de que los usuarios puedan usar la facultad de la autoridad para mediar en casos de resolución de controversias. "Nosotros evaluamos esto y vimos que ya había una especie de jurisprudencia de los tribunales para no dar lugar al alza de planes, por eso lo implementamos (...), prácticamente en el 100% de los casos ingresados por la Superintendencia se deja sin efecto el alza", apunta Pavlovic. Solo el año pasado, mediaron 10.136 casos.

Sin embargo, desde la industria de las aseguradoras de salud llama la atención que la autoridad sea juez y parte. Es decir, que por una parte indique a fines de marzo cuáles serán las alzas porcentuales de los planes de salud, pero por el otro, como mediador, dé la razón al usuario al dejar sin efecto esa misma alza en su plan. "Nosotros no tenemos la facultad de aprobar o rechazar las alzas, solo podemos informarlo", retruca el superintendente.

Asimismo, los propios tribunales deben utilizar parte importante de sus capacidades para atender esta demanda, "lo cual, evidentemente, podría ser utilizada en problemas de mayor relevancia", aboga Caviedes. "Esta situación genera incertidumbre para el sector privado de salud, lo cual se traduce en limitaciones para su desarrollo. Por todo lo indicado, creemos que la situación de judicialización en isapres es un gran problema para el país, respecto del cual se deben buscar soluciones", dice.

Una de las que plantea tanto la Asociación de Isapres como la Superintendencia de Salud es que se legisle para que el alza de los planes se fije con criterios objetivos y no controversiales en tribunales. "Lo que aquí se requiere es una reforma en serio, de la que hemos venido hablando hace años, que se haga cargo de la falta de legitimidad del sistema, para que el alza de los planes se haga de una forma más transparente y objetiva", comenta Sebastián Pavlovic.

A regiones y con captación

El año pasado, el grupo de abogados que litigaba en Santiago tuvo dificultades. La Corte de Apelaciones decidió rebajar las costas, y si antes daba $130 mil por cada caso ganado, el año pasado las redujo a $50 mil. ¿Resultado? Cayeron también las presentaciones en dicha corte.

Por lo mismo, según Altura Management, mientras en la Corte de Apelaciones de Santiago disminuyó el ingreso de causas entre 2016 y 2017 en 14,7% -14.414 causas menos producto de la baja en las costas y la ausencia de juicios contra Banmédica y Vida Tres, que no subieron sus planes de salud-, otras cortes experimentan alzas significativas. Las más importantes son las experimentadas en la Corte de Apelaciones de Valdivia, con 605 recursos adicionales; San Miguel, con 2.715 ingresos adicionales y un crecimiento de 80,4%, y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con 1.587 ingresos adicionales y un 26% de crecimiento entre 2016 y 2017.

Como esto es mercado puro, los abogados se concentraron en aquellas cortes que "pagan" más. Concepción, por ejemplo, donde las costas están fijadas en $340 mil, sumó 8.195 recursos de protección e ingresos para los abogados por $2.786 millones; Rancagua, con costas por $300 mil, tuvo 3.627 recursos de protección, dejando para los abogados litigantes contra las isapres $1.088 millones, y en Temuco, cada uno de los 5.707 casos recaudó costas por $ 1.141 millones (ver infografía).

¿Quién fija los montos de las costas? Desde el Poder Judicial respondieron a "El Mercurio" que "las costas en un proceso judicial no tienen una regulación en cuanto al monto, ya que es facultad de cada tribunal (cada Corte de Apelaciones en este caso) fijarlas, sin que haya un criterio general fijado por la Corte Suprema para el tema. Por eso hay diferencias entre las costas de los recursos de protección de cada Corte de Apelaciones del país, porque las 17 cortes son soberanas para fijarlas".

"La ley contempla que los cotizantes pueden acudir a la Superintendencia de Salud y sin costo de abogados, solicitar un arbitraje. Sin embargo, la 'judicialización' se produce a través de tribunales, pues hay un gran incentivo para los abogados por las costas. Este incentivo puede ir de los 50 mil a los 300 mil pesos. Establecidas esas condiciones, no es sorpresa que se ofrezcan pagos a los cotizantes para la realización de estos juicios", recalca Caviedes, de la Asociación de Isapres.

Tres regiones han superado el "punto crítico"

Esta realidad regional también conlleva que algunas isapres hayan superado el "punto crítico", es decir, cuánto es el porcentaje máximo de cotizantes que congele judicialmente el alza de su plan sin que haya un desequilibrio financiero de la isapre. ¿Cuánta judicialización pueden soportar las isapres?, se preguntaron en Altura Management. "Para responder esto hemos construido un modelo que determina, para cada región, el porcentaje máximo de judicialización entendido como el punto financiero en el cual los ingresos obtenidos son superados por los gastos de la cartera".

De acuerdo con esas estimaciones, las isapres que están adecuando sus precios podrían soportar hasta un 18,6% de judicialización a nivel nacional -que es el porcentaje de la cartera que recurra-, en contraste con el 12,1% que efectivamente lo hizo en 2017.

Pero en las regiones de O'Higgins, Biobío y La Araucanía habrían sobrepasado su respectivo nivel máximo en 2017. En la Sexta Región, el límite sería de 8,7% de judicialización y el valor alcanzado es de 11,3%. En la Octava Región, el límite sería de 8,3% y el valor alcanzado es de 13,4%, mientras que en la Novena Región el límite sería de 11,8%, y el valor alcanzado fue de 17,9% el año pasado.

Fuente: El Mercurio