Auditoría de la Contraloría revela serias falencias en control de pagos de pensiones solidarias en el Instituto de Previsión Social

Un duro resultado tuvo una auditoría que realizó este año la Contraloría en el Instituto de Previsión Social (IPS) y que analizó el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) otorgado durante 2016. En la fiscalización, el organismo detectó serias falencias en el control de pagos de pensiones solidarias por parte de ese servicio, dependiente del Ministerio del Trabajo.

Así, advierte que hubo traspasos de menos y también en exceso desde el entidad fiscalizada a las AFP y compañías de seguros para que estas entidades externas efectuaran pagos de APSV. Asimismo, en los pagos que realiza directamente el IPS se detectaron transferencias sin respaldo y, por otra parte, también advirtió pagos de pensiones a personas fallecidas.

El documento al que tuvo acceso "El Mercurio", y que fue emitido el 14 de julio, reveló que el IPS "no cuenta con un procedimiento que permita conciliar las transferencias por concepto de Aporte Previsional Solidario de Vejez, realizadas a entidades externas, tales como administradoras de fondos de pensiones (AFP) y compañías de seguros".

La auditoría se da a conocer en la antesala de la presentación de la reforma previsional que realizará hoy el Gobierno y que creará una entidad estatal para la administración del 5% de cotización adicional.

El detalle de las inconsistencias

El informe de Contraloría estableció que existen "discrepancias entre las transferencias por concepto de Aporte Previsional Solidario de Vejez, y las rendiciones efectuadas por las AFP Capital, Habitat, Provida, y la Compañía de Seguros Consorcio Nacional, ascendentes a $772.707 y $9.146.573, pagados de menos y de más por parte del IPS, respectivamente". Más aun, en el Aporte Previsional Solidario -que considera tanto el beneficio de vejez e invalidez- se determinó una diferencia neta por $12.513.191.822 (unos US$ 19,3 millones), sobre las mismas cuatro entidades.

El informe de la Contraloría señala que el IPS no cuenta con un protocolo para verificar que los recursos traspasados a las AFP cuadren con los pagos de beneficios. "Se comprobó que el IPS no cuenta con un procedimiento instaurado en alguna dependencia interna de su organización, que concilie los haberes transferidos y lo informado por las instituciones externas, a fin de determinar diferencias", consignó el informe.

La Contraloría agrega que si el IPS tuviera discrepancias en las cifras con las entidades externas y no pudiesen resolverlas entre las partes, deberían comunicarlo a la Superintendencia de Pensiones para su resolución, "acción que en la práctica no acontece por cuanto el instituto no realiza dicha labor y tampoco cuenta con un procedimiento de control habilitado al efecto".

El organismo contralor también detectó que este servicio pagó un total de $2.056.588 el año pasado por Aporte Previsional Solidario de Vejez a 16 beneficiarios fallecidos, hasta por tres meses después de la fecha del deceso del causante.

La defensa del IPS

Ante esto, el jefe de la división de beneficios del IPS, José Miguel Lagos, afirmó que estos pagos se deben a procesos normales que tienen con el Registro Civil, que entrega el último día hábil del mes la nómina de fallecidos registrados, existiendo un porcentaje traspasado al siguiente período.

Lagos reconoció que no existe un debido control dentro del instituto, pero descartó falta de probidad.

Desde el Instituto de Previsión Social también manifestaron que "en ningún caso existen recursos extraviados ni faltantes. Se trata de procesos financiero-contables de rendiciones que se completan a lo largo del tiempo, de acuerdo al modelo de pago y conciliaciones definido para estos efectos".

Añadieron que "la cifra informada no corresponde a montos faltantes, sino a montos pendientes de registro que se informan en meses posteriores".

La metodología para la fiscalización consideró un universo de 61.753 beneficiarios del Aporte Previsional Solidario de Vejez que recibieron pagos emitidos por el IPS durante 2016 y una muestra de 123 beneficiarios. En ese contexto, conocedores del proceso no descartan que pudieran existir más casos de los que detectó la Contraloría.

La Contraloría ofició de esta situación a la Superintendencia de Pensiones para que evacue un documento formal que corrobore los saldos indicados por el IPS correspondientes al 2016 del Aporte Previsional Solidario o bien que exprese que las eventuales diferencias que existan fueron corregidas.

Tanto el IPS como la superintendencia tienen plazo de 60 días hábiles desde su notificación para responder al requerimiento de la Contraloría.

Fuente: El Mercurio