Corte Suprema da luz verde a cambios en Caja de Ahorros de Empleados Públicos

La Corte Suprema puso fin a siete años de litigio judicial entre el Ministerio de Justicia, representado por el Consejo de Defensa del Estado, y la directiva de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos, que buscó impugnar en tribunales una serie de medidas administrativas ordenadas por el Ejecutivo, luego que una fiscalización de Contraloría detectara -en 2010- irregularidades en la entidad.

Entre las anomalías estaban la creación de sociedades dirigidas por los propios consejeros de la Caja -o sus parientes- usando el dinero para el pago de millonarias indemnizaciones, gratificaciones al margen de la ley y remuneraciones que se encuentran por "encima de los valores de mercado", como por ejemplo, la de su presidente y administrador, Sergio Gordon Cañas, que llegó a percibir una remuneración mensual bruta de 60 millones de pesos en diciembre de 2008.

La revisión a esta corporación sin fines de lucro, creada en 1858 para fomentar el ahorro previsional de los empleados públicos y que cuenta con unos 50 mil imponentes, determinó además que se había creado una entidad financiera que otorgaba préstamos con interés con los ahorros de los imponentes, al margen del control de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Seguros.

La Tercera Sala del máximo tribunal rechazó, en fallo unánime, el recurso de casación interpuesto por la corporación confirmando las medidas exigidas por la entonces subsecretaria de Justicia Patricia Pérez, para corregir las irregularidades.

Tras el fallo, se deberá citar a una junta extraordinaria de imponentes y en un plazo de quince días hábiles, un consejo provisorio deberá designar un nuevo administrador de la Caja, el que deberá percibir un sueldo menor, que no puede ser superior al grado 1° de la planta directiva de la Corporación de Fomento y Reconstrucción (Corfo), alrededor de $6,5 millones, incluidas asignaciones por el cargo.

También se deberá contratar los servicios de profesionales externos para crear una cooperativa y disolver las sociedades en que participan directivos para "resguardar el patrimonio de la corporación".

Argumentos del fallo

"Es evidente que las instrucciones dadas no persiguen privar de la propiedad ni a la entidad ni a sus imponentes, sino que por el contrario, evitar que se sigan distrayendo recursos para fines ajenos a su objeto, en perjuicio de estos últimos", dice el fallo.

El presidente de la Caja reclamaba que con las instrucciones de la Subsecretaría de Justicia se transgredían derechos constitucionales como la libertad personal y la no discriminación arbitraria, entre otros.

En primera instancia, el 18° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de nulidad de derecho público que interpuso la corporación pero luego la Corte de Apelaciones la revocó. "Es una sentencia muy importante, porque finalmente la ejecución de estas medidas permitirá proteger el dinero de los ahorrantes de la Caja, evitando que unas pocas personas obtengan beneficios ilegítimos, como sueldos millonarios, indemnizaciones, y participación en sociedades, gracias al ahorro de los funcionarios públicos", dijo el presidente del comité Contencioso Administrativo del CDE, Rodrigo Quintana.

Fuente: El Mercurio