Pensiones: Elevar cotización de 10% a 14% costaría unos US$ 2.900 millones

A nivel técnico, hay consenso. La Comisión Asesora de Pensiones, gremios empresariales, analistas y otros actores del sector previsional han coincidido en que una de las vías para mejorar las pensiones futuras es elevar la tasa de cotización. De hecho, la novena de las 58 propuestas específicas hechas por la instancia presidida por David Bravo consistió en un alza de esa variable, desde el actual 10%, a 14%. El incremento sugerido, a realizarse en un lapso no menor a cuatro años, sería con cargo al empleador.

El costo de implementar la opción planteada por la Comisión Bravo, en caso de que los cuatro puntos porcentuales estuvieran completamente en régimen y según variables económicas como el dólar actual y el PIB de 2015, ascendería a unos US$ 2.867 millones. La cifra no es menor. Equivale al 1,2% del Producto del año pasado.

De ese total, unos US$ 2.122 millones anuales -considerando un tipo de cambio de $ 660-, deberían ser asumidos por los empleadores del sector privado, de acuerdo a estimaciones de la Asociación de AFP (AAFP). Pese a lo abultada de la cifra, sectores de los grandes gremios empresariales, como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sofofa, se han mostrado a favor de la iniciativa.

Cabe consignar que el actual 10% de cotización sobre la renta imponible, más la comisión que los cotizantes pagan a las AFP, entre 0,41% y 1,54%, son de cargo del trabajador.

¿Y qué pasa con el fisco? La pregunta no es caprichosa. Fuentes informaron que el Comité de Ministros ha evaluado esta propuesta y que encargó estudios sobre el tema, pero a priori se ve difícil por el alto impacto que tendría en las cuentas fiscales. No hay que olvidar que el Estado también tiene un rol como empleador. Sólo en el gobierno central, conforme a datos a 2014 de la Dirección de Presupuestos (Dipres), se desempeñan 227.869 personas.

"La propuesta que implica un mayor esfuerzo fiscal es la del aumento de la tasa de cotización, que de aplicarse sin gradualidad, significaría un incremento del gasto del orden de 0,3% del PIB", señaló la Comisión Bravo en su informe final. Esto equivale a unos US$ 745 millones por año.

"El mayor costo fiscal hoy se podría traducir en un menor costo fiscal en el futuro", explicó David Bravo. Agregó que ello se daría en la "medida en que estas personas requieren menos apoyo del Pilar Solidario".

Pero los US$ 745 millones serían el piso. La cifra sólo podría subir si se considera la futura obligación de cotizar por parte de los trabajadores independientes a honorarios. Esta exigencia se aplazó para 2018, con efecto en la Operación Renta del año siguiente. A 2014, los funcionarios del Estado a honorarios sumaban 47.239.

¿Se puede?

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha preparado el terreno para un Presupuesto de 2017 austero. Las apreturas que muestran las cuentas fiscales no son menores. En esa línea, también ha sido cauto a la hora de aventurarse con cambios profundos al sistema de pensiones.

"Lo que no vamos a hacer en este gobierno es algo populista y que arriesgue las finanzas públicas hacia adelante", dijo el martes, al ser consultado por el tema.

Por eso, y conforme a los gastos públicos que implicaría una mayor cotización, la pregunta es: ¿Se puede? "Está claro que no sólo para el Estado, sino para los empleadores, subir cuatro puntos porcentuales de una vez no es algo razonable de hacer. En la Comisión establecimos que debería darse una gradualidad (…) Si esto se hace en un horizonte de tiempo es posible ir adaptándolo", dijo Bravo, apuntando a los efectos en el mercado laboral. Con todo, agregó, la medida podría considerarse como una posibilidad y que pudiera quedar establecida en una eventual ley corta, incluso cuando se implemente en un período de entre cuatro y ocho años.

Si se hace una división simple sobre el número absoluto de US$ 2.867 millones, el costo por año en cuatro años sería de unos US$ 717 millones.

Guillermo Pattillo, economista y ex subdirector de Presupuestos, indicó que "no es el momento, en caso alguno, de iniciar algo a lo que simplemente la autoridad hoy no puede comprometerse, con las cifras disponibles y proyecciones que tenemos para los próximos años. A no ser que explícitamente renuncie a otro tipo de proyectos, como la gratuidad universal (en la educación), creo que no tiene ninguna capacidad de involucrarse en algo que va a costar muchos recursos".

Una visión distinta es la de Salvador Valdés, para quien es crucial la gradualidad de la medida. "La Comisión Bravo fue clara en que el alza debía ser gradual a lo largo de cuatro años. Eso es muy importante, pues significa que pasa a ser fiscalmente viable", planteó el académico e investigador del Instituto Economía UC y de Clapes UC.

Al argumentar, precisó que el plazo de eventual implementación conserva el efecto positivo en incrementar la pensión en el largo plazo y reduce un potencial impacto en el mercado laboral. "Se da espacio para que los aumentos de productividad se vayan incorporando y, por lo tanto, los empleadores puedan hacerlo sin verse obligados a bajar el empleo (…) Si el fisco va mejorando su gestión, esta alza de costos se puede absorber".

Coincide Alejandra Candia, economista de LyD, quien está de acuerdo con pensar en formas para mejorar el aporte que se hace al ahorro previsional, con un alza en la tasa de cotización con cargo al empleador. "Es muy relevante que esto sea gradual y evaluando su potencial efecto en la formalidad del empleo. Si fomenta la informalidad, vamos a terminar revirtiendo lo que queríamos conseguir", manifestó.

Una de las dudas que rondan sobre este tema es si es que efectivamente será el empleador quien asumirá el cargo de los cuatro puntos porcentuales, según lo propuso la Comisión Bravo. Esto, porque hay agentes del mercado que piensan que, finalmente, se podría traspasar al trabajador a través de ajustes salariales en las ofertas futuras.

Sobre este tema, Roberto Fuentes, gerente de estudios de la AAFP, consignó que, si se aplicara la gradualidad, las personas que cotizan en el sistema de pensiones no verían afectada su renta líquida. Añadió que cuando los trabajadores se enfrentan a una negociación salarial, por lo general lo hacen por una renta líquida. En todo caso, expuso que podría apreciarse que el crecimiento de los sucesivos reajustes salariales podrían "ser más atenuados, dado el incremento de la cotización de cargo del empleador".

Fuente: La Tercera