Columna de Rodrigo Gutiérrez: “Empleo público: un sistema disfuncional que entorpece la gestión del Estado”

El empleo público en la Administración Central del Estado -ministerios y servicios públicos del Poder Ejecutivo- se rige por un marco normativo que combina principios generales y regulaciones específicas: la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575), que establece los fundamentos de la función pública; el Estatuto Administrativo (Ley 18.834), que regula los derechos, deberes y condiciones de los funcionarios de planta y a contrata; y la Ley de Alta Dirección Pública (Ley 19.882), que regula el acceso y desempeño de los cargos directivos. A ello se suma el amplio uso de contratos a honorarios, regulados por normas presupuestarias, y la existencia deinstituciones que mantienen trabajadores bajo el régimen del Código del Trabajo, consolidando así las asimetrías existentes.

Todas estas normas mantienen al empleo público atrapado en una paradoja estructural: por un lado, exhibe una rigidez que impide desvincular incluso a quienes muestran bajo desempeño (algunos funcionarios de planta); mientras deja a otros bajo condiciones menos favorables (contratas sujetas a renovación anual); o incluso precarias (honorarios). Esta última figura, sin embargo, también se utiliza para contratar asesores especializados de alto costo. En conjunto, se configura un sistema disfuncional, que no favorece la consolidación de un servicio civil profesional basado en el mérito y que entorpece la gestión del Estado y la aplicación efectiva de los principios de eficiencia y transparencia.

La fragmentación del empleo público no solo genera inequidades internas, sino que también debilita la capacidad del Estado. Las falencias son conocidas hace bastante tiempo, pero no han sido abordadas. Algunos ejemplos: i) inexistencia de una carrera funcionaria basada en el mérito (brechas en el ingreso, promoción y desvinculación); ii) ausencia de un sistema de gestión del desempeño eficaz (carencia de mecanismos objetivos de evaluación); iii) captura política y falta de autonomía técnica (dificultad para conformar equipos competentes y darles continuidad); iv) alta dirección pública aún inmadura institucionalmente (expuesta siempre a la tensión entre confianza política y solvencia técnica). En resumen, la gestión de personas en el Estado está en deuda, y constituye probablemente la principal causa del bajo desempeño institucional del sector público.

La necesidad de una reforma integral al empleo público es evidente. El caso de las licencias médicas fraudulentas representa una oportunidad para enfrentar el problema con visión sistémica, aunque también conlleva el riesgo de reducir el asunto sólo a sancionar conductas indebidas, corregir excesos y mejorar procedimientos. En perspectiva, se requiere una reforma estructural que permita contar con un servicio civil moderno, profesional y basado en el mérito. Esto implica un régimen único y coherente, con reglas claras de ingreso, permanencia y salida; concursos abiertos y exigentes; evaluaciones rigurosas; directivos seleccionados por criterios técnicos; y una institucionalidad que resista la captura política. Sólo así será posible avanzar en una verdadera reforma y modernización del Estado.