Columna de Rodrigo Gutiérrez: “Licencias médicas: bases para una reforma estructural”

El sistema de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral en Chile requiere una reforma estructural. El resultado de las recientes fiscalizaciones de la Contraloría General de la República ha dejado en evidencia que existen severas dificultades para la fiscalización y el control por parte de las entidades responsables, dando espacio para el mal uso, abuso y fraude en el beneficio, sobre todo en el sector público. Además, todo esto ocurre en el contexto de un aumento sostenido del número de licencias médicas (aprox. 8,4 millones en 2024) y del gasto en subsidios por incapacidad laboral (aprox. 3.300 millones de dólares, cifra cercana al 1% del PIB de Chile en 2024).

El actual modelo contiene incentivos negativos que determinan en gran medida los problemas existentes. Por una parte, está la práctica usual de extender la duración de los reposos para eliminar la carencia de 3 días en licencias de corta duración. Por otra, otorgar licencias prolongadas o sucesivas para mantener el 100% de la remuneración en caso de incapacidades irrecuperables que sólo podrían optar a una tasa de reemplazo de un 70% mediante una pensión de invalidez. A su vez, instituciones tales como Fonasa, Isapres, Compin y Cajas de Compensación se relacionan mediante procedimientos asimétricos que entorpecen la coordinación y dificultan las tareas de control.

Si bien en años previos se han implementado diversas medidas para enfrentar el problema, lo cierto es que no han sido suficientes. Lo anterior ha quedado demostrado mediante el fraude masificado detectado por la Contraloría en el caso de funcionarios públicos, quienes, favorecidos por el estatuto administrativo que les permite mantener sus remuneraciones en caso de licencias médicas, poseen aún más incentivos para abusar de este beneficio. Estaremos atentos a los resultados de los miles de sumarios que se están iniciando en estos días, de los cuales se esperan severas y ejemplares sanciones que sirvan para inhibir conductas abusivas y fraudulentas.

Se requiere de una reforma estructural que nos permita contar con un nuevo Seguro por Incapacidad Laboral que sustituya el sistema actual. Este seguro, financiado con una cotización específica y obligatoria que se rebajaría de la actual cotización para salud, entregaría cobertura a todos los trabajadores, independientes o dependientes, tanto del sector público como privado, sin distinciones, ya sean afiliados a Fonasa o Isapres, quienes accederían a una prestación económica con deducible a todo evento, tasa de reemplazo decreciente y un límite de duración, incorporando así los incentivos adecuados.

El nuevo Seguro por Incapacidad Laboral deberá estar acompañado por una entidad evaluadora de licencias médicas, que actúe con referencia en protocolos obligatorios de duración de los reposos; además de una única instancia de reclamaciones, situada en la Superintendencia de Seguridad Social, a la que le correspondería, además, el rol de regulación, supervisión y fiscalización de todo el sistema. Impulsar esta reforma exige visión estratégica, suficiencia técnica y convicción política. Sólo así podremos avanzar hacia un nuevo modelo robusto, eficiente y sostenible en el tiempo.