Pérdidas por fraudes externos en la banca más que se cuadruplicaron en el primer trimestre y marcan peak histórico

Los fraudes que se han registrado con medios de pago de la banca no han parado de registrar récords en el último tiempo. A raíz de esa situación, el gobierno ingresó un proyecto al Congreso para hacer mejoras a la llamada ley de fraude con tarjetas, el cual fue despachado por el Parlamento el mes pasado. Como la iniciativa ya pasó el examen preventivo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de aquí a la próxima semana debería publicarse en el Diario Oficial y así convertirse en ley y comenzar a regir.

En el intertanto, las pérdidas por fraudes externos que reportan los bancos siguen creciendo, y según las cifras que consolida la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el primer trimestre del año alcanzaron un nuevo máximo desde que hay registro.

Así, a marzo de este año la banca en Chile anotó una pérdida bruta por fraudes externos de $159.047 millones (unos US$177 millones), lo que implica que más que se cuadruplicó con respecto a la registrada en el primer trimestre de 2023, al experimentar un incremento de 373% en doce meses.

El fraude externo se refiere a las "pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o soslayar la legislación, por parte de un tercero", como por ejemplo, el costo que deben asumir los bancos por el fraude a tarjetas de sus clientes.

Al observar la pérdida neta, es decir, sumando las recuperaciones de pérdida bruta, la escalada es incluso mayor. Esto, pues la pérdida neta de fraude externo totalizó $144.535 millones (US$161 millones) en el primer trimestre de este año, un alza de 462% en comparación a igual periodo de 2023.

BancoEstado el más afectado

La institución que lidera a marzo las pérdidas por fraude externo es por lejos el BancoEstado. En el primer trimestre el banco estatal sufrió una pérdida bruta por fraude externo de $122.062 millones (US$136 millones), lo que representa un 77% del total reportado por toda la banca. Además, significó un aumento interanual de 1.168% versus los $9.627 millones (US$11 millones) que registró en el mismo lapso del año pasado.

Eso significa que tan solo en los tres primeros meses de 2024, BancoEstado registró casi la totalidad de la pérdida bruta por fraude externo que acumuló durante todo el año pasado. Más específicamente, equivale al 86% del total que anotó al cierre de 2023 ($141.863 millones).

Al ver la pérdida neta, es decir, restando las recuperaciones, el panorama es bastante similar. BancoEstado sigue liderando, sumando $121.734 millones (US$136 millones), un alza de 1.316% en doce meses.

En el segundo lugar se posiciona Banco Santander, pues a marzo tuvo una pérdida bruta por fraudes externos de $10.180 millones, un incremento de 4.527% en doce meses. Además, ambas instituciones fueron las que presentaron los mayores incrementos interanuales. La tercera mayor alza la experimentó Banco Itaú, sumando $2.841 millones, con un aumento de 228%. Pero en monto, el tercer lugar lo ocupó Banco de Chile, con $7.819 millones y un alza de 45%.

En todo caso, los bancos esperan que esos montos que han tenido que desembolsar se reduzcan una vez que entren en vigencia las modificaciones a la ley de fraude con tarjetas antes mencionadas. Esto, porque entre otras cosas, la iniciativa reduce los plazos para desconocer transacciones por parte de los clientes, acotándolos desde 120 a 60 días; impone la exigencia a los usuarios de presentar una denuncia ante Carabineros o juzgados de policía local luego de desconocer una transacción; establece la extensión de 5 a 10 días hábiles para que las instituciones hagan las devoluciones por eventuales fraudes, y también manda que se dicte un reglamento para determinar los montos mínimos a ser devueltos.

Esto último es uno de los temas fundamentales para la industria. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley, el Ministerio de Hacienda junto con el Ministerio de Economía tendrán que dictar un reglamento para establecer los umbrales para la restitución de fondos en casos de fraudes, donde probablemente el gobierno bajará el actual umbral. Mientras tanto, seguirá vigente el de 35 UF.

Fuente: La Tercera-Pulso