FNE realizará un estudio de mercado sobre educación superior ante factores como posible desconexión entre currículos y demanda del mercado laboral

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció que iniciará un estudio de mercado sobre la educación superior chilena, para poder analizar la evolución competitiva entre las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del sistema educacional. Con esto, la institución determinará si es que la libre competencia opera correctamente en el segmento.

El objetivo es identificar las fallas que se puedan presentar en el mercado y formular propuestas de mejoras legales y regulatorias al Poder Ejecutivo.

Al respecto, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, enfatizó en que la "educación superior es una de las inversiones más trascendentes que realizan las familias en nuestro país y un eje clave para la movilidad social y para el crecimiento y la productividad de la economía". Esto sustentado por un gasto promedio de US$6.600 millones por familia en 2020, cerca de un 2,6% del PIB del periodo.

"Como Fiscalía Nacional Económica sabemos que cualquier esfuerzo que apunte a mejorar la eficiencia en el gasto en educación superior y el valor que éste produce para la sociedad puede acarrear impactos positivos relevantes para los estudiantes, sus familias y el Fisco", agregó.

La recopilación y análisis de información será entre enero y noviembre. El informe final se dará a conocer en marzo de 2025, pero en diciembre del presente año se publicará un informe preliminar.

Las potenciales fallas que adelantó la FNE

Luego de un sondeo preliminar, la institución observó que hay por lo menos tres factores que podrían estar limitando el funcionamiento competitivo del mercado de la educación superior. En primer lugar, la FNE concluyó que hay posibles problemas en la toma de decisión de los estudiantes por la falta de información adecuada o por expectativas demasiado optimistas en relación a las proyecciones de la carrera que elijen.

Este "se traduce en un elevado porcentaje de carreras que tienen retornos negativos para sus egresados, al punto que ingresar al mercado laboral sin haber cursado un programa en una institución de educación superior sería una alternativa mejor para ellos y sus familias", explicó la FNE.

El sondeo detectó casi un tercio de los 15 mil programas tendrían retornos negativos. Esta problemática es más profunda en centros de formación técnica no acreditados con casi la mitad de sus programas afectados, mientas que en las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) sería inferior al 10%.

La FNE determinó que, si bien han habido esfuerzos para hacerse cargo de la falta de información y mitigar los sesgos de comportamiento, no hay claridad entorno a si esto ha sido efectivo o no.

El segundo factor corresponde a una posible desconexión entre los currículos de las instituciones de educación superior y las actuales demandas del mercado laboral, de forma en que los estudiantes desarrollan habilidades que no son relevantes para la profesión como tal.

Un ejemplo de esto es que en 2019 un ranking de la OCDE situó a Chile en el segundo lugar en términos de adultos trabajando en empleos para los cuales están sobrecalificados. Asimismo, se situó en tercer lugar en cuanto al número de graduados de educación terciaria que no está estudiando ni trabajando, alcanzando un 24%.

"Esta desalineación entre la educación y el mercado laboral no sólo afecta las perspectivas de empleo de los graduados, sino que también plantea desafíos significativos para el nivel de competencia en el mercado laboral", expresó la fiscalía.

Finalmente, el tercer factor que podría afectar la oferta educativa son posibles barreras regulatorias, que corresponden a asimetrías en el financiamiento y la rigidez en la estructura de títulos y grados entre las distintas instituciones que terminarían por afectar la diversidad y adaptabilidad de la educación superior.

Además de esto, la fiscalía determinó a través del sondeo, que existen problemas que se asocian al diseño de las licitaciones para el otorgamiento y la administración de créditos del programa Crédito con Aval del Estado (CAE). Estas ya fueron advertidas en 2011 por el Banco Mundial, sin embargo, se mantienen hasta el día de hoy.

Fuente: La Tercera-Pulso