Exmiembros de comisiones asesoras dan sus recetas para un acuerdo en pensiones

Una dura tarea tiene la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, para alcanzar el acuerdo en materia de pensiones entre el Gobierno y la oposición. Pero, no se trata del primer intento ya que el sistema previsional tiene un historial con varias comisiones asesoras presidenciales -como la Comisión Marcel en 2006 y la Comisión Bravo en 2014- que lograron lo impensado: poner de acuerdo a expertos de distintas miradas en ciertos puntos de consenso. ¿Por qué ahora no se podría lograr lo mismo? Si bien las posiciones entre el Ejecutivo y la derecha siguen estando alejadas, existe consenso entre distintos actores que los cambios al sistema son urgentes y no deben transformarse en un nuevo intento fallido. DF conversó con tres exmiembros de las comisiones asesoras presidenciales para conocer sus miradas sobre lo que debería contener la reforma y cómo se podría alcanzar un acuerdo.

"El debate ha ido madurando, se ha vuelto más realista"

El exsuperintendente de Valores y Seguros (SVS)-hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF)-, Álvaro Clarke, es optimista sobre alcanzar un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición.

Clarke fue miembro de la comisión Marcel en 2006 y afirma que "el debate ha ido madurando en el tiempo. De hecho se ha vuelto más realista. Creo que el Ejecutivo ha entendido que hay que avanzar con reformas y no con revoluciones", dijo.

Manifestó que "las políticas públicas debieran interpretar a las grandes mayorías que están representadas en las instancias de decisión institucional (Ejecutivo y Legislativo)".

Para Clarke, el diseño de la reforma debiese partir desde la base de la definición de cuáles debiesen ser las tasas de reemplazo esperadas en el sistema de pensiones. "Se requiere de cambios, de reformas, pero que tengan objetivos tan concretos como incrementar las pensiones, formalizar el mercado laboral, que las inversiones puedan llevarse a cabo de la manera más eficiente posible y que se fijen criterios objetivos en los cuales esas políticas públicas se puedan construir", afirmó.

Respecto de la distribución del 6% de cotización extra, cree que todos los sectores debiesen ceder para llegar a un consenso -en torno a 4 y 2 ó 3 y 3, apuesta-sin cuentas nocionales. "Tengo la impresión por las señales que han emanado del Ejecutivo, que la iniciativa va a cambiar mucho", puntualizó.

Respecto a la reorganización de la industria, advirtió: "No se puede restringir la participación pública en esta área, por la relevancia social que tiene, pero obviamente tiene que ser brindada siempre en condiciones equitativa y competitiva con el resto de los actores", concluyó.

"Reformar los sistemas de pensiones siempre es difícil"

La economista estadounidense, Olivia Mitchell, fue parte de la comisión Bravo en 2014 y apoyó la denominada "propuesta A", que planteaba, entre otras cosas, aumentar significativamente la pensión solidaria, universalizarla, financiarla a través de impuestos y crear una nueva cotización de 2% de cargo al empleador destinado a un fondo solidario.

Mitchell es opositora a las cuentas nocionales, porque según la economista "no sería más que pasar a un sistema de pago por uso, uno que Chile no podrá alcanzar sin recortes masivos en otros gastos o grandes aumentos de impuestos, dado el rápido envejecimiento de la población".

Sobre la posibilidad de lograr acuerdos, señaló que "reformar los sistemas de pensiones siempre es difícil". Pero aseguró que "hacerlo en Chile es especialmente importante tras la pandemia, "en la que políticos permitieron que la gente retirara demasiado de sus cuentas de pensiones". Así, concluyó que "la realidad económica es que esta política tuvo efectos bastante regresivos".

Finalmente, se refirió a otro de los nudos críticos de la reforma: el rol que debiese tener el Estado. "Desde un punto de vista económico, no veo necesidad de una nueva agencia gubernamental involucrándose en la administración del sistema de pensiones chileno".

La académica de la Universidad de Pensilvania planteó algunas mejoras: "Lo que podría ser útil es la adopción de una política que exija que todos los afiliados al sistema de pensiones se acojan periódicamente al plan de menor costo, donde todas las AFP deberán proveer ofertas sobre comisiones y gastos", dijo.

"En el Gobierno existe toda la voluntad por llegar a acuerdos"

El economista, Andras Uthoff, estuvo presente en ambas comisiones. En la comisión Bravo apoyó la "propuesta B", que transformaba el actual esquema en un seguro social dentro de un sistema con financiamiento tripartito.

Uthoff ve disposición de parte del Ejecutivo para llegar a un acuerdo. "Hasta donde he podido participar, puedo asegurar que de parte del Gobierno, existe toda la voluntad por llegar a acuerdos. No obstante, la derecha por algún motivo ha estado ausente", dijo. "El Gobierno se ha abierto a realizar indicaciones", apuntó.

Es partidario de que el 10% de cotización quede en capitalización individual y que el 6 % vaya a un seguro social, con criterios para distribución inter e intrageneracional. "Hoy finalmente tenemos una propuesta comprensiva que enfrenta todos los problemas y les diseña una solución", sostuvo refiriéndose al proyecto del Ejecutivo.

Según Uthoff, cualquier consenso pasa por evitar "que en las mesas técnicas se sienten quienes justifican la defensa de intereses ajenos al de un verdadero sistema de pensiones".

Según el economista, los puntos de encuentro estarían en la consolidación de la PGU como beneficio universal; la permanente supervisión y actualización de sus parámetros mediante métodos actuariales transparentes; la definición y aplicación de criterios adicionales de solidaridad para adaptar el sistema a las características del mercado de trabajo sin crear incentivos negativos; y la reorganización de la administración del sistema de modo que el afiliado se transforme desde un consumidor desinformado en un trabajador con derechos previsionales.

Fuente: DF