Informe final de la instancia recomendaría creación de polémica administradora estatal

Mientras para algunos la creación de una AFP estatal es una forma de validar el modelo de capitalización individual -ya que el Estado competiría en esta industria-, para otros es una opción atractiva para que este se involucre activamente en el sistema de pensiones, más allá del rol que ya juega a través del pilar solidario.

La mayoría de los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema de Pensiones apoya la creación de una AFP estatal. Por eso, este tema sería abordado en un anexo de los resultados que entregará el grupo asesor a la Presidenta Bachelet, el próximo 26 de agosto.

Este insumo serviría para reimpulsar el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y que crea una administradora del Estado. Esta iniciativa ingresó el 16 de junio del año pasado a la Cámara de Diputados, pero el Gobierno lo frenó en la comisión de Trabajo, a la espera de recibir el informe final de la comisión Bravo.

Esta iniciativa generó un arduo debate en 2014. Mientras la industria de AFP advirtió que el proyecto contiene riesgos que podrían potenciar conductas anticompetitivas -fijación de precios predatorios, elección de tecnologías ineficientes y/o beneficios de subsidios cruzados-, desde el Ejecutivo defendieron su creación, porque sus objetivos eran ampliar la cobertura del sistema de AFP, promover la competencia y la calidad de servicio.

Dentro de las preguntas realizadas por un estudio de opinión encargado por la comisión Bravo, el 53% de los encuestados -del 80% de quienes tuvieron una postura al respecto- apoyaron la creación de una AFP estatal.

24 integrantes de la comisión

La Presidenta Michelle Bachelet convocó inicialmente a un grupo de 25 expertos para realizar un diagnóstico y encontrar soluciones con viabilidad política y financiera, que permitan mejorar el sistema de pensiones. Durante el proceso hubo dos deserciones, debido a motivos personales: Mario Marcel e Igal Magendzo. Pero se sumó José Luis Ruiz.

Finalmente, se definió que las distintas propuestas serían debatidas e, idealmente, consensuadas entre 24 integrantes, liderados por el presidente de la comisión y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo. Este también fue parte de la Comisión Marcel, grupo asesor presidencial convocado en el primer mandato de Michelle Bachelet por el mismo tema.

Los integrantes nacionales del grupo son Cecilia Albala, Hugo Cifuentes, Regina Clark, Martín Costabal, Carlos Díaz, Christian Larraín, José Luis Ruiz, Ricardo Paredes, Marcela Ríos, Claudia Robles, Claudia Sanhueza, Jorge Tarziján, Sergio Urzúa y Andras Uthoff.

En los expertos internacionales están los académicos Orazio Attanasio (University College London); Nicholas Barr (London School of Economics); Fabio Bertranou, especialista argentino en mercado del trabajo y protección social de la OIT; los economistas Costas Meghir (griego), Carmelo Mesa-Lago (cubano), Olivia Mitchell (estadounidense), Joakim Palme (sueco) y Leokandia Oreziak (polaca). Completa la lista la socióloga chilena radicada en Pennsylvania Verónica Montecinos.

Presidenta Bachelet pidió propuestas que tengan viabilidad financiera y política

La Presidenta Michelle Bachelet convocó a esta comisión para realizar un diagnóstico acerca del funcionamiento del sistema de pensiones. En concreto, la mandató para "elaborar alternativas de solución frente a las deficiencias que se encuentren, con especial énfasis en mejorar la cobertura -afiliación y densidad de cotizaciones-, la calidad de las pensiones, la equidad de género y las condiciones de ahorro en el sistema contributivo". No obstante, puso límites, explicitando que las propuestas sean "relevantes, concretas, eficaces, eficientes y viables", recalcando la necesidad de que también sean coherentes y graduales en su implementación. Además, pidió que las ideas "tengan viabilidad financiera, política e institucional".

Fuente: El Mercurio