Ciedess en Emol: Grupo de expertos en salud propone modificaciones al sistema de licencias médicas para evitar "conductas fraudulentas"

Un grupo de expertos en salud -entre ellos, Paula Daza, Enrique Paris y Emilio Santelices- propuso modificaciones al sistema de licencias médicas para así evitar "conductas fraudulentas".
La carta publicada en El Mercurio y titulada "Licencias médicas: más allá de los fraudes", asegura que "recientemente se detuvo a una organización de 29 médicos que emitían licencias médicas falsas, hecho que se suma al sostenido crecimiento del gasto en licencias médicas, que en 2021 superó el 1% del PIB. Lo anterior da cuenta de la necesidad de abordar este problema de manera integral".

Las licencias médicas fraudulentas, según continúa la columna, "además de dañar la fe pública de un instrumento esencial para la recuperación de la salud, generan un costo relevante para el país. Dado que el 40% del gasto en licencias médicas lo genera el 5% de los profesionales de la salud, identificar a los emisores y a los pacientes que hacen mal uso de este instrumento no es difícil. Mejorar los mecanismos de fiscalización y sanciones para quienes ejercen el fraude, como pretende un proyecto de ley actualmente en discusión, parece un camino adecuado, pero no suficiente".

"Lo que hace del sistema de licencias médicas un tema complejo es que participan al menos cuatro partes diferentes, pero los aseguradores (isapres y Fonasa) cargan con prácticamente la totalidad del costo de la licencia. Por su parte, el profesional de la salud no tiene consecuencias si es que determina el reposo sin seguir estrictamente el criterio médico, cuya actualización no siempre está a su alcance; la gran mayoría de los trabajadores con licencia sigue percibiendo el 100% de su sueldo durante su reposo; y el empleador solo se ve afectado por tener que tramitar la licencia y por los costos de ajuste o reemplazo del trabajador", añade.

Además, sostiene: "¿Qué otros aspectos se deben modificar? Al revisar la estructura de la licencia médica en el contexto internacional, se aprecia que el caso chileno es inusual y, por ende, no es extraño que incentive conductas fraudulentas. Respecto de los pacientes, primero, son pocos los países que cubren el 100% de la remuneración (incluso ello es extraño en Chile, considerando subsidios como el de cesantía o de invalidez), por lo que se plantea apuntar al promedio de la OCDE, que es de 70% del sueldo. Segundo, la extensión del beneficio debe acotarse a un plazo máximo que se cumpla (por ejemplo, un año), como existe en otras latitudes, ya que, en la práctica, en Chile la licencia no tiene límites. Finalmente, se debe evitar el efecto del período de carencia de tres días, que genera incentivos a alargar las licencias de menos de 11 días: o se elimina o se considera a todo evento (como cualquier deducible)".

"En el caso de los empleadores, se podría considerar un modelo similar al del seguro social de accidentes laborales, donde la prima (precio del seguro) es pagada por el empleador y disminuye cuando este último toma medidas preventivas de las enfermedades y accidentes cubiertos. También se debe analizar, en el caso de que el deducible (carencia) se mantenga, que este sea también de cargo del empleador, como sucede en Australia, Suecia y Alemania", prosigue.

Por otra parte, afirma que "actualmente, casi 30% de las licencias se relaciona con condiciones mentales y 18% con osteomusculares (por ejemplo, dolor de columna y de la espalda), lo que refuerza la necesidad tanto de involucrar al empleador, dada la complejidad de determinar si su origen es laboral o 'común', como de generar contextos laborales saludables".

"Y respecto de los emisores, considerando la dificultad de diagnosticar y fiscalizar dichos problemas de salud, se pudiera plantear incluir en alguna etapa del proceso la aprobación de una segunda opinión independiente (por ejemplo, cuando exista un alargamiento) y algún mecanismo o institucionalidad estandarizada (universal) de aprobación de licencias médicas donde exista corresponsabilidad de salud y trabajo. Asimismo, se propone generar información pública y referencias respecto de la duración de las licencias, tanto en Chile como en otros países, para orientar a los emisores", añade.

De esta manera, asegura que "en conjunto estas medidas evitarán no solo las licencias 'ideológicamente falsas', sino que extensiones innecesarias en los días de reposo e incentivarán a que los empleadores promuevan conductas preventivas, en línea con la 'salud en todas las políticas' y colaboren en la detección del mal uso de este instrumento".

"En 2021 la mitad de la cotización obligatoria (7% de los salarios) se destinó al pago de licencias médicas no covid. De mantenerse las tasas de crecimiento del gasto, en 10 años nos quedaremos sin recursos para atender los problemas de salud, ya que todo se irá al pago de licencias médicas. Más que aumentar los recursos, debemos ver cómo se están usando los actuales. No olvidemos que cada peso que se ahorre por licencias médicamente innecesarias irá en beneficio de una salud accesible y de calidad para todos los chilenos", finaliza la carta.

Cabe señalar que esta columna fue suscrita por Osvaldo Artaza, de la Facultad de Medicina de la U. de las Américas; Óscar Arteaga, de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile; Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública y actual miembro del CIPS de la U. del Desarrollo; Pablo Eguiguren, del Instituto Libertad y Desarrollo; Álvaro Erazo, de Clapes UC; Patricio Fernández, ex superintendente de Salud; Rodrigo Gutiérrez, de la CIEDESS; Andrés Hernando, de la Facultad de Administración y Economía de la U. Diego Portales; Soledad Hormazábal, del Centro de Estudios Horizontal; Manuel Inostroza, del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello; y Patricio Lagos, de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile.

También firmaron Francisco León, del CENS; Marco Antonio Núñez, de la U. Finis Terrae; Enrique Paris, ex ministro de Salud e integrante de IPSUSS de la U. San Sebastián; Sebastián Pavlovic, de la Facultad de Medicina de la U. Finis Terrae; Héctor Sánchez, del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello; Teresita Santa Cruz, de la Fundación Jaime Guzmán; Emilio Santelices, del CIPS de la U. del Desarrollo; Daniela Sugg, de la Facultad de Administración y Economía de la U. Diego Portales; Carolina Velasco, de IPSUSS de la U. San Sebastián; y Pablo Villalobos, de la Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Santiago.

Fuente: Emol